Este 28 de septiembre nos volvimos a movilizar en todo el país por el derecho al aborto seguro, legal y gratuito. En el interior de la provincia de Buenos Aires hubo actividades en todos los distritos, aun con el mal tiempo, como en Mar Del Plata.  Las movilizaciones más grandes fueron en Córdoba, Tucumán y Buenos Aires; en el resto del país las personas movilizadas no llegaron a las 1500 y en Rosario la movilización fue el sábado y se realizó a instancias solo de la izquierda, porque allí la Campaña realizó un festival sin marcha ni convocatoria previa a alguna discusión colectiva. En Mendoza tampoco hubo movilización y se convocó una concentración en Plaza Independencia. En Salta, si bien la acción fue más pequeña que veces anteriores, fue alentadora la continuidad de la lucha de los y las estudiantes secundarias que fueron las abanderadas de la lucha por el aborto contra las autoridades de sus colegios.

No cabe duda que, si bien la fecha concitó el interés de muchos sectores activistas, estas movilizaciones estuvieron lejos de nuestra capacidad de movilización real que ya hemos demostrado muchas veces.

Una de las razones de esta merma es la propia política de algunos sectores que auto-erigiéndose dirección del movimiento- luego del 8A nos han propuesto continuar la lucha en 2019 “acordándonos de estos senadores a la hora de votar” y preparándonos para el “aborto 2020”.

Una propuesta que tiende a la parálisis

Esta propuesta no ha servido para reforzar la lucha por el aborto legal porque en primer lugar, este movimiento ha demostrado su fortaleza en las calles, en las asambleas, en los pañuelazos, y son esos métodos los que debemos reforzar. En segundo lugar porque los senadores pro aborto clandestino pertenecen a todas las fuerzas políticas patronales, desde el kirchnerismo al PRO, sin excepciones. Todas estas fuerzas han demostrado su postración frente al clero. Incluso, si nos guiamos por ese llamamiento solo podríamos votar al Frente de Izquierda, que ha sido el único bloque que homogéneamente luchó por el aborto legal adentro y afuera del Congreso.

Es con esa autoridad es que desde el Partido Obrero hemos propuesto al movimiento la continuidad aquí y ahora con una campaña por una consulta popular por el aborto legal, para colocar la decisión final sobre el aborto legal en donde corresponde: las mayorías populares. Porque sabemos que con nuestra lucha nos hemos ganado la conciencia de miles de personas que hasta hace poco estaban en contra del aborto legal, y podemos seguir ganando adhesiones. Porque hemos logrado mostrar que la clandestinidad del aborto solo sirve para garantizar la muerte de las mujeres pobres, además de ser utilizado como un método de control social y disciplinamiento. Por eso esta causa se ha convertido en una causa popular, y por eso el empecinamiento de las fuerzas patronales en derrotarla.

La reacción clerical quiere avanzar

Frente al desarrollo de nuestro movimiento que no solo exige la legalización del aborto, sino también la educación sexual integral, laica y científica y que ha llegado a plantearse la separación de la Iglesia y el Estado, los anti-derechos y las iglesias evangélica y católica pretenden avanzar. Han lanzado una brutal campaña contra las posibles modificaciones de la ESI en el Congreso y en las legislaturas provinciales que harían real y efectiva su aplicación. También han pedido la suspensión (sic) del XXXIII Encuentro Nacional de Mujeres en Trelew.

 En un cuadro como este, en CABA la Campaña por el derecho al aborto tomó la decisión de no pasar por la Catedral y hacer un acto en la otra punta de la Plaza de Mayo lo que desde el Plenario de Trabajadoras lo entendemos como una concesión innecesaria. Esta decisión y un documento donde le lavan la cara al kirchnerismo y vuelven a insistir en el “votemos bien en 2019” hicieron que desde el Plenario de Trabajadoras no firmáramos dicho documento y decidiéramos entrar por Diagonal Norte para pasar por la Catedral, para denunciar al clero y su política contra las mujeres.

Redoblemos los esfuerzos

En un cuadro de ajuste y plan de guerra contra los y las trabajadoras por parte del macrismo y los gobernadores cómplices es una obligación de las organizaciones que luchamos contra este régimen defender nuestra independencia y rechazar cualquier intento de subordinar nuestros reclamos a intereses electoralistas que solo buscan distraernos de nuestras peleas aquí y ahora.