El lunes 3, mientras miles marchábamos en Plaza de mayo en nuevo aniversario del #NiUnaMenos, una estudiante del CBC de Martínez era secuestrada y violentada a la salida de la sede de San Isidro. Finalmente, sus captores la liberaron en la zona de Retiro, donde pudo comunicarse con su familia.

No es la primera vez que las mujeres de San Isidro nos vemos violentadas en los alrededores del establecimiento: hemos sabido de otros casos de acoso sexual e intentos de secuestro. Mientras tanto, las autoridades de la UBA y la sede miran para otro lado y siguen ignorando el peligro que corremos las estudiantes cuando vamos o volvemos de estudiar. El Protocolo de Violencia de Género, aprobado en 2015, no nos brinda herramientas concretas frente a estos casos: en San Isidro carecemos de un gabinete donde podamos denunciar estos hechos y no se nos brinda asistencia psicológica ni legal. Tampoco ha habido ningún pedido por parte de las autoridades para que haya una mejor iluminación al interior y alrededor del predio.

Llamamos la atención también sobre la responsabilidad del gobierno municipal de Gustavo Posse, quien presenta a San Isidro como “el municipio más seguro” y destina millones a cámaras y patrullas, mientras sus fuerzas de seguridad liberan zonas -permitiendo que sucedan hechos de violencia de todo tipo sobre nosotras- y son cómplices del crimen organizado.

Exigimos al municipio que entregue las imágenes de las cámaras de seguridad de alrededor de la sede, para esclarecer quiénes son los que secuestran a nuestras compañeras de cursada.

Desde la UJS, presidencia de la Federación Universitaria de Buenos Aires, convocamos a una comisión de género para darle una salida colectiva a esta problemática.

Contra la violencia hacia las mujeres, nos seguimos organizando.

El Estado es responsable.