Al día de hoy son 10 los policías procesados con prisión preventiva por coimear comerciantes  a cambio de seguridad privilegiada y proteger el  prostíbulo ‘Pampita’ en el barrio de Belgrano. Los policías fueron detenidos el 4 de noviembre pasado mientras se encontraban en funciones.

Que los uniformados procesados atraviesen toda la jerarquía de la fuerza, sumado a que lo recaudado en la “caja negra” era distribuido a organismos superiores dan la pauta de que no se trata de una manzana podrida, sino de una institución del Estado corrompida hasta la médula.

Asociación ilícita, falsedad ideológica, encubrimiento agravado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y extorsión son algunos de los cargos que caen sobre los policías. Según las denuncias y la investigación del fiscal, aquellos comerciantes que  se negaban a pagar la “coima” habían sido víctimas de robo (zona liberada).

Estado proxeneta

El dueño del prostíbulo ‘Pampita’ también se encuentra detenido acusado de explotación sexual y su local fue clausurado. En momentos del escándalo por la detención de los policías y la clausura del local, funcionarios del Gobierno de la Ciudad miraron para otro lado. La pretensión que prima es que las responsabilidades en términos de corrupción, asociación ilícita y proxenetismo no lleguen al poder político. Sin embargo, no hay forma de imaginar el funcionamiento de esta mafia sin la anuencia de las autoridades de la ciudad.

Pampita, el prostíbulo ubicado en Pampa al 600, no sólo aportaba a la caja negra de la 51° sino que los oficiales pasaban cotidianamente a buscar “donaciones” (botellas de champagne y latas de bebidas energizantes) para el comisario Héctor Palacio, ahora procesado y detenido. 

En tiempos donde se debate si la prostitución puede ser una elección para mujeres y trans y si debe ser ‘considerada un trabajo’ que puede ser regulado convirtiendo a sus explotadas en monotributistas, escándalos como el de ‘Pampita’ echan luz sobre la existencia de un Estado que desde todas sus esferas incrementa sus cajas negras a través de la explotación sexual.

Aquí no se trata de un debate moral sobre la libre elección de prostituirse -si ésta existiera- sino de colocarse del lado del Estado proxeneta o del de las mujeres y trans que se reconocen o no víctimas de explotación sexual.

Como Alika

El histórico juicio en Ushuaia, que tiene a Alika Kinan como protagonista, es el primer proceso en que la querellante es una víctima sobreviviente y pone en evidencia sistemas de explotación sexual y la organización de los grupos delictivos desde el Estado.  Alika fue rescatada del prostíbulo Sheik en 2012, en la capital fueguina, luego de ser explotada sexualmente durante 16 años, padeciendo agotadoras jornadas de explotación, de la mano de golpes, drogas y todo tipo de violencia. La municipalidad tiene una demanda civil en este proceso que, si prospera, será un gran punto de apoyo para juzgar a todos los responsables políticos en el funcionamiento de las redes de trata y prostitución.

El caso de Alika, como el de todas las mujeres y trans explotadas en prostíbulos como en ‘Pampita’ hace evidente el doble papel del Estado: por un lado el desamparo total a las víctimas y, por otro, la complicidad y participación necesaria en el negocio, con, por ejemplo, la habilitación y protección policial de la 51° en todos sus niveles.

Desde el Plenario de Trabajadoras exigimos que se investigue también la complicidad del poder político en los delitos de explotación sexual y la asociación ilícita en la ciudad de Buenos Aires y que se desmantelen las redes de trata y explotación sexual.

Este 25 de Noviembre paramos y nos movilizamos de Congreso a Plaza de Mayo contra todas las formas de violencia hacia las mujeres!