En la madrugada del 30 de diciembre de 2020, luego de una movilización y vigilia de miles de personas en todo el país, y principalmente frente al Congreso Nacional, arrancamos la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en el Senado de la Nación Argentina. Así, hace un año, logramos quebrar el lobby de las clínicas privadas y el oscurantismo clerical, que buscaban mantener el aborto en la clandestinidad, dejando como consecuencia cientos de muertes y mutilaciones.

A un año de la conquista del aborto legal podemos hacer un balance sobre su aplicación en todo el país. El inmenso poder de las Iglesias y sus estrechos lazos con el Estado y los gobiernos han significado en muchos casos el recorte, o directamente el bloqueo, de este derecho para miles de personas. Esto, sin embargo, ha sido amparado por el oficialismo, que introdujo en la letra de la ley la figura de “objeción por ideario institucional”. Hecha la ley, hecha la trampa.

Es así que en el municipio bonaerense de San Miguel, en el noroeste del conurbano, directamente no se practican interrupciones voluntarias del embarazo en el territorio. Esto no es ninguna novedad ya que ni siquiera se implementaban los protocolos ILE, no hay ningún tipo de educación sexual integral en los colegios, la entrega de anticonceptivos gratuitos ha sido fuertemente restringida y las Iglesias están proliferadas por todas las barriadas del municipio. El gobierno de los Jaime – De La Torre, no busca ni ocultar que gobiernan para el Opus Dei en detrimento de la vida de las mujeres y diversidades del distrito.

El propio secretario de Salud, Pablo De La Torre había puesto en sus redes sociales en el 2020: “Hemos decidido estudiar medicina por vocación, para salvar vidas, para combatir la enfermedad y para combatir a la muerte. (…) Sin embargo, los médicos en los hospitales están recibiendo presiones para atentar contra la vida de las personas, contra la de los más inocentes, en contra de los más vulnerables y silenciosos. No podemos seguir callados y mirar para otro lado. El aborto es ilegal en la Argentina. No cuenten con nosotros. No cuenten con nuestro silencio y menos con nuestra complicidad. Los médicos salvamos vidas, los médicos estamos para salvar vidas. Esa es nuestra responsabilidad, nuestra misión y nuestra vocación”, demostrando concretamente la orientación antiderechos del gobierno de los Jaime – De La Torre.

La clara postura del gobierno municipal, así, condiciona las decisiones de les profesionales de la salud sanmiguelenses, que se ven imposibilitades para asistir a las personas que buscan un aborto en condiciones seguras, y de manera gratuita. A su vez, en los municipios aledaños, Malvinas Argentinas y José C. Paz, no tienen garantías de ser atendidas. En Malvinas Argentinas, municipio del actual secretario de Obras Públicas y auspiciante de los pastores evangelistas Leonardo Nardini, hay un solo espacio de acceso a la IVE, y está solo destinado para personas que ratifiquen un domicilio allí. Por otro lado, en José C Paz, hay alrededor de tres lugares; sin embargo, el Estado de la salud pública, el recorte presupuestario y la desidia del gobierno de Ishii constantemente imposibilitan el acceso de las mujeres y personas con capacidad de gestar al sistema de salud.

Mientras tanto, la situación de las mujeres y personas con capacidad de gestar empeora día a día; el pago en regla al FMI pone en riesgo no solo nuestro acceso a la salud, sino que a su vez nos expone doblemente a todo tipo de violencias: al hambre, el desempleo y la miseria, que los gobiernos municipales trasladan a partir del recorte presupuestario.

Es momento de que nuevamente la marea verde retome las calles, por el cumplimiento en regla del aborto legal, seguro y gratuito, por la inmediata separación de las Iglesias y el Estado, por una educación sexual, científica y laica en todas las casas de estudio, y contra todo tipo de violencias. A un año de esta conquista, volvemos todxs a la Plaza del Congreso a un gran pañuelazo federal, el 30 de diciembre a las 18 horas.