Solsiret Rodríguez era una activista feminista de 23 años, tenía dos hijos, y se había transformado en una de las referentes del movimiento Ni Una Menos de Callao, Perú. En Agosto de 2016 fue reportada desaparecida y recién este año, gracias a la lucha y la persistencia de la familia y organizaciones feministas que se enfrentaron a la indiferencia y complicidad del Estado, se pudo conocer que Solsiret había sido víctima de un femicidio a manos de su pareja, el hermano de su pareja y la novia de éste.

En una primera instancia, el Estado peruano ignoró la denuncia sobre la desaparición de Solsiret. Ivone Mazassi, la abogada de la familia, denuncia que las desapariciones de mujeres son muchas veces desestimadas por la policía, porque lo que se sospecha es de la conducta de las mujeres “porque lo atribuyen a que se fueron con otra persona”.  Una vez que tomaron la denuncia no avanzaron en la investigación. Fue gracias a la búsqueda incansable de pistas y evidencias por parte de la familia de la víctima, que fueron llevadas a las manos de un cuarto fiscal –en más de 3 años la causa pasó por otros tres fiscales- donde se pudo lograr la geolocalización de los teléfonos móviles, el reporte de llamadas, y otros recursos probatorios que llevaron a la reconstrucción de los hechos y a la confesión de una de las responsables de femicidio. 

Finalmente, se obtuvo la confesión de Andrea Aguirre (novia del hermano de la ex pareja de Solsiret) se supo que tras una discusión con Kevin Villanueva, ex cuñado de la víctima, Solsiret habría caído de un cuarto piso. Luego, Andrea, Kevin y Brian (novio de la víctima) la descuartizaron, se deshicieron de la mayor parte del cadáver y conservaron en su casa el cráneo y las extremidades de la víctima. Estos hechos estuvieron precedidos por denuncias de Solsiret sobre el permanente acoso de su cuñado. Kevin Villanueva y Andrea Aguirre fueron arrestados el pasado viernes pero Brian Villanueva se encuentra prófugo.

La complicidad del Estado peruano

Recientemente el ministro de Interior, Carlos Morán, pidió “perdón en nombre del Estado peruano” por la negligencia e insensibilidad que mostraron sobre el caso las autoridades políticas y policiales, pero pedir perdón es irrelevante. El Estado peruano mostró su misoginia en todo su esplendor. Su papel en el caso de Solsiret no fue el de “un Estado ausente”, como algunos suelen decir. Lejos de eso, es el rol de un Estado que, como todo Estado capitalista, desprecia la vida de las mujeres haciendo de la misoginia un pilar del hostigamiento y el control que imponen sobre nuestros cuerpos como una herramienta de disciplinamiento social. 

Las cifras hablan por sí solas. Entre enero y diciembre de 2019 se registraron 168 casos de femicidios en Perú, según la Defensoría del Pueblo de ese país. Esta cifra corresponde a 19 casos más respecto de 2018. Según el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de Perú, es la cifra más alta desde 2009.

La lucha del movimiento de mujeres

Junto con la lucha de la familia de Solsiret por justicia, el movimiento de mujeres peruano, que viene movilizándose masivamente desde 2016 con el movimiento Ni Una Menos, organizó varias marchas y plantones para exigir por la aparición de Solsiret. Con las recientes novedades, los colectivos Buscamos a Solsiret, Paro de Mujeres, Mujeres Desaparecidas, Ni Una Menos Perú y la ONG feminista Flora Tristán convocaron a un plantón el miércoles frente a la División de Criminalística de la Policía Nacional para exigir justicia y pedir prisión preventiva para los sospechosos.

El camino de la lucha y la organización es la garantía para lograr justicia por las víctimas de femicidio. La unidad con la clase obrera es fundamental para lucha contra este sistema y sus Estados que necesitan a una mayoría de la población oprimida, doblegada y atemorizada para garantizar su funcionamiento.

Justicia por Solsiret. El Estado es responsable.