Miles de mujeres nos congregamos en la explanada de la Casa de Gobierno en el Día Internacional de la Salud de la Mujer para protagonizar un pañuelazo histórico en el marco del #PañuelazoFederal. Fue el tercero, marcando un significativo ascenso del movimiento. Esta es una lucha que crece aún en una de las tierras tildadas como de las más conservadoras, como es el caso de la “tradicionalista” provincia de Mendoza.

Se destacó la presencia masiva de las secundarias, un sector protagónico de esta lucha desde hace tiempo, acompañadas por sus compañeros. Su gran participación es el reflejo del deseo que aflora en la juventud de liberarse de las ataduras autoritarias y conservadoras que reinan en los colegios y en la sociedad misma.

Mendoza vive un cambio subjetivo fenomenal en este punto, desde hace cuatro años las movilizaciones por #NiUnaMenos son enormes, al igual que las demás marchas contra la violencia sobre la mujer. El pañuelo verde atado a las mochilas de las y los estudiantes es parte de la cotidianeidad. Los ataques a estos no se hicieron esperar. En algunos colegios, como el Martín Zapata, las autoridades quisieron sancionar a las alumnas que concurrieron con el pañuelo verde; en el caso del colegio Santa Rosa, las autoridades sancionaron a nuestro compañero Maximiliano, de la UJS, por “no respetar el uniforme” y “amenazas” –por haber protestado por tan retrógrada sanción. Nuestra banca ha llevado estas denuncias a la comisión de Derechos y Garantías del Senado de la provincia.

Catorce años atrás, en Mendoza se desarrolló un Encuentro Nacional de Mujeres que sufrió el ataque directo de las sectas ultra católicas amparadas por el aparato estatal. Muchas de las activistas del movimiento de mujeres lo recuerdan como el encuentro más difícil y duro. Las escuelas donde se realizaban los talleres de anticoncepción y aborto fueron atacadas, rayadas con firmas de las sectas Cristo Rey, Séptima Columna, Opus Dei, entre las principales; prendieron fuego la folletería sobre aborto y educación sexual, los colectivos con los contingentes de mujeres eran apedreados en la ruta, en la Plaza Independencia grupos de choque golpeaban a nuestras compañeras del Polo Obrero, lanzaron una molotov a la central eléctrica del club donde se realizaría la peña, etc.

Hoy todo ese sector, a pesar de que mantiene sus mesas de agitación en el centro y ha realizado sus marchas, y que por supuesto sigue contando con protección estatal, está siendo relegado por una nueva generación que le ha dado un nuevo impulso y fuerza al movimiento de mujeres; pero que sobre todo está sacándose de encima el oscurantismo de sus propias familias porque interpela a los padres y hermanos sobre la importancia de que gane la lucha por el aborto legal y la educación sexual.

La marea verde del 28M debe ser tomada como una señal de alarma para el gobernador Cornejo (Cambiemos), que mantiene en un gran atraso el respeto institucional a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Cornejo niega la adhesión al protocolo de aborto no punible, a pesar de que en campaña electoral prometió hacerlo. Los proyectos de ley de adhesión –entre ellos, el que impulsa el Frente de Izquierda– se encuentran estancados en la legislatura. La vice gobernadora asegura que la adhesión podría salir por decreto pero tampoco mueve un dedo. Sin embargo, este pañuelazo masivo se produjo a pocos días del escándalo que suscitó el caso de una niña de 11 años, de extrema vulnerabilidad social, violada por su padrastro y obligada a ser madre porque el Estado provincial ha rechazado la aplicación del aborto no punible. Habiendo tenido la posibilidad de proteger la integridad y el respeto al desarrollo de la niñez, aquí el Estado decidió condenar dos vidas a la precariedad y humillación.

La provincia de Mendoza fue además la primera que intentó implementar la privatista “Cobertura Universal de Salud” (CUS) en el sistema de salud pública. Es constante la denuncia de las compañeras del Polo Obrero sobre el vaciamiento en los centros de salud instalados en los barrios populares, tanto en materia de trabajadores como de insumos. La falta de anticonceptivos es una constante, como así también lo son las trabas para acceder al chip intradérmico que entrega el gobierno para quienes no tienen obra social –cuatro de cada diez personas, en Mendoza, no tienen obra social. Tanto en el Hospital Lagomaggiore como en las salitas, ponen como requisito a las adolescentes, única franja etaria que cubre la gratuidad, el requisito de tener al menos un hijo para tener acceso a los anticonceptivos; es decir el Estado las obliga a ser madres primero antes de suministrarle los medios para evitar serlo nuevamente.

Por todo esto, el próximo 4J, por Ni Una Menos volvemos a las calles a continuar esta batalla, con más fuerza que nunca por el aborto legal, la separación de la Iglesia del Estado, contra el ajuste y el pacto con el FMI, que va empobrecer aún más a las mujeres y niñas; y por todos los derechos laborales negados a las trabajadoras.

¡Vamos por la conquista del aborto legal y por todos los reclamos de las mujeres que luchan!