Bajo un cielo que amenazaba tormenta, unas 300 mujeres y jóvenes nos concentramos el 3/5, frente al Congreso, para exigir por segundo mes consecutivo la aparición con vida de las mujeres y los chicos secuestrados por las redes de tráfico. Para denunciar el enKubrimiento y la Komplicidad de los gobiernos, los jueces y las fuerzas de seguridad.

Hablaron miembros de la importante delegación de amigos y familiares de Otoño Uriarte llegada de El Bolsón; una compañera de Florencia Penacchi, la estudiante de Ciencias Económicas secuestrada hace dos años; Mariela Solesio por la Fuba, que organizó una campaña por la liberación de Florencia; la mamá de Marita Verón, que ya liberó un centenar de chicas esclavizadas en prostíbulos; Mercedes, la mamá del Boli, un chico “desaparecido” en una Comisaría de Vicente López; Margarita, la mamá de dos chicas asesinadas en Cromañón. Además de otras madres de víctimas del gatillo fácil, varias organizaciones de mujeres —entre ellas, la Casa del Encuentro y la Red No a la Trata— y el Plenario de Trabajadoras en el Partido Obrero, que en la voz de Vanina Biasi denunció la hipocresía de Aníbal Fernández cuando dijo que “el gobierno nacional no puede hacer nada” por respeto al federalismo.

Cada una denunció la complicidad policial; que los jueces caratulan las causas como “fuga” o “extravío” para bloquear la búsqueda —igual que en el caso de López— y favorecer una rápida prescripción; que los fiscales investigan a la víctima y a la familia.

En el caso de Otoño, hay grabadas conversaciones entre los rufianes y la comisaría, avisándoles que llegó una chica nueva “para fichar”. La madre de Marita dijo: “la fiscalía de Tucumán recibió muchísimo dinero de los tratantes para desviar todas las pistas que teníamos” (Página/12, 4/5). La mamá del chico “desaparecido” por la Bonaerense contó que estuvo secuestrada en un prostíbulo de Río Tercero en su juventud, y cómo se escapó. Esta mujer valiente develó un secreto de más de 20 años: jamás se había atrevido a contarlo.

Sólo en 2006 han desaparecido 460 mujeres (Página/12, 4/5). ¡Cuatrocientos sesenta! Para el gobierno se las tragó la tierra. No rescataron a nin-gu-na. Todas las causas judiciales surgen de denuncias de familiares o la prensa, fuga de víctimas o causas por otros delitos (narcotráfico, etc.). De los 49 casos juzgados entre 2002 y 2005, “sólo llegó a condena el 0,09%”. Sin embargo, la próspera industria de la prostitución exige una organización amplísima: quienes captan a las mujeres con engaños o las secuestran; las empresas de transporte que posibilitan “una intensa trata interna entre casi todas las provincias argentinas” y traen paraguayas, bolivianas, peruanas; los que proveen documentos para sacarlas del país; los prostíbulos, bares, saunas, piringundines ruteros y hoteles 5 estrellas; un ejército de matones; los abogados de los rufianes… La OIT dice que en la Argentina medio millón de personas “trabaja” para las redes. ¡El gobierno nunca encontró a nadie!

Este negocio “proporciona réditos enormes y se ubica en el tercer lugar mundial, después de la venta de armas y drogas; eso explica que sea tan difícil de erradicar” (La Nación, 7/4). Por una mujer se paga entre 100 y 5.000 pesos, según la zona, la edad y la apariencia, y puede dejar una ganancia neta de 13 mil dólares anuales. Un informe reciente de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) corrobora toda la experiencia de las familias: la trata “compromete todo el territorio argentino”; se apoya en la “connivencia policial y política” y en la “escasez de acciones orientadas a investigar y perseguir este delito”.

En las investigaciones judiciales aparecen implicados “en forma recurrente funcionarios públicos y políticos”. Se detectaron “prácticas que van desde la tolerancia omisiva hasta la activa protección de los tratantes por parte de miembros de fuerzas de seguridad”. Los reclutadores “gozan de vínculos directos con autoridades políticas, judiciales y policiales”. La impunidad es una pata indispensable y, bajo el paraguas del desarrollo turístico, el gobierno central y cada provincia alientan que las mujeres volvamos a la época de la Zwig Migdal.

El gobierno se jacta de que el Senado ya dio media sanción a un proyecto de ley para convertir la trata en un delito federal. Sin embargo, este proyecto exige que las mujeres adultas prueben que no dieron su consentimiento. ¡Como si alguien “consintiera” ser esclava, estar sometida a todas las violencias y vejaciones! Ahora pasó a Diputados, donde se eliminó esa aberración. Pero se mantiene la diferenciación entre víctimas menores y mayores. Y en el caso de las mayores, las penas estipuladas más parecen una absolución: “3 a 10 años de prisión y multa de 10 mil a 100 mil pesos, si el fin es el ejercicio de la prostitución u otras formas de uso y comercio sexual; o la realización de trabajos o servicio forzados”. Para los legisladores es mucho más grave robar un coche que robar una chica, violarla, drogarla y mantenerla prisionera. El Estado no sólo es el primer golpeador, también es el primer rufián. Ni un gramo de confianza en los gobiernos nacionales y provinciales.

La lucha por el desmantelamiento de las redes de rufianes, policías, jueces y el gobierno exige un plan de lucha nacional, que una a las mujeres de los barrios, a las trabajadoras, a las estudiantes, a la juventud, en una poderosa organización de autodefensa. Que se discuta en el próximo Encuentro de Mujeres. Tenemos que arrancar la imprescriptibilidad de las causas. Que se abran los libros de migraciones. Cárcel a los rufianes. Confiscación de sus bienes. Señalemos los prostíbulos barrio por barrio hasta que podamos rescatar a sus prisioneras.