El 29 y 30 de junio, en la reunión de la Cepal realizada en Puerto Rico, la Argentina fir­mó -con diez artos de retraso- el Programa de Acción de la Conferencia Mundial de Población y Desarrollo (El Cairo +10,1994), que reconoce como un derecho humano el derecho a la salud sexual y reproductiva. Los gobiernos se com­prometen a destinar recursos suficientes para que en los hospitales se brinden métodos anti­conceptivos seguros, y a garantizar que reali­cen abortos en los casos previstos por la ley.

El acuerdo de El Cairo +10 -tan celebrado por la progresía nacional- en realidad no avan­za un milímetro contra las políticas que res­tringen el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo. Se propone: “Reducir la mortalidad materna garantizando el acceso a la planifica­ción familiar, la atención obstétrica de calidad, la atención a las consecuencias del aborto inse­guro y el acceso a los servicios de aborto legal cuando la legislación lo establece”

La viceministra de Salud, Graciela Rosso, se apuró a aclarar en Página/12 que la firma no im­plicaba defender el aborto sino todo lo contrario: No significa que promovamos el aborto ni su despenalización, pero queremos avanzar para ofrecer servicios de calidad en las situaciones autorizadas por la ley. Respecto de los derechos reproductivos, el acuerdo no es más que papel mojado. El gobierno de Kirchner ya estaba obli­gado por la Ley de Derechos Reproductivos -otro papel mojado- a garantizar servicios de anti­concepción en los hospitales y centros de salud. Pero jamás se cumple. Con la ley vigente, sus propias estadísticas revelan un aumento de las internaciones por abortos incompletos y un in­cremento de la mortalidad materna. Respecto de garantizar el aborto no punible, la situación es aún de mayor hipocresía: las leyes naciona­les permiten el aborto en caso de que esté en riesgo la vida y la salud de la embarazada o en caso de violación a una mujer idiota o demente. En la Capital y algunas provincias, también es legal en los casos de anencefalia, una malfor­mación que impide la vida del recién nacido. Pe­ro los servicios de salud piden autorización a los jueces y los jueces dicen que no deben darla por­que el Código Penal no la exige. En este peloteo pasan el tiempo hasta que el embarazo llega a término.

Ni el gobierno de Kirchner ni los organis­mos internacionales tienen nada que ofrecer a las numeres, como no tienen nada que ofrecer al conjunto de los explotados. La conquista de nuestros derechos será fruto sólo de nuestra lu­cha.