Lucía Salvaterra, compañera del Plenario de Trabajadoras, vive en la localidad de San Antonio Oeste y es víctima de violencia de género. Ella y su familia sufren el hostigamiento permanente de Carlos Herrera desde hace más de 6 años, quien a su vez habría sido responsable del crimen de su cuñado años atrás y de agresiones a otras parejas que también lo han denunciado.

El acusado, a pesar de tener una enorme cantidad de denuncias y una orden de restricción (permanentemente violada), nunca fue detenido, transitando libremente y armado por las calles de la ciudad. Los ataques y persecuciones, pasando por el secuestro de la hija en común, violaciones y torturas por parte del violento, no cesan. Ella tiene que estar escoltada por un custodio policial las 24 horas del día.

Lucía visibiliza en su descargo la inacción por parte del Estado, en medio de una situación de total desamparo sin la aplicación de medidas suficientes para frenar a su agresor, temiendo constantemente por su vida y la de sus seres queridos; solicita, entre otras cosas, sistema dual y un custodio para él, así como también la tobillera y botón antipánico.

Denuncia desesperadamente para no llegar a ser un número más en las altas cifras de femicidios que atraviesan nuestro país, mientras nos enfrentamos a un alarmante cuadro de violencia hacia las mujeres y diversidades, todo profundizado en medio de la pandemia. Las políticas de ajuste de los gobiernos además de no garantizar ninguna salida a nuestra situación nos dejan completamente vulneradas ante las distintas violencias que sufrimos.

A su situación de extrema violencia, se suma la vulnerabilidad económica, debido a que no puede desempeñar su emprendimiento y acudir a la feria a vender sus productos. Ella manifiesta que “la gente no me compra, no se quiere acercar porque tengo un policía al lado, tienen miedo y no quieren líos (….) es una persona muy peligrosa y con contactos”, y agrega: “me he anotado en el Programa Acompañar para recibir una ayuda económica y no he tenido respuesta alguna”.

En los últimos 8 meses apenas 800 mujeres se pudieron inscribir en dicho plan. La ayuda económica del Acompañar es irrisoria, es equivalente al Salario Mínimo Vital y Móvil que representa apenas un tercio de la canasta de pobreza, muy por debajo de las necesidades que las mujeres pobres de nuestro país tienen. Esto es el reflejo de la política del gobierno en materia de género frente a un presupuesto llevado adelante por el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, del que solo se ha ejecutado, en medio año, el 27%. Este “ahorro” que es una subejecución de lo presupuestado, se hace sobre la base de negarle atención básica y urgente a mujeres y diversidades que están hoy siendo víctimas de distintos tipos de violencia.

Lucía ni siquiera cuenta con acompañamiento legal de un abogado penal. Solo ha intercedido, insuficientemente, el juzgado de Familia. La fiscal interviniente en el caso, Mariela Coy, destituida por pedido de los abogados y familias del caso de los abusos a menores perpetrados en Gral. Conesa por el profesor de Educación Física en el colegio María Auxiliadora y denunciada el año pasado por su inacción a pesar de las reiteradas denuncias efectuadas por Carolina Rivero previas a su femicidio, no ha dado respuesta a los repetidos pedidos de intervención urgente, como tampoco lo ha hecho el Consejo de la Mujer de la localidad. Éste se ha convertido en un apéndice del aparato estatal, alejado de las necesidades reales de las mujeres de la localidad.

El desamparo que padecen las mujeres y diversidades confluye en la necesidad de organizarnos de manera independiente de los gobiernos de turno, por un plan de lucha frente a un Estado responsable y reproductor de violencias que sufrimos y que van en aumento.

Desde el Plenario de Trabajadoras exigimos un aumento a $61.000 del Programa Acompañar junto con la creación de un Consejo Autónomo de la Mujer que tome medidas concretas para que las mujeres y diversidades superemos la situación de violencia, precarización y miseria. Proponemos, impulsamos y exigimos la existencia de un fuero único dentro del Poder Judicial destinado a la problemática de género, con el objetivo de centralizar causas de la misma naturaleza.