Hace un mes se conoció en los medios locales la denuncia y el testimonio de una joven de Río Gallegos, Belén, sobre un agresor sexual que pertenece a la Iglesia Cristiana y Misionera de nuestra ciudad.

Los hechos sucedieron hace más de 10 años cuando ella era menor de edad, pero la víctima pudo denunciarlo recién en 2014 luego de sufrir varias crisis de salud e intentos de suicidio que propiciaron que ella pudiera hablar y poner en palabras aquello que le había ocurrido en un espacio al que su familia la llevaba para ser protegida. En verdad, ocurrió todo lo contrario.

La causa caratulada como “Abuso sexual con acceso carnal en la modalidad de delito continuado”, se encuentra actualmente sustanciada en el Juzgado Nro. 3 de Rosana Suárez, quien procesó a Triviño ya que luego de ser imputado la investigación realizada dio como resultado que el delito sexual denunciado sí existió. Sin embargo, a pesar de que la denuncia fue probada con sobrada evidencia, la víctima denuncia que el fiscal de la causa Dr. Antonio Chan intentó archivarla. Se trata de las irregularidades a las que nos tiene acostumbrados en nuestra provincia la Justicia o, para ser más precisos, la falta de ella.

Han pasado 7 años desde la acusación y el inicio del proceso y la víctima sigue transitando despachos judiciales, esperando que la causa se eleve a juicio para que su agresor vaya preso y tenga una sentencia firme que se ajuste a la gravedad del delito cometido. La urgencia por que se resuelva el caso no es menor: se debe a que esta persona sigue ejerciendo su rol de “pastor”, ahora en una iglesia en Ushuaia donde comparte espacio con muchos niños.

La impunidad de esta persona no pudo ser posible si no fuera por otro integrante de la misma iglesia, el Sr. Bolívar Santos, quien al momento en que la víctima se animó a denunciar lo ocurrido la sometió a una reunión a solas con su abusador para luego manipular la situación y decir que la joven mintió con el propósito de llamar la atención.

Esta iglesia llamada “Movimiento Cristiano y Misionero” es también administradora de importantes instituciones educativas como la Universidad Siglo XXI y el Instituto de Educación Austro. Fue en este último precisamente, donde funcionaba la iglesia en la que ocurrieron los hechos de abuso que involucran a Triviño. La vinculación política con el Estado provincial es manifiesta por tratarse de una institución educativa privada subvencionada, lo que demuestra un acabado grado de impunidad para usufructuar aportes del erario público del cual sus administradores se benefician en forma particular. Estos mismos sectores son los que militan ruidosamente contra los derechos de las mujeres y realizan contramarchas hablando de una supuesta e inexistente “ideología de género” para desestimar denuncias de abuso y ocultar casos de pedofilia hacia el interior de diversas iglesias católicas y evangélicas.

Desde el Plenario de Trabajadoras, llamamos a todas las organizaciones de mujeres y diversidades independientes a sumarse a la lucha para reclamar justicia por Belén y asimismo para seguir sosteniendo la ardua lucha de los familiares y víctimas de Abuso Sexual Infantil (ASI) en cada juzgado, en cada fiscalía, en cada ministerio público y en cuantos despachos sean necesarios para que se aceleren los tiempos y de una vez por todas se tomen resoluciones concretas.

Para poder ayudar a quienes sufrieron abuso se necesita una reparación ejemplificadora, categórica y concluyente por parte de la justicia y del Estado que no sólo castigue a los abusadores de niñas y niños sino que, además, atienda las necesidades puntuales de las víctimas en su integridad física y mental y las provea de todo lo necesario para que tengan contención y pueda salir adelante después de la tragedia.