A los 17 años, la joven jujeña Romina Tejerina fue violada por Pocho Vargas, un vecino vinculado al PJ y a la policía. Desde entonces, Vargas no sólo se burló de ella sino que también amenazó con matar a sus padres si lo denunciaba. La joven ocultó su embarazo e intentó abortar. El 23 de febrero dio a luz en el baño de su casa y, en estado de shock, hirió con una trincheta al bebé, que murió en el hospital. “Vi la cara del violador”, fueron sus palabras. Entre el 2 y el 9 de junio, Romina Tejerina será juzgada en Jujuy.

Romina —que puede ser condenada a prisión perpetua— tuvo un proceso plagado de irregularidades: el juez Argentino Juárez se tomó 11 meses para presentar el acta de procesamiento y no menciona la violación pero acusa a la joven de usar polleras —cortas— e ir a mucho a los bailes. La defensa planteó la inimputabilidad de Romina por haber actuado bajo stress post traumático y en estado puerperal, lo que fue confirmado por el perito de parte. El juez lo rechazó: Romina, afirma, “tuvo intención homicida para con su hija antes del hecho, cuando quiso abortar en reiteradas oportunidades y también al momento del parto”.

La perito de parte dice que la falta de atención médica y psicológica de Romina —no autorizadas por el juez— ha vuelto crónico su cuadro de disociación psíquica. Juárez tampoco autorizó la realización del ADN ni de una autopsia que hubiera determinado el tiempo de gestación (la que hizo el médico forense, curiosamente, no lo precisa). Los análisis habrían comprobado si la defensa está en lo cierto al afirmar que el feto fue expulsado por las innumerables maniobras abortivas y que era inviable. Esto implicaría un cambio de carátula de homicidio agravado por el vínculo a aborto, que tiene una pena mucho menor.

“Detrás del procesamiento a Romina Tejerina se encuentra enmascarada la cuestión del aborto. Se intenta homologar intento de aborto a intento de infanticidio, de lo cual no es difícil extraer el corolario: aborto = infanticidio”, apunta María Moreno (Página/12, 12/9). Pero aun si se tratara de un bebé prematuro, la imputación de homicidio agravado por el vínculo es una aberración jurídica. Existe una vasta jurisprudencia nacional e internacional que considera atenuante el estado puerperal (una crisis psicótica de origen hormonal que se produce en las semanas siguientes al parto). En la Argentina, el “estado puerperal” tenía su figura específica en el Código Penal hasta 1994: “Art 81. inc. 2º. Se impon drá de uno (1) a seis (6) años (…) A la madre que para ocultar su deshonra matare a su hijo durante el nacimiento o mientras se encontrare bajo la influencia del estado puerperal”. El senador radical Eduardo Lafferriere propuso derogar la figura de infanticidio homologándolo al homicidio. Argumentó: “que ni la honra ni el honor se comprometen hoy en el parto”. ¿En qué mundo vive?

Justicia tuerta

Una vez presa, Romina formuló la denuncia penal contra el violador. Vargas fue detenido recién siete meses después. Fue sobreseído por el juez Samman 23 días más tarde, en noviembre 2003, porque no coincidía la fecha de la violación con el tiempo de gestación del feto, determinado “a ojo” por el médico del Hospital de San Pedro. Samman tampoco autorizó el ADN ni la autopsia: hacerlo hubiera implicado acreditar la fecha del ataque sexual. La defensa denunció por falso testimonio a los testigos, dos de ellos policías. La Sala de Apelaciones confirmó el sobreseimiento sin ofrecer fundamentación (esto es ilegal) y sin responder a ninguno de los planteos realizados por la defensa de Romina.

Usos y costumbres

Romina Tejerina está detenida con otras 24 mujeres, tres de ellas acusadas de infanticidio. Otra presa, Olga Verón, mató a su padre, un policía que la golpeaba y violaba a ella, a su madre y sus hermanas. Tres meses antes de que la joven lo matara, éste trató de ahorcarla. Un vecino lo denunció. El juez Samman —el mismo que juzgó a Vargas— le dijo a Olga que “debía respetar a su padre” y lo dejó en libertad.

La complicidad de la Justicia jujeña con la violencia contra la mujer y con los violadores es denunciada hasta el hartazgo por las delegadas jujeñas en los Encuentros de Mujeres, que se pronunciaron unánimemente en Rosario y en Mendoza por la libertad de Romina. El gobernador Fellner también se negó a recibir a los padres. Romina Tejerina ha sido descripta como un monstruo. Es difícil, sin embargo, no ver en esa joven una víctima de una sociedad feudal y una legislación retrógrada.

Sólo con administrarle la píldora del día después la tragedia no hubiera sucedido. Sólo con que hubiera podido abortar legalmente.

Exigimos el desprocesamiento y la inmediata libertad de Romina Tejerina. Exigimos cárcel al violador Pocho Vargas.