26/09/2007 | 1011

Por el derecho al aborto: «Objeción de conciencia»

Un ariete clerical contra los médicos

Todas las reglamentaciones al artículo 86 del Código Penal ya aprobadas (Rosario, Capital Federal, provincia de Buenos Aires), el proyecto que el kirchnerismo presentó en Diputados y el protocolo de atención de abortos no punibles (que el Ministerio de Salud dice estar elaborando para después de la elecciones) reconocen a los profesionales de la salud el derecho a la objeción de conciencia (Página/12, 10, 12 y 21/9). El proyecto de ley que presentó la Campaña por el Aborto Legal, también.


La objeción de conciencia, embellecida como un reconocimiento al derecho del trabajador a actuar según sus convicciones (¿desde cuándo tan sensibles?), es exactamente lo contrario. Un caballo de Troya de la Curia y sus agentes en la salud pública, que deja a los trabajadores a expensas de sus aprietes y, si decide desacatarlos, de sus represalias.


“La bioética como disciplina y el surgimiento de la objeción de conciencia médica (consecuencia directa del pensamiento bioético) nacieron al mismo tiempo que se fortalecía el movimiento pro-vida: es decir, a poco del fallo en el caso Roe vs. Wade, que legalizó el aborto en Estados Unidos” (Página/12, 28/5/05). A la Argentina la noción llegó en 2001, cuando se discutió la Ley de Derechos Reproductivos. En ese momento, el Consorcio de Médicos Católicos y la Asociación de Abogados Católicos exigieron que la reglamentación de la ley “incluyera explícitamente el derecho a la objeción de conciencia”. Esto es, que los médicos no estuvieran obligados a informar a la paciente ni a recetarle métodos anticonceptivos “no naturales”. Apelaron a la Corte, que les falló en contra.


En España, donde la interrupción del embarazo es legal desde 1985, “el 97% de los 90.000 abortos anuales se realizan en clínicas privadas” porque “la objeción de conciencia de profesionales y sectores sanitarios” dio lugar a que “prácticamente ningún gran hospital público o privado” pusiera en práctica servicios de aborto (El País, 18/9). ¿Son todos militantes clericales? No. Pero la ley es tan ambigua que permitió que la Iglesia promoviera “juicios contra los médicos, profesionales sanitarios y mujeres, propiciando en muchos casos su condena”. Aunque desde entonces se han sucedido gobiernos del PP y socialistas, “la sanidad pública no contempla la formación de los profesionales en esta materia”. Las mujeres “sufren un periplo médico y vital intolerable” y están obligadas a viajar a otra parte del país porque algunas comunidades “no incluyeron el aborto entre sus prestaciones y no existen recursos, ni públicos ni privados”. Por ejemplo, el gobierno navarro afirma que todos los médicos son objetores de conciencia. Con excepción de tres (sic) que en los años '90 fueron enviados a juicio y “sometidos a un intenso y constante acoso” que incluyó amenazas, actos frente a sus casas, afiches de denuncia hasta que desistieron (El País, 17/9).


En Portugal, donde el aborto se legalizó recientemente, hay “una epidemia médica de objeción de conciencia” y muchos hospitales públicos “no logran atender los pedidos porque la mayoría de los médicos se niegan a realizar la intervención”. Vasco Freire, dirigente de Médicos por la Opción, señala que en los hospitales es imposible eludir la presión de la Iglesia y denuncia que “en muchos casos, la objeción de conciencia la aplican sólo en hospitales del Estado y no en la medicina privada” (IPS, 16/7).


La “objeción de conciencia” es un ardid clerical; esto es tan indiscutible que la nación no figura en los cinco primeros proyectos de despenalización total o parcial del aborto que ingresaron a la Cámara de Diputados argentina (y jamás se discutieron). Ahora la Curia no necesita apelar a la Corte. El nacionalismo burgués, el progresismo y hasta la Campaña por el Aborto Legal han hecho propios —con argumentos de corte “garantista”– la exigencia de los médicos y abogados de la Iglesia.