En Río Negro, comenzó el juicio contra el ginecólogo del Hospital de Cipolletti, Leandro Rodríguez Lastra, por haberse negado a aplicar la interrupción legal del embarazo a una joven víctima de violación y forzarla a continuar su embarazo.

La joven, de 19 años, fue violada en noviembre del 2016 y asistió al hospital de Fernández Oro en enero de 2017 ante la sospecha de estar embarazada. Allí  le dieron turno para un análisis de sangre recién para fines de marzo. Desde un primer momento manifestó su intención de abortar, amparada en la ley que la asiste.

El 30 de marzo se presentó en la guardia del Hospital de Cipolletti, donde fue atendida por Rodríguez Lastra (jefe del servicio de ginecología). Según consta en el expediente, Rodríguez Lastra y sus colegas “internaron (a la joven) en contra de su voluntad más de dos meses; la obligaron a seguir cursando el embarazo; le indujeron el parto y luego dieron el bebé en adopción. Desde entonces, según afirman quienes siguen el caso muy de cerca, sufre un grave estado de fragilidad que incluyó intentos de suicidio” (Río Negro, 12/5).

Lastra enfrenta el cargo de incumplimiento de los deberes de funcionario público. El caso de la joven estaba perfectamente encuadrado en la ley provincial Nº 4.796 de aborto no punible.

Tras la denuncia, los sectores clericales de la provincia han lanzado una fuerte campaña en defensa de Rodríguez Lastra –que se autodenomina un “valiente gladiador”. Como jefe de ginecología del hospital de la ciudad cabecera de una región que abarca varias ciudades vecinas ha logrado la objeción de conciencia masiva de los médicos ginecólogos de la zona, lo que ha dejado sin ginecólogos que garanticen la ILE a las mujeres del área. Ante este hecho, la respuesta del ministerio de Salud provincial ha sido administrativa: “tenemos médicos que no son objetores en Roca, Bariloche o Viedma”. Pero Roca está a 50 kilómetros de Cipolletti y unos 150 de Catriel. En tanto Bariloche o Viedma distan más de 500 kilómetros de Cipolletti.

La acción de los “celestes” es parte de una política promovida y amparada desde el Estado contra los derechos elementales de la mujer. No es solamente Río Negro, en otros casos conocidos nacionalmente, autoridades de las secretarías de salud impusieron la continuación de sus embarazos a niñas de 11 y 12 años en Salta y Tucumán. Un fallo judicial en favor del respeto a la ILE en Río Negro será una herramienta más para seguir peleando por el reconocimiento del derecho al aborto no punible y contra el poder de las iglesias en el sistema de salud.