Por la madrugada del jueves 11 ingresó al hospital en Baradero una joven de 23 años, con traumatismos causados por fuertes golpes proporcionados por su expareja. El hombre tenía denuncias previas en su contra, pero no hubo respuesta alguna desde el Estado. Esto sucede cuando el país aún continúa conmovido por el crimen de Úrsula Bahillo, y la posterior represión al pueblo de Rojas que se movilizó para exigir justicia y señalar la complicidad policial con el femicida.

Este intento de femicidio vuelve a demostrar que no se realiza ningún tipo de seguimiento a los acusados de violencia de género ni se brinda protección a las denunciantes. En Baradero ocurrieron tres femicidios en menos de un año, y durante el 2020 aumentaron de manera exponencial las denuncias radicadas por violencia de género en la Comisaría de la Mujer: alrededor de 1.000 denuncias, casi tres por día.

Lo que necesitamos las mujeres es la apertura de casas refugio para garantizar una real asistencia y protección a las denunciantes y sus familias, que las mismas cuenten con equipos de profesionales en planta permanente y sean administradas por las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres. Hace falta también poner en pie un Consejo Autónomo de Mujeres, dirigido por las organizaciones de mujeres y disidencias y con un presupuesto acorde a la necesidades para el abordaje de las situaciones de violencia de género.

Ni una menos. El Estado es responsable.