Días atrás Delfina, de la localidad entrerriana de Basavilbaso, denunció a través de sus redes, en los medios y en la justicia haber sido abusada sexualmente en su niñez por parte de Luis Alberto “Cacho” Pitura.

La denuncia de la joven, de 21 años, despertó una importante reacción de las y los vecinos de la ciudad, que el domingo 27 se movilizaron junto con ella a la casa del agresor. A la de Delfina se sumó la acusación de otra joven contra el mismo, también por vejámenes cometidos en su niñez.

El caso es ejemplar en relación con las políticas de Estado ante estas denuncias. Desde la Dirección de Mujeres de Concepción del Uruguay no se han instrumentado respuestas, demostrando que los gobiernos “preocupados por las políticas con perspectiva de género” no tienen ninguna intención por sí mismos de poner en práctica una política sustancial que apunte a prevenir, atender y erradicar la violencia. Solo ha habido alguna reacción por parte de organismos de la ciudad. El Estado está presente ante todo a través de la cobertura a los agresores (tiene dos policías en la puerta de su casa, tras la gran movilización popular) y la desprotección a las víctimas.

Delfina dialogó con el Plenario de Trabajadoras de Entre Ríos sobre su historia y la lucha que vienen llevando adelante.

¿Cuál es tu denuncia?

Fui a denunciar por haber sido abusada sexualmente por un miembro de la familia, cuando tenía alrededor de 7/8 años.

¿Cuál es la situación judicial actualmente?

La causa se lleva a cabo en la Fiscalía de Concepción del Uruguay, quien lleva mi caso es la Dra María Gabriela Seró. Actualmente solo sabemos que se incautaron dispositivos durante el allanamiento, los cuales están siendo investigados en la provincia de Buenos Aires. Él [Pitura] sigue libre.

¿Tenés abogado/a?

Por el momento no, eso aún se está evaluando en familia.

¿Recibiste contención psicológica y/o legal?

A partir de que hice la denuncia no recibí ayuda psicológica. Si bien me dijeron que iban a coordinarme un turno, debí buscar ayuda por mis propios medios luego de una semana de espera, viendo que no recibía noticias por parte de quien debía brindarme dicho apoyo.

¿A quién están enfrentando?

Somos conscientes de que no estamos enfrentando a “un don nadie”, porque es una persona con alto poder adquisitivo.

El domingo 27 se realizó una gran movilización popular en la ciudad. ¿Por qué crees que te acompañaron en este pedido de justicia?

Creo que me acompañaron porque a pesar de pedir justicia por mí, pedían justicia por ellos, todos tenían una historia que contar, todos habían pasado por algo similar, simplemente que eran tiempos diferentes donde no se apoyaba mucho a nivel comunidad, no había tanto empoderamiento de la mujer y la sociedad era aún más machista, y donde todo se escondía debajo de la alfombra. Hasta hoy. Y recalco lo de la sociedad machista, porque el abuso no ocurre solamente en niñas, sino en niños, y lamentablemente a ellos les cuesta el doble contarlo, reitero por la sociedad en la que vivimos y creo que eso está empezando a cambiar. Me han escrito muchas chicas que pasaron por lo mismo y mamás de víctimas que aún no se animan a contarlo, como si confiármelo a mí fuese liberador, en alguna parte, para ellas.

¿Qué papel están jugando las organizaciones de mujeres de la ciudad?

En cuanto a las organizaciones de mujeres de la localidad no es que hubo acompañamiento como grupo en sí, sino cada una, individualmente, me escribió o se hizo presente en la marcha, pero no como organización.

¿Desde la dirección de mujeres se acercaron para brindarte ayuda? O alguna otra organización estatal.

Sí, quien me brindó ayuda inmediatamente fue Débora Levitzky, que está a cargo de la Coordinación de Derechos de la Mujer en la localidad de Basavilbaso.

¿Cómo continúa la lucha?

Sabemos que el proceso no va a ser fácil. Hay que tratar de mantenerse unidos y fuertes para llegar a nuestro objetivo que es que se haga Justicia. Esperamos que este no sea un caso más que quede impune y vamos a seguir luchando por eso.

La política estatal de protección del abusador y violador se ha mantenido incluso en la cuarentena, lo que supone que la niñez está más expuesta que nunca. La combinación entre el aislamiento obligatorio y la misoginia del Estado para con las víctimas genera un aumento de la violencia intrafamiliar, que se ha reflejado dramáticamente, con los 224 femicidios ocurridos en el país, desde inicios del año. La cuarentena multiplica los ya numerosos obstáculos para obtener respuestas de la Justicia y acceder a las medidas de protección de las víctimas.

Más que nunca desde el Plenario de Trabajadoras exigimos la implementación efectiva de la ESI laica y científica para que sirva como herramienta real para identificar y prevenir estas situaciones; creación en los colegios de un equipo interdisciplinario para atender las necesidades de todas las mujeres y diversidades de la comunidad educativa, Casas Refugios y un Consejo Autónomo de las mujeres, que sea un programa de organización y de autonomía política frente al Estado. Y, por supuesto, para que seamos nosotras mismas las que tomemos en nuestras manos la batalla contra la opresión y la violencia. Así nos estamos organizando.