Tres años de impunidad. En octubre de 2006 fue encontrado el cadáver de la joven Otoño Uriarte en un canal de riego de la ciudad de Cipolleti.

La investigación dejó al descubierto la vinculación de oficiales del alto mando de la policía provincial en la trata de mujeres. Como evidencia existen dos escuchas, presentadas por la jueza penal de Chole Choel, Marisa Bosco.

La primera es el diálogo entre un proxeneta y un suboficial de la ciudad de Choele Choele, sobre la tenencia de una menor, de 15 años, a la que pasarían por la comisaría posiblemente para blanquearlas, con nueva identidad (Río Negro, 10/4/07). La segunda surge ante la orden de allanamiento a cabarés de esa localidad (buscando a Otoño), donde un oficial avisa sobre esta orden a un reconocido proxeneta para que saquen a las menores. Como compensación del favor pidió que le enviaran “a las chicas de siempre”. La cúpula policial, como respuesta, deja cesante al único policía que fue informante, Gabriel Ormeño (Río Negro 4/8). El gobierno provincial, por otro lado, durante este último período, ha hecho silencio de radio, en una actitud de complicidad.

Después de tres años, se encuentran imputados dos peones rurales que trabajaban en la chacra donde Otoño dejaban su bicicleta y, desde hace dos semanas, se procesa al policía Daniel Vivanco (partícipe de una de las escuchas) ¡por incumplimiento de los deberes de funcionario público! (Río Negro, 8/9).

Este caso ha demostrado que la trata de mujeres (negocio millonario e internacional) depende de una red delictiva que involucra a las fuerzas de seguridad, al Poder Judicial y a una política de complicidades por parte de los distintos gobiernos.