Mujer

20/8/2017

Ocho meses de encubrimiento en la desaparición de Maira Benítez

Un caso que involucra a sectores del poder político y judicial chaqueño

Plenario de Trabajadoras


La decisión del gobierno provincial de decretar su injerencia en el caso de Maira Benítez como querellante incluye la admisión de la responsabilidad estatal en el boicot a la investigación sobre la desaparición. En los considerandos de la resolución gubernamental, se tiene en cuenta la necesidad de "deslindar responsabilidades" respecto de la actuación del fiscal Sergio Ríos (el primer fiscal de la causa) que paralizó la investigación por meses.


 


Pero la cadena de encubrimiento no se agota en Ríos. El gobierno no ha cumplido con la promesa de promover la búsqueda de Maira en toda la provincia y de empapelarla con la cara de ella. No movilizó sus recursos políticos y económicos para dar con los responsables o tan siquiera los cómplices de la desaparición de Maira. Nunca se accionó un protocolo de búsqueda. El gobierno y el Procurador Jorge Canteros "bancaron" durante meses al mismo Ríos y no abrieron investigación de oficio contra él, como así tampoco el Superior Tribunal de Justicia que nunca intervino en la causa.


 


Es que el peón Rodrigo Silva (con quien se vio por última vez a Maira y que está en la mira por la desaparición) era empleado y trabajaba en la finca del ex juez Eduardo Costa, que nunca fue investigado. Los allanamientos tardíos en su finca no se complementaron con ninguna investigación a fondo de la participación de Costa. La desaparición de Maira Benitez y su encubrimiento involucran directamente a los círculos del poder de Villa Angela, el municipio del cual el actual gobernador Domingo Peppo fue intendente durante años y del cual es oriunda buena parte de su gabinete. Mientras esto ocurre, a Silva lo defienden los abogados más costosos de la provincia, sin que se sepa quien paga la cuenta.


 


La admisión de la responsabilidad de Ríos busca atenuar las responsabilidades gubernamentales producto de esta situación para desactivar el impacto político del caso, apuntando a un entendimiento con la familia de Maira. Busca además tomar una iniciativa en la causa teniendo en cuenta que la misma va a ser central durante el próximo Encuentro Nacional de Mujeres que se realizará en la provincia.


 


Pero no tienen nada que ofrecer, porque la causa está paralizada y el gobierno no apunta ninguna medida política para encontrar a Maira. Incluso fue liberado recientemente Luis Coria, acusado de ser cómplice de Silva en la desaparición de Maira. La fiscal de Cámara, Rinaldis, anunció que estudia elevar la causa a juicio por "privación ilegítima de la libertad", dando por cerrada la etapa de investigación. Esto equivaldría, lisa y llanamente, a dejar de buscar a Maira.


 


Desde el Plenario de Trabajadoras y el Partido Obrero denunciamos la responsabilidad del poder político y judicial y exigimos que se investigue a los círculos del poder de Villa Ángela, quién financia el abogado de Silva, cuáles son los vínculos del juez con el poder político y que se desmantele toda la red de complicidades que mantienen a Maira desaparecida. Esta investigación debe ser controlada por organizaciones de mujeres independientes del Estado.


 


El reclamo por Maira conmueve a la provincia y mantiene alerta al movimiento de mujeres desde el primer día de su desaparición.


 


Para recuperar a Maira redoblemos esta lucha en las calles de manera independiente de un Estado responsable.