Mujer

18/5/2018

Salta: el decreto que obliga a una niña violada a cursar su embarazo

Un retrato de la provincia de Urtubey

Una semana atrás la indignación social estallaba en las redes y en las calles por la violación en banda de una estudiante de 13 años que regresaba a su casa en Rosario de Lerma.


Ahora un nuevo caso sale a la luz. Una niña de 10 años llegó al Hospital Materno-Infantil por dolores estomacales, y luego de ser examinada se descubrió que cursa un embarazo de 19 semanas. 


Este es el retrato de la provincia de Urtubey, en la que el Estado legitima las violaciones, obligando a las niñas abusadas a maternar. Un informe del Hospital Público Materno Infantil, el principal hospital de la provincia, arroja datos escalofriantes: “ En el 2017 de 8300 partos, 1513 son de madres de entre 10 a 19 años. De esos, 40 partos son de niñas de entre 10 a 14 años. (…). Además, solamente "hubo ocho interrupciones legales del embarazo, entre adultas y menores.” (El Acople, 15/5).


Debido al decreto 1170/12, que el Ejecutivo provincial impuso con aval de la justicia y orden de la Iglesia, la niña de 10 años deberá cursar el embarazo producto de la violación de su padrastro, porque en el mismo se establece un periodo límite para acceder al aborto no punible de 12 semanas. Tal como denunciamos, este instrumento inconstitucional bloquea el derecho de acceder a la interrupción legal del embarazo y garantiza el sostenimiento de la violencia contra las mujeres. Sin ese decreto un abogado o el propio medico podría apelar a causales de salud y hacer el aborto, porque afecta la salud mental de la niña cursar el embarazo y es un riesgo un parto, sea normal o cesárea.


Hoy en todo el país crecen los pronunciamientos a favor del aborto legal, seguro y gratuito. En este cuadro, el gobernador de la “inteligencia artificial para detectar embarazos no deseados” esbozó un pronunciamiento por la despenalización. Pero la realidad es otra. No piensa en derogar su decreto nefasto ni quiere una efectiva salida a las miles de mujeres que en Salta terminan internadas por abortos mal cursados, 1700 solo en la maternidad pública.


La lucha por la derogación del decreto de Urtubey, que ni siquiera se cumple en sus propios términos a causa del desmantelamiento de la salud pública y la falta de médicos no objetores, es la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito, contra el Estado, gobierno y secuaces en el Congreso y la legislatura. En este camino, los diputados del Partido Obrero volverán a la carga por la aprobación de una Ley que garantice el acceso pleno al aborto no punible. 


Este 28 de mayo, día internacional de acción por la salud de las mujeres, exijamos la derogación del 1170, el equipamiento de todos los hospitales y salitas con el kit de suministros básicos para la atención y protección de personas abusadas sexualmente -lo que incluye la pastilla del día después y el shock antiséptico ante posible contagio de enfermedades venéreas-, y por el aborto legal, seguro y gratuito.