El asesinato de la niña Nahiara de tres años de edad ocurrió en las primeras semanas de abril en el Paraje “Las Mochas” cercano a la localidad de Los Menucos. La autopsia reveló un golpe fatal en el cráneo y además que el cuerpo de la niña poseía un largo historial de violencia. Los imputados por los hechos, su madre Valeria Miranda y Carlos Erbin, su pareja, a quienes el fiscal jefe de Gral. Roca, Andrés Nelli, acusó de homicidio simple a Erbin y a Miranda de homicidio agravado por el vínculo. A su vez la jueza María Gadano ratificó la prisión preventiva y se avanza en la investigación, sin vacilar la Justicia sostiene que tanto su madre como Erbin fueron los asesinos de la niña.

La abuela materna de Nahiara se ha constituido en querellante y su abogado Hertzriken Velasco ha manifestado ya una posición distinta expresando que “hay elementos suficientes para considerar el caso como un femicidio. La historia familiar y las denuncias previas contra el padrastro -cree el abogado- deberían ser consideradas por la justicia a la hora de formular los cargos”. “Si un hombre mata a una niña y hay un contexto de violencia de género, el hecho merece ser calificado como femicidio” (Infobae 15/4/20), quien a su vez solicitaría que se separen las causas, en tanto, entiende hay intereses contrapuestos, aunque la justicia rionegrina no da crédito a este planteo.

Este cuadro aberrante pinta de cuerpo entero a la Provincia de Rio Negro en lo que refiere a la atención de la violencia de género, y cada caso tiene un mismo hilo conductor, que remite a la responsabilidad del Estado. Recordemos a Valeria Coppa, asesinada por su expareja en Bariloche en enero del 2019, ¿Dónde trabajaba Valeria? en la Senaf (secretaría de niñez, adolescencia y familia) de la ciudad, la provincia le adeudaba tres salarios, hacía tres meses que poseía un contrato precario, se desempeñaba como operadora en esa Secretaría. Los antecedentes: Valeria había denunciado por violencia a Cordi, y este ya había sido sobreseído por el juez Calcagno por abuso sexual agravado, en una causa anterior.

Sofía, una niña de tres años de la localidad de Lamarque, fue asesinada por su padrastro en febrero del 2019. Los antecedentes: la jueza de paz Claudia Bascuña había recibido la denuncia de maltrato infantil y la había girado a la Senaf, que la dejó en lista de espera, dado esto, Bascuña solo se limitó a labrar un acta para que la policía apercibiera a la madre y su pareja de no volver a cometer actos violentos contra la niña. Luego de que este caso tomara estado público, el por entonces gobernador Werectineck declaró que la Senaf dependía directamente del ejecutivo provincial y que no había problemas de presupuesto, rápidamente se convocó a concursos para trabajadores sociales, psicólogos, operadores, administrativos, un llamado que estaba dirigido a cubrir y reforzar todas las aéreas de Senaf en la provincia. Ingresaron los trabajadores, pero no se cubrieron todos los puestos de trabajo, no hubo contrato y, aun hoy, persiste el reclamo del pago de salarios adeudados y los históricos de insumos, recursos e incluso edificios para la atención de las distintas demandas sobre las que interviene Senaf.

Como telón de fondo aparecen los mismos elementos de siempre en estos casos, la inacción policial frente a las denuncias, la Secretaria de Niñez y Adolescencia (Senaf) sin recursos, ni personal, es decir, desmantelados frente a las demandas de las familias que piden a gritos respuestas inmediatas, concretas, el accionar de la Justicia que desestima y minimiza las denuncias, y en el caso de Valeria Miranda que ya había pedido ayuda, la justicia le imputa la muerte de su hija y criminaliza a quienes movilizaron en Los Menucos pidiendo justicia por el asesinato de la niña.

Con una veintena de femicidios registrados desde el inicio de la cuarentena por el coronavirus no hay ninguna respuesta real de los gobiernos para las mujeres, no será real mientras se siga pagando la deuda externa, por ello desde el PdT exigimos:

Justicia por Nahiara Miranda y todas las víctimas de femicidio y violencia de género.

Libertad a Valeria Miranda, Valeria es víctima de violencia de género, no responsable.

Desprocesamiento de los vecinos que se movilizaron.

Aumento real del presupuesto para la atención de la violencia de género en base al no pago de la deuda externa, el gobierno es el responsable.

Basta de femicidios.

Ni una menos, vivas y libres nos queremos.