Apenas diez días después de #NiUnaMenos (en Santiago marcharon más de siete mil personas), hubo dos femicidios alevosos en nuestra provincia. En ambos casos, la responsabilidad estatal es evidente.

Luciana Ferreyra, de 23 años, se había mudado a más de 300 kilómetros de su domicilio (de Quimilí a Vinará), por reiteradas agresiones y amenazas de su ex. Había realizado numerosas denuncias. La policía y la Justicia no hicieron nada; el tipo la mató a navajazos.

Viviana Himelfard había hecho, literalmente, decenas de denuncias ante distintos organismos. El 3 de junio participó del #NiUnaMenos. Un día antes de su asesinato, desde la Comisaría de la Mujer la obligaron a volver a su casa, como precondición para una posterior orden de restricción contra el violento; de lo contrario, la acusarían de abandono de hogar. No tomaron ninguna medida precautoria. El asesino la maniató, le destrozó el cráneo a golpes, golpeó salvajemente también a sus dos hijitos (3 y 5 años) y prendió fuego a la casa con toda la familia adentro. Viviana murió y sus hijos están en coma.

La gobernadora y los legisladores se sacaron fotos con el cartel de #NiUnaMenos, pero no tomaron una sola medida al respecto. De hecho, mantienen cajoneados proyectos que presentó el año pasado nuestra diputada Andrea Ruiz, del Frente de Izquierda, como la Ley para la Creación del Programa de Protección y Asistencia a las Mujeres y Familias en Situación de Violencia, que establece medidas cuya aplicación hubiera evitado estos femicidios. Exigimos su inmediata aprobación.

El gobierno y los medios oficialistas buscan presentar los femicidios como producto de individuos monstruosos, pero ocultan su total responsabilidad. La gobernadora anunció un fuero específico para la violencia de género y, aunque aún no ha presentado el proyecto, es claro que sólo se trata de humo para los medios, e incluso puede terminar siendo contraproducente.

El movimiento de mujeres local organizó una importante movilización ante estos nuevos femicidios, con más de 500 mujeres. Es evidente el contraste entre un Estado responsable de los femicidios y las tendencias de las mujeres y la sociedad en general a movilizarse contra esta realidad. Ante esto, hay un debate en curso: un sector, ligado al gobierno y al centroizquierda, plantea la “emergencia por la violencia de género”, que consistiría en “jerarquizar” los organismos estatales existentes y crear organismos específicos controlados por el gobierno.

Desde el Plenario de Trabajadoras-Partido Obrero planteamos que una declaración de emergencia sólo puede ser útil para evitar femicidios si se le asigna presupuesto real y sea controlado por un Consejo Provincial de la Mujer, electo democráticamente por las mujeres mayores de 13 años, revocable e independiente del gobierno.

El movimiento de la mujer en Santiago está en ebullición. Para desarrollar esta potencialidad es imprescindible salvaguardar su independencia frente al Estado mafioso y garante de la impunidad. Con este objetivo, proponemos a las organizaciones de lucha y a las mujeres de nuestra provincia a realizar un gran Encuentro Provincial de Mujeres, que discuta iniciativas, planteos y vote un plan de lucha contra la violencia contra la mujer y a favor de todos los derechos postergados de las mujeres santiagueñas.