En las últimas horas se ha viralizado a través de las redes y diferentes medios el video del desfile del 9 de julio del pueblo Suncho Corral de Santiago del Estero, difundido a causa de la presencia organizada por el instituto católico y privado San Miguel de Arcángel del cual todos sus alumnos – del nivel secundario, primario y jardín de infantes – fueron instigados a vestir el pañuelo de la campaña en contra de la legalización del aborto.

Durante todo el período de debate llevado adelante a causa de la votación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, la iglesia católica se ha convertido en la cabeza del sector anti derecho. Bajo consignas vacías como “salvemos las dos vidas”, dicha institución busca encubrir el oscurantismo que propugna en función de la opresión de la mujer en todas sus formas, utilizando para este último como herramienta fundamental el adoctrinamiento a través de sus instituciones educativas.

En una entrevista radial, Gustavo Lombardo –cura párroco de Suncho Corral– afirmaba: “Este es un pueblo pro vida declarado desde hace años por el municipio. En un pueblo del interior muy pobre, la vida se ve un poco más sagrada que lo que, tal vez, ocurre en Buenos Aires” (Clarín, 11/7). Pero la realidad es muy distinta a lo que el vocero de la iglesia busca contar: en una de las últimas investigaciones realizadas, en 2014, se registraron 1.784 egresos hospitalarios en la provincia por esta causa, a las que se sumaban siete muertes maternas. Han trascendido casos como el de Carla Décima, fallecida en 2015 producto de un aborto clandestino. Santiago del Estero es una de las ocho provincias que no adhieren al protocolo de abortos no punibles, lo cual empeora aún más la situación, sobre todo en los pueblos y barrios pobres. Tampoco falta la persecución a las mujeres que abortan e incluso a sus familiares -como fue el caso de Eva- quien luego de haber muerto su hermana en manos de una curandera, había sido detenida por la justicia santiagueña como autora del aborto por haber advertido de la situación al médico que la estaba tratando.

A su turno, el padre y representante legal del colegio, Juan Cruz Fariña, declaró: "Nuestros alumnos cuentan con educación sexual en nuestro colegio. En tercer año, en biología, vemos el cuerpo humano. También, hablamos de los sistemas reproductivos, explicamos bien cada uno. Los educamos sexualmente pero para el amor. Sin que se meta la ideología de género. Diciéndoles a los chicos que es necesario que los chicos tengan un papá y una mamá. Eso es la familia. Después educamos para que sean castos hasta el matrimonio. Los educamos para que ellos tengan el dominio sobre su cuerpo". Una muestra explícita de la supuesta educación sexual brindada en los colegios confesionales y el carácter que los mismos le imprimen, confinando a los estudiantes a una enseñanza digna del Medioevo que busca instaurar una familia heteronormativa que tiene como única finalidad la reproducción, negando el conocimiento de los métodos anticonceptivos, de la misma manera que se reprime el lugar placentero de la propia sexualidad.

Es preciso señalar el aval por parte del Estado a estas instituciones. El cura Lombardo sostiene que “legalizar [el aborto] es que sea gratis en un hospital, que lo pueda hacer una nena de 13 años, que se pague con los impuestos. Y yo no quiero que se usen mis impuestos para eso” (Clarín, 10/7), pero hace caso omiso de los subsidios millonarios brindados a los colegios católicos, a costa de los impuestos pagados por millones de trabajadores.

Vamos por un gran 8A que conquiste la legalización del aborto, con una presencia enorme y abrumadora como la que protagonizamos durante la votación en Diputados, y a desarrollar una campaña por la separación de la Iglesia y el Estado, una consigna ya adoptada por el movimiento de mujeres.