La Guía para abortos no punibles constituye un cuerpo de instrucciones del Ministerio de Salud a los médicos de los hospitales públicos para actuar ante casos de abortos no punibles: cuando corre riesgo la vida de la madre, cuando no es viable el feto y cuando el embarazo es producto de una violación.

Ahora, “se actualizó”, según declaró en Nueva York la Presidenta del Consejo Nacional de la Mujer y según se pudo ver en la propia página del Ministerio.

Unos días después, el ministro Manzur desmentía la firma de esa ‘actualización’ y ratificaba la guía elaborada en el 2007. El tema generó una crisis dentro del gobierno.

La Presidenta y Manzur habían dado marcha atrás. “Respecto de la posibilidad de legalizar la interrupción de un embarazo no deseado: “Ustedes ya saben lo que pienso, que no”, dijo la Presidenta el jueves en Pekín” (La Nación, 21/7).

La actualización de la Guía pretendía sustituir el debate del aborto legal en el Congreso.

Sobre la nula efectividad de este tipo de normativas dan cuenta el propio protocolo que está aprobado desde el 2007 y las múltiples reglamentaciones locales que se sucedieron en estos años, aunque algunas de ellas alivianaron la responsabilidad médica sobre el tema. Sin embargo, no pueden suplir la sanción de una ley; “(…) las nuevas reglamentaciones instauran un retroceso importante en las garantías establecidas por el artículo 86, agregando condiciones incumplibles en un sistema de salud desmantelado”, decíamos en una nota de la compañera Olga Cristobal en junio de 2007 (po.org.ar/node/5590). Algunas de las críticas que hicimos en soledad ese año fueron tomadas en la Guía modificada que no prosperó.

La reciente aprobación del matrimonio homosexual ya produjo fisuras políticas en el oficialismo y en la oposición, que ambos trataron de esconder detrás de la llamada “libertad de conciencia”, por lo que nadie quiere tocar el tema del derecho al aborto. El tratamiento desigual de uno y otro desmiente que los partidos patronales tengan una posición progresista en torno a los derechos políticos.

Las personas que consideran que hay que despenalizar parcial o totalmente la práctica del aborto representan, sin embargo, casi al 70% de los encuestados (La Nación, 22/7 encuesta de Mora y Araujo).

El kirchenrismo le da espalda al tratamiento de este derecho de las mayorías de mujeres de la misma forma que se empecina en frenar el 82% móvil para los jubilados.

Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal y seguro para no morir. Que se trate y se apruebe en el Congreso el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto. Separación de la Iglesia del Estado. Basta de subsidios a la curia.