La Cámara Federal de Apelaciones de Salta revocó el procesamiento de los propietarios de los prostibulos Terra Nostra, Don Quijote y Rumy, detenidos desde el 15 de agosto pasado. La revocatoria desvincula a los tratantes al destacar que las mujeres encontradas, 37 en total, “trabajaban, estudiaban y vivían con sus familias en algunos casos”. Esta especificación obedece a que la Ley Nacional de Trata Nº 26.364 determina la comisión del delito cuando existe una situación de vulnerabilidad de las víctimas. El operativo de los jueces es demostrar que hubo consentimiento. Para Jorge Villada, presidente de la Cámara Federal de Apelaciones, el fallo deja en pie los delitos de promoción y facilitación de la prostitución y el de explotación de la prostitución y recomienda seguir investigando los vínculos con los prostíbulos de Calama en Chile.

El prontuario de los imputados deja en evidencia que Elida Noemí Arias ya había sido procesada por el juez Julio Leonardo Bavio, por infracción a la Ley 26.364, cuando obligó a prostituirse a una jóven que se desempeñaba en el local llamado Blue Sky, de su propiedad.

Entonces, como concejala del Partido Obrero, denuncié que Elida Arias había vuelto a abrir otro boliche, ahora con el nombre de Rumy, con la autorización de la entonces secretaria de Comercio y Protección Ciudadana de la Municipalidad y ahora diputada nacional oficialista, Cristina Fiore.

Otro prontuario peligroso es del Bar Don Quijote, habilitado como confitería con espectáculo por el municipio desde hace 10 años. Hay una mujer, María Eser Maidana, desaparecida desde 2008 que trabajaba de copera en ese burdel y certezas de que es víctima de trata. El juez federal Julio Bavio estaba analizando una pista, pero recién en mayo de este año solicitó la foto a los juzgados de Salta. ¡Cinco años para pedir una foto!

La complicidad judicial es la razón por que no aparecen las mujeres desaparecidas. Hay una red de responsabilidades estatales que garantizan este negocio. Cuando desaparece una mujer, primero hay que luchar para que la policía tome la denuncia por desaparición, después la justicia salteña se toma años en determinar si es o no un caso de trata y la justicia federal tarda cinco años en solicitar una foto y, por último, al momento de juzgarlos, sólo una minoría llega al banquillo de los acusados.

Gabriela Cerrano