Mujer

15/6/2016|1415

Por la aprobación del aborto no punible en Salta

La movilización por #NiUnaMenos fue precedida por la enorme indignación popular que produjo el caso de la violación de una nena wichí por ocho hombres en la comunidad de Alto La Sierra, Salta. El hecho se puso de manifiesto en la Cámara de Diputados, recién seis meses después de ocurrido, a pesar que la Justicia y diversos ministerios (Derechos Humanos, Asuntos Indígenas, Justicia y De la Primera Infancia) lo conocían desde la primera semana de producido


Foto: Camila Almada Meneses


La movilización por #NiUnaMenos fue precedida por la enorme indignación popular que produjo el caso de la violación de una nena wichí por ocho hombres en la comunidad de Alto La Sierra, Salta. El hecho se puso de manifiesto en la Cámara de Diputados, recién seis meses después de ocurrido, a pesar que la Justicia y diversos ministerios (Derechos Humanos, Asuntos Indígenas, Justicia y De la Primera Infancia) lo conocían desde la primera semana de producido.


Inmediatamente, el Plenario de Trabajadoras, junto con el bloque de Diputados y del Senado del Partido Obrero, expuso la responsabilidad del Estado desde el momento que fue atendida en un centro asistencial, donde no se le administró la medicación para prevenir tanto enfermedades venéreas como el propio embarazo, como así tampoco se le informó a sus padres de que antes de las doce semanas la niña podía acceder al derecho a abortar legalmente. Tampoco se le proveyó a la víctima un médico legista que tomara las pruebas de ADN de los violadores, quienes terminaron por ser liberados tras una corta detención.


Recién ahora con las denuncias públicas, el fiscal de la causa pidió nuevamente la detención de los acusados, pero sin ofrecerle a la niña un intérprete para que pudiera denunciarlos correctamente.


Aún con todas estas cuestiones, la aberración más brutal que padeció la nena wichí fue que gracias al fiscal, el juez, y diversos ministerios corrió riesgo de vida. Recién después de la denuncia del diputado Arturo Borelli, quien concurrió a la zona con la Comisión de Derechos Humanos de la cámara, el Estado aceleró la decisión de practicarle un aborto, por el enorme riesgo que corría sumado a que el feto tenía anencefalia y moriría en el mismo momento del parto.


La Marcha del 3J


La marcha del 3 de junio se convirtió, a diferencia de la anterior, en una fuerte denuncia sobre las responsabilidades del Estado, en este terrible caso de Salta: tanto del Ejecutivo como los cuatro ministerios que abandonaron a la familia wichí, el Poder Judicial y el Observatorio de Violencia de Género, que silenciaron éste y otros casos.


También, a diferencia de la marcha de 2015, en la provincia hubo dos actos: el oficial, en el que confluyeron las funcionarias y legisladoras de Juan Manuel Urtubey, del PJ, de la UCR y el kirchnerismo, por un lado; y las organizaciones de lucha por los reclamos de la mujer por el otro. El primero, nuevamente adjudicando al machismo y la cultura patriarcal salteña la situación de las mujeres, encubriendo con el gobierno de Urtubey, que la provincia encabeza las cifras de asesinatos y secuestros de mujeres para la trata. Concurrió a ese acto, en una verdadera provocación, la ministra de Derechos Humanos que le negó a la niña wichí sus derechos.


En el otro acto, por primera vez, sectores de la izquierda que hasta ahora denunciaban como limitadas las políticas de género de Urtubey, y en ese marco se movilizaban para reclamarle que fuera más lejos, suscribieron un documento que denunciaba a Urtubey e incluso al Observatorio contra la Violencia de Género, uno de sus engendros institucionales para encubrir la impunidad del Estado.


Ganar la calle por el derecho al aborto no punible


Si el gobierno pensaba cerrar el debate trasladando el caso de la niña wichí a la Justicia; ahora el juez de la Corte, Abel Cornejo, lo reinstala pidiendo la remoción de los magistrados de la causa y abriendo un jury de enjuiciamiento contra el juez y el fiscal por entender que podrían haber incurrido en mal desempeño, retardo de justicia e incumplimiento de los deberes. Hay en marcha un operativo para excluir de toda responsabilidad al gabinete de Urtubey, en especial a sus ministros de Salud y la de Justicia y Derechos Humanos, que al tomar estado público el hecho dijo que no era “de su competencia” proteger a la niña.


Urtubey, quien al día siguiente del fallo de la Corte sobre aborto no punible dijo que “en Salta no sería acatado”, dictó el Decreto 1170 (que establece el límite de las primeras 12 semanas para la práctica de un aborto no punible), mediante el cual se judicializa el acceso a este derecho de las mujeres violadas.


Más que nunca, queda expuesta la necesidad de imponer la derogación de este decreto y la aprobación del proyecto del Partido Obrero: un protocolo de intervención ante estos casos, que con la sola solicitud de la mujer o su tutor, si es menor, tenga acceso a la interrupción del embarazo.


Tras el Ni Una Menos, comienza así una campaña de pronunciamientos públicos y la convocatoria a todas las organizaciones que luchan hoy por los reclamos de la mujer. Este primer round seguirá con la presentación del proyecto de Consejo Autónomo de la Mujer, que contrapuesto con el Observatorio de Urtubey; sea votado por el padrón femenino desde los 13 años y tenga su propio presupuesto. Es decir, un organismo independiente del Estado, que efectivice la movilización de las mujeres y la clase obrera, para terminar con las violaciones, asesinatos y desapariciones.


El objetivo será, entonces, ganar la calle por los reclamos de la mujer y organizarse para ser parte de una enorme movilización nacional hacia Rosario en el próximo Encuentro Nacional. Por el aborto legal, seguro y gratuito; para terminar con la trata y los asesinatos de mujeres.