"Quedamos a la expectativa de los hechos", resumió Marta Alanís, de "Católicas por el Derecho a Decidir", después de la reunión "cordial" que la "Campaña por el Aborto Legal" mantuvo con la ministra de Salud, Graciela Ocaña. En el encuentro, dijeron las coordinadoras, "se generó un comienzo de diálogo auspicioso" (Página/12, 19/1).

 

La "Campaña…" reclamó a Ocaña la distribución nacional de la píldora del día después, la aplicación del protocolo post aborto, que el Ministerio "emita señales claras para que los hospitales públicos cumplan en practicar los abortos que la ley permite" y "que los médicos objetores de conciencia lo manifiesten de antemano y renuncien a dirigir o integrar servicios de salud reproductiva" (ídem).

 

Saludamos que la "Campaña…" considere que los objetores de conciencia deben ser excluidos de los servicios de salud reproductiva. Pero es difícil hallar lo auspicioso de un evento en el que Ocaña – que se declaró encolumnada detrás de la política antiabortista de la Presidenta y catalogó el aborto ilegal como "una cuestión de política criminal"- sólo se comprometió "a mantener las políticas vigentes en materia de salud sexual y reproductiva" (Impulso Baires, 21/3).

 

Las "políticas vigentes en salud reproductiva" agudizaron el índice de mortalidad materna y dispararon el embarazo infantil y adolescente en los últimos años, según datos que el propio González García brindó a la OMS. En palabras de la propia "Campaña…": "Denunciamos los faltantes de anticonceptivos: en Santa Fe, había dos toneladas que se dejaron vencer sin ser distribuidos; en provincias como Córdoba y San Juan faltaban insumos porque las autoridades locales no los solicitaban", precisó Mabel Gamarra. También señalaron que "no se aplican los protocolos para casos de violencia sexual" (medicación contra el VIH y anticoncepción de emergencia) y "el escándalo de que siga habiendo mujeres que, cuando van al hospital por consecuencias de abortos practicados en pésimas condiciones, terminan en la cárcel porque los médicos las denuncian y tienen que ir esposadas a hacer sus tratamientos; así pasó recientemente en Formosa, en Misiones, en Santiago del Estero, donde hubo ocho casos".

 

Según las coordinadoras, "quedó previsto el monitoreo de la sociedad civil en el Programa de Salud Reproductiva, ya que hay provincias que no piden o no entregan los anticonceptivos". ¿Bajo qué condiciones se realizará el monitoreo? ¿Quién determinará cuáles organizaciones de la "sociedad civil" participarán de él? ¿Cómo rendirán cuentas de su actividad al movimiento de mujeres? Si algo destaca al kirchnerismo es su capacidad de cooptación de las organizaciones sociales.

 

Suscribimos las denuncias de la Campaña por el Aborto legal sobre la catastrófica situación de mujeres, jóvenes y nenas de los sectores populares. Pero "quedar a la expectativa de los hechos" es exactamente lo que paralizó la lucha por el aborto legal después del gran impulso que ganó por iniciativa de las mujeres del movimiento piquetero y en el Encuentro de Mujeres de Rosario.

 

En cuanto "al propósito de fondo – el aborto legal y gratuito hasta las doce semanas de gestación- , la "Campaña…" impulsará el proyecto que ya presentó al Congreso, aunque, reconoce, "la clase política argentina le tiene un temor reverencial a la jerarquía eclesiástica". Hasta el momento, ese proyecto no tiene siquiera estado parlamentario: ninguno de los legisladores lo hizo suyo. Es más, se han dejado caer, por orden de la presidente Kirchner, hasta los proyectos de reglamentación del aborto no punible. Por el camino de los "diálogos auspiciosos", compañeras, no fuimos a ningún lado.

 

Redoblamos nuestra convocatoria a una campaña común por el aborto legal, que organice a las mujeres, a los trabajadores y a la juventud, para llevar esta consigna de vida o muerte a la victoria. El Plenario de Trabajadoras, que está organizando comisiones por el aborto legal en barriadas, centros de estudio, de salud y lugares de trabajo, convoca a celebrar en la más plena unidad de acción el 8 de Marzo para que miles de mujeres, acompañadas por las organizaciones populares, exijamos educación sexual laica y científica, anticonceptivos adecuados y gratuitos, y la inclusión del aborto legal como práctica gratuita en todos los niveles del sistema de salud.