El 9 de marzo, la movilización por el día internacional de la Mujer trabajadora será abrazada por los trabajadores, las mujeres y todo aquel que entienda la importancia de movilizar en forma independiente de aquellos que han gobernado y promueven diferentes formas de violencia contra la mujer desde el propio Estado. La crisis abierta por la muerte de Nisman puso de manifiesto la descomposición en la que nos han sumergido el gobierno, de un lado, y sus circunstanciales antagonistas de la Justicia y los servicios, pasados ahora a la oposición, por el otro.

 

Ana María Acevedo, madre pobre de la localidad de Vera en Santa Fe, muerta porque el director del principal hospital público provincial, designado y defendido por el binnerismo, le bloqueó la posibilidad de practicarse un aborto legal para poder realizarse un tratamiento de quimioterapia que hoy la tendría junto a sus tres hijos. Paulina Lebbos, asesinada en medio de una fiesta de los hijos del poder, con vasos comunicantes que conducen al gobernador kirchnerista de la provincia de Tucumán, Alperovich. Marita Verón y junto al de ella, miles de nombres de mujeres secuestradas, violadas y explotadas para el negocio de la prostitución. Iara Carmona, abusada por un integrante de las fuerzas de seguridad, protegido por sus superiores y por la Justicia. Estas son algunas de las causas que nos imponen una gran marcha contra este régimen social para el Día Internacional de la Mujer trabajadora.

 

El 8M debe tener como eje de su denuncia la violencia contra la mujer que se impulsa y encubre desde el propio aparato del Estado. El aparato de inteligencia, el de Stiuso y el de Milani, tiene las manos manchadas de secuestros, violaciones, torturas, apropiación de niños, amenazas y otras prácticas que son moneda corriente para preservar el multimillonario negocio de la prostitución.

 

En el año 2011, la hija del segundo de la Side, Lorena Martins, denunció que su padre, Raúl Martins, trabajaba junto al agente “Lauchón” Viale, en el regenteo de varios lugares de explotación sexual. La causa abierta y la posterior muerte de Viale a manos del aparato policial de la provincia de Buenos Aires, no alcanzaron para que se tomara una sola medida desde el gobierno nacional. Se encubrió un caso que incluso comprometía a Mauricio Macri. Los archivos de inteligencia referidos al trabajo de Martins dentro de la propia Secretaría de Inteligencia siguen muy bien preservados por Parrilli y Milani. El negocio de la trata de personas se cocina muy arriba en la estructura del Estado. Los archivos sobre el destino de Marita Verón, Fernanda Aguirre o María Cash son preservados en defensa del Estado cómplice de la trata de personas. El kirchnerismo, a la cabeza del aparato de inteligencia durante doce años, rechazó abrir archivos de inteligencia, silenció gravísimas denuncias y hasta se valió de importantes ministros para cooptar o desautorizar a familiares de víctimas de la trata. La historia de la ley de trata de personas, cuyo seguimiento estuvo a cargo de Aníbal Fernández, es un retrato de la política oficial. Resistida primero su aprobación, luego modificada por el escándalo de la absolución de los imputados en la causa de Marita en 2012, hoy su reglamentación siquiera ha sido completada. En esta política, a CFK la acompañó el “Partido Judicial” que sólo condenó a menos de un centenar de regenteadores del negocio, la mayoría de los cuales ya en libertad.

 

Nos metemos con todo en la convocatoria del 9 de marzo por la apertura de los archivos de inteligencia, para echar a Milani, por la legalización del aborto y el desmantelamiento de las redes de trata.