El 3 de abril un llamado anónimo alertó sobre el hallazgo de restos humanos calcinados en Clavel al 7200. El cadáver tenía dos orificios de bala. Se confirmó que pertenecen a una joven de 20 años y también se hallaron en el lugar restos de ropa de la joven que fue reconocida por los familiares de Nerea -aún está en curso el análisis de ADN para corroborar que se trate de ella.

 

El 12 de abril, cuatro meses más tarde de la denuncia por su desaparición, el fiscal Schiappa Pietra ordena el allanamiento del domicilio de "el Chori", señalado por la familia desde un inicio por la familia como responsable de la desaparición. En el allanamiento encontraron ropa de la joven  con restos de sangre, además de guinchos y cadenas, indicios de que allí hubo una persona secuestrada (Página 12). Hoy se encuentra imputado por privación ilegítima de la libertad.

 

El caso de Nerea es el reflejo de la extrema vulnerabilidad a la que se encuentra expuesta la juventud de las barriadas más populosas de Rosario, donde prima la desocupación y el dominio de las bandas narcos  que gozan con la protección de la policía y el poder político santafesino para captar a la juventud y a mujeres como Nerea para que sean "soldaditos" en los bunkers de drogas, carne de cañón de estos negociados delictivos millonarios.

 

La familia de la joven señala que su hija intentaba salir de su adicción a las drogas y que en ese camino llegaron a solicitar ayuda en Tribunales, donde les dijeron que no había lugar gratuito para internar a su hija y que sólo existían sitios pagos. El año pasado Nerea estuvo internada en el Hospital Psiquiátrico Agudo Ávila, de donde la familia la retiró porque la mantenían todo el tiempo dopada, al punto de que no podía hablar. 

 

Como en el caso de Araceli Fulles y el de la niña Rosarina Guadalupe Medina, los familiares de Nerea denuncian que ni la policía ni la fiscalía hicieron nada para buscarlas, sino que han operado para entorpecer la búsqueda efectiva de las jóvenes. El caso de Nerea también se asemeja al de Valentín Reales de Pérez, que aun se encuentra desaparecido y en el barrio es vox populi que los responsables de su desaparecieron estarían  ligados a la banda de narcotraficantes “Los cuatreros”, de vinculación directa con la policía. 

 

La responsabilidad estatal es clara. El gobierno del Frente Progresista ejecuta un ajuste que deteriora las condiciones de vida de la clase trabajadora y ampara a la policía que libera zonas enteras para el delito, que tiene entre sus víctimas a la población trabajadora.