En un documento titulado “Los peronistas decimos sí a la vida y no al aborto”, referentes del pejota se posicionan en contra del proyecto de ley de aborto legal, seguro y gratuito, cuando falta menos de una semana de su tratamiento en la Cámara de Diputados.

Entre las firmas que lleva este documento se destacan las de Carlos Menem –bajo cuya presidencia se instituyó el “Día del Niño por Nacer”–, la del ex gobernador del Chaco y ex jefe de Gabinete del gobierno kirchnerista, hoy intendente de Resistencia, Jorge Capitanich; la del camionero Hugo Moyano; la del diputado nacional por el Frente Renovador, jefe del gremio de Sanidad e integrante del “triunvirato” cegetista, Héctor Daer; las del titular de la UOM, Antonio Caló, y del secretario general de Judiciales, Julio Piumato, entre otras cien firmas más.

En el documento, manifiestan su “defensa de la persona humana y su derecho fundamental a la vida desde su inicio hasta su término” y califican al aborto de pertenecer a una cultura del “descarte”, “ajeno a la cosmovisión justicialista”.

En un acto de cinismo puro, los firmantes sostienen que “la desigualdad social, la desigualdad económica y de oportunidades no pueden ser la excusa para coartar el derecho humano básico a la vida del niño”. Parafrasean a la misma Eva Duarte de Perón, militante contra el aborto legal. El PJ actual tampoco apela a la innovación en este punto: ya en 1973, de la mano del llamado “Plan Trienal para la Liberación y Reconstrucción Nacional”, el peronismo hacía campaña no ya contra el aborto, sino contra el uso de anticonceptivos (incluso limitando el acceso a los mismos), prohibía campañas de control de la natalidad y condenaba a la mujer a su función social materna. En este sentido, cabe destacar la “continuidad doctrinaria”: durante el  gobierno de Cristina Kirchner que, en un claro guiño al clero, la reforma del Código Civil impulsada por el oficialismo estableció en su artículo 19 que "la existencia de la persona humana comienza con la concepción".  

Tal como plantearan los curas “villeros” en los debates en el Congreso, el pejotismo sostiene también que el debate en torno a la ley fue “instalado por el gobierno nacional a instancias de los organismos internacionales de crédito”. Pero esto es falso por partida doble. Primero, el derecho al aborto legal estaba inscripto en la agenda política por el ascenso imparable del movimiento de mujeres contra toda forma de opresión y de violencia. En segundo término, porque la prohibición del aborto es el resultado de la connivencia entre el Estado y la Iglesia, que ha impuesto una legislación acorde su doctrina oscurantista y medieval, y resulta un mecanismo de disciplinamiento social. ¿Quién más interesado que el imperialismo en perpetuar todos los resortes de regimentación social en vísperas de un “acuerdo” con el FMI, que implicará un ajuste aún más draconiano que el desarrollado hasta ahora? Asimismo, que Menem, promotor de las “relaciones carnales” con el imperialismo durante sus dos mandatos presidenciales, suscriba “defendemos la vida inocente de las garras imperialistas” es un acto de cretinismo descarado.

Los figurones del pejota no disimulan la inspiración vaticana de su pronunciamiento, al reivindicar “la condición humanista y cristiana de nuestra doctrina”.

Aborto legal, seguro y gratuito

“Toda mujer debería sentirse amparada para afrontar la maternidad porque todos sus derechos están garantizados: derecho efectivo a la salud gratuita y de calidad, derecho al trabajo y a la maternidad en el ámbito del trabajo, derecho a la seguridad social, a la vivienda, a la educación propia y de sus hijos, a una vejez digna”, dicen los caraduras que entregaron las paritarias, vaciaron las obras sociales, dejan pasar los despidos todos los días y no han movido un dedo por los jubilados –ni presentes ni futuros.

En un cuadro de profundización del ajuste contra los trabajadores, las mujeres son las que más sufren la precarización laboral, la desocupación, el incremento del costo de vida, la diferencia salarial, la falta de guarderías en los lugares de trabajo o jardines maternales públicos donde dejar a los hijos y la implementación del presentismo en los convenios colectivos de trabajo. El Estado no garantiza educación sexual científica y laica ni las condiciones materiales para la maternidad. La burocracia sindical, expresada en muchas de las firmas del documento del PJ, es una de las máximas responsables de este estado de situación.

El kirchnerismo atribuye al bloque oficialista la más cerrada oposición a la legalización, pero tampoco puede disimular los vasos comunicantes que mantiene con estas facciones antidiluvianas del peronismo.

Por otra parte, cabe destacar la “oportunidad” de este pronunciamiento, cuando el proyecto de ley está siendo sometido a múltiples presiones y maniobras para “moderarlo” e introducir concesiones a la medida del clero, e incluso para voltearlo. En estos momentos, el clero está ejerciendo una intensa presión sobre los diputados.

La clandestinidad del aborto tiene efectos dramáticos sobre la salud de las mujeres de la clase trabajadora. La conquista del aborto legal apunta a velar por la protección de la salud física y moral de la mujer. La prohibición, por el contrario, somete a la mujer a la tutela jurídica y estatal sobre su cuerpo y a las prácticas clandestinas, insalubres y, muchas veces, mortales. Es un factor más de opresión sobre toda su condición social.

Queda claro, entonces, que la conquista del derecho al aborto legal y su efectiva reglamentación será fruto de una lucha independiente y contra ese Estado, dentro y fuera del parlamento; esa misma lucha que ha colocado, actualmente, esta lucha como un reclamo popular.

Frente al Estado capitalista y sus correas de transmisión, apelamos a la unidad de la clase obrera para traducir nuestra lucha en acciones conscientes contra este estado de cosas.

El 13, todas y todos al Congreso por aborto legal, seguro y gratuito.