Llegó a Diputados la media sanción de una pensión a víctimas de trata, por 10 años. Pero resulta que luego de un  “arduo debate”, las senadoras y senadores dispusieron que el beneficio será otorgado cuando existiere sentencia judicial condenatoria.

 

¿Qué significa?  En primer lugar la ley es exclusivamente para víctimas de trata por delitos sexuales y no laborales. Pero no termina ahí la limitación. Al introducir que lo percibirán sólo aquellas víctimas de trata “con condena”, la ley se limita a unos pocos casos. Se trata, hasta hoy, de sólo 90 casos, cuyo costo no superaría los 2 millones de pesos, es decir una insignificancia presupuestaria.

 

En la Comisión de Diputados, legisladores de distintos bloques opositores agregaron que debería decir “condena firme”, por las apelaciones que crearían un limbo. En este caso las condenas ya son mucho menos. Salta a la vista el descomunal amparo del Estado a las redes cuando vemos la aplicación efectiva de la sonada ley de trata dictada en 2008, hace ocho largos años.

Pero el contraste surge desgarrante de otra comparación. El Ministerio de Justicia y DDHH informa que se han rescatado y/o asistido a 9.987 personas. Un promedio de 1.240 personas sometidas a esclavitud sexual o laboral por año (sólo contando aquellas que son liberadas), la enorme mayoría de ellas mujeres, aunque también niños y varones. Según un informe elaborado por la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), entre julio de 2015 y el 29 de febrero pasado hubo 1079 denuncias en la línea 145. De ellas, 480 referían hechos donde mujeres eran obligadas a prostituirse en locales bailables y whiskerías, en departamentos privados o incluso en la vía pública.

 

El Partido Obrero denunció en la Comisión Previsional esta hipocresía y planteó el debate para que sean incluidas todas las personas cuyo rescate acredita el Ministerio. Planteamos además que tengan prioridad en el empleo público para su reinserción laboral y prioridad en planes de vivienda del Estado.

 

Es otro caso más de legisladoras y legisladores que simulan atender a las víctimas con una ley que no tendrá alcance para el 90% de las afectadas y afectados, porque pocas veces los responsables de trata llegan a la condena definitiva y a la cárcel. La orientación del gasto público y de la Ansés tiene una orientación social que prima: los $170 mil del presidente y similares suelditos de todo el funcionariado están garantizados, los 200 mil millones de intereses en Lebac y los 100 mil en intereses de la deuda también, pero no hay fondos para una pensión temporaria de las víctimas de trata.

 

El dictamen presentado por nuestro bloque es un programa de lucha por los derechos de la mujer, y ya ha sido reconocido por familiares de víctimas de trata. Así contribuimos con los afectados, las y los legisladores socialistas del Frente de Izquierda.