Guillermo Posadas es el presidente de la Corte de Justicia de la provincia de Salta, y acaba de mandar al Senado provincial una carta en la que se manifiesta muy ofendido porque la senadora Gabriela Cerrano lo comparó con el juez bonaerense Horacio Piombo, quien, junto con su colega Benjamín Sal Llargués redujo la pena del violador de un niño de 6 años porque, según ellos, el chico era homosexual. Posadas, en su nota, pretende poner límites al derecho de opinión de una defensora de los derechos de las mujeres, y decirle al Senado sobre qué pueden opinar y sobre qué no pueden hacerlo los miembros de la Cámara.

 

Cerrano había hecho aquella comparación en una columna periodística que publicó el 1° de junio de este año en el diario Infobae. En esa nota, nuestra compañera recordaba un fallo de la Corte salteña del 29 de setiembre de 2006, en el cual ese tribunal disponía el desprocesamiento de un hombre que había violado a su hijastra de 10 años, a la que además dejó embarazada. La Corte justificó su fallo en el hecho de que el violador y su víctima pertenecían a la comunidad wichí, que por “preceptos ancestrales y culturales” permite que las niñas tengan relaciones sexuales “desde la primera menstruación”. Ese fallo, respaldado por el antropólogo Víctor Márquez, de la Universidad Nacional de Salta, fue firmado por Posadas y por los ministros Omar Antonio Silisque y María Rosa Ayala, con el único voto en contra de la jueza María Cristina Garros.

 

En su respuesta a Posadas, Cerrano dice que aquel fallo creó “un aberrante precedente de impunidad y desprotección para las niñas de comunidades que, por particularidades culturales, tendrían menos derecho que otras niñas a que se respete su integridad física”. De tal suerte, los miembros de esas comunidades constituirían otro tipo de ciudadanos sujetos a derecho. El mito de la “igualdad ante la ley” cesaría incluso en sus aspectos formales y declamatorios.

 

Después de citar casos de fallos de esa Corte similares al de la niña wichí, Cerrano dice: “Estamos ante un tribunal superior que se rige por principios dogmáticos y clericales. El contenido reaccionario de estos fallos es el reflejo del régimen social y político que defienden. Tal como escribí en el artículo que dio origen a la intromisión del juez en el ejercicio de mi derecho de opinión: es un régimen feudal, clerical y de oligarquías, en el que las mujeres y los niños son las principales víctimas”.

 

Por estas razones, la bancada del Partido Obrero en el Frente de Izquierda ha presentado un proyecto legislativo para que los jueces y fiscales de los juzgados de violencia de género sean electos por el voto del padrón femenino, para que no haya en la Justicia más protectores de violadores y abusadores, o de quienes hayan ejercido violencia contra los niños. “Hoy mismo comienza una campaña de pronunciamientos para hacer avanzar esta iniciativa”, concluye Cerrano.