El día que se cumplía un aniversario del voto a favor del aborto clandestino en el Senado, fallecía Patricia Solorza en la Unidad 47 de José León Suárez, dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), por no haber recibido atención sanitaria a tiempo pese a insistentes pedidos. Tenía 40 años de edad y hacía 6 estaba presa -desde 2014-, condenada a 8 años de cárcel efectiva por un aborto en la ilegalidad.

Patricia fue condenada por “homicidio agravado por el vínculo” en un juicio abreviado, es decir, que no contó con un período de prueba porque se declaró culpable desde el inicio. Culpable de haber sufrido un aborto, en soledad, teniendo ya 3 hijos a los que criaba sola, el mayor de ellos hipoacúsico y la menor con cuatro años de edad. Pensó que le iban a permitir acceder a la prisión domiciliaria, pero se la negaron. Desde entonces, nunca salió de prisión, separada de sus hijos.

En marzo del año pasado, el diario Infobae le había realizado una entrevista a Patricia en el complejo penitenciario de San Martín. Allí declaró: “Yo no fui consciente de lo que hice. Pero tengo que asumir la culpa. Para la sociedad y para el Estado soy culpable. Cuando la Justicia te dice que sos homicida, tenés que asumir la culpa. Si no, la Justicia considera que no entendés lo que pasó.” También afirmó en esa entrevista que “En septiembre ya estaré en condiciones de pedir la libertad condicional". Sin embargo, pasó septiembre y siguió presa. Once meses después la desidia y la tortura del sistema penitenciario se cobró su vida.

Sus hermanas relataron que Patricia recién se enteró que estaba embarazada el día que perdió el embarazo en su casa de Ezpeleta, en el partido bonaerense de Quilmes, tras 5 meses de gestación. “Ella nos dijo que no sabía que estaba embarazada, que le seguía viniendo, ya le había pasado eso con sus otros embarazos, nunca se daba cuenta” –contó su hermana, Luján, en una entrevista a Página 12. Patricia se asustó mucho cuando todo sucedió, guardó el feto en una bolsa y lo tiró a la basura. Un vecino la vio y avisó a la policía. Dos meses después la detuvieron.

Patricia era una mujer trabajadora y pobre, con una dura historia familiar. Durante cinco años trabajó como secretaria en un estudio jurídico y vendió ropa en ferias ambulantes. Su padre era una persona violenta, que descargaba su ira con sus hijas, y con ella especialmente.

La historia de Patricia muestra de manera concentrada las múltiples violencias que el Estado ejerce contra las mujeres. La criminalización del aborto -que las iglesias festejaron con una movilización marginal y la perversa pretensión de aducir que “defienden las dos vidas”- pesa como una losa que arruina las vidas y condena a la reclusión a las mujeres de la clase trabajadora, a las más humildes y con menos recursos. Patricia, como Belén en Tucumán, pagó con su encierro el mensaje aleccionador que, con el código penal y la cárcel, el Estado busca darle a las mujeres, recordándoles que no son libres de decidir, que deben obedecer los mandatos y la tutela que se impone sobre ellas. El mandato de la maternidad obligatoria pesa sobre todo sobre mujeres pobres, a quienes tampoco se le garantizan condiciones para poder acceder a una maternidad plena.

La cárcel como centro de tortura

A Patricia le negaron la atención médica que tanto reclamó por sufrir fuertes dolores estomacales. Había enviado varios escritos al Juzgado de Ejecución Penal N°1 de Quilmes, que tenía su tutela, pero jamás le respondieron. Se cansó de reclamar que la lleven al área de sanidad del penal, sin obtener respuestas. Con el apoyo de compañeras de prisión, finalmente logró que la internen. Debió atravesar tres operaciones de vesícula y, luego de varios días de internación, falleció con una avanzada infección en su cuerpo, esposada a una cama terapéutica de la terapia intensiva en el hospital de José León Suárez. Pese a que existía una orden judicial que exigía que le quitaran las esposas mientras estaba en coma inducido, nunca le sacaron las esposas, ni la del tobillo, ni la de la muñeca.

Patricia tampoco tuvo derecho a la justicia, estaba desamparada cuando la enjuiciaron y no contó con asesoramiento para una justa defensa. Luego, debió soportar el calvario que se vive en el sistema penitenciario argentino, donde abundan las torturas y la privación de libertad es ejercida como privación de todo tipo de derechos. Si sos mujer, es peor. A Patricia le negaron el derecho a la vida, la privaron de atención sanitaria cuando más lo necesitaba. Los médicos de la Unidad donde estaba detenida declararon que no tienen medicamentos, profesionales ni máquinas para suplir la demanda de la cárcel. En muchas cárceles, la asistencia médica la ejerce directamente personal penitenciario, con ninguna formación en la materia, que se dedican a proveer medicamentos genéricos para todo tipo de dolencias. Las denuncias en esta materia están harto documentadas por parte de los organismos de derechos humanos, y se agravan año a año.

Responsabilidades políticas

En las cárceles argentinas los pobres sufren, los pobres mueren. La muerte de Patricia tiene responsabilidades políticas. En primer lugar, de todos los partidos patronales que votaron la defensa de la ilegalidad del aborto y la criminalización de las mujeres. Pero también del gobierno de Vidal y del Servicio Penitenciario Bonaerense. Su jefe, Xavier Areses, ex concejal del PRO de la localidad de San Martín, que fue designado por Vidal en 2018, no emitió opinión hasta ahora sobre lo sucedido.

El régimen carcelario, lejos de buscar la reinserción social de los reclusos, funciona como la estación terminal de aquellos que se considera material descartable en esta sociedad. El caso de Patricia nos muestra con claridad que el sistema penitenciario tiene un carácter de clase: allí están los pobres pudriéndose literalmente en el encierro, para de ese modo disciplinar a toda una sociedad.

En todo el país las cárceles están superpobaladas y, sin embargo, la política de los Macri-Bullrich es la de reforzar la criminalización, por ejemplo, con la reforma del Código Penal Juvenil. Lo mismo vale para los Fernández-Fernández-Massa, con el reclamo de mano dura largamente defendido por éste último, so pretexto de “terminar con la inseguridad”. Mientras los verdaderos delincuentes y asesinos gozan de impunidad y amplia protección del Estado: el día después de la muerte de Patricia, absuelven al genocida Milani, ex jefe del Ejército bajo el gobierno de Cristina Kirchner.

Contra este régimen luchamos. Justicia por Patricia. Basta de criminalizar a las mujeres, a los pobres y los trabajadores.