“El cuento de la criada” es una novela distópica escrita en 1985 por Margaret Atwood en la se habla de un país donde las mujeres fértiles son asignadas a matrimonios de la élite para garantizarles un hijo/a, a partir de una violación ritualizada. Las “criadas” no tienen derecho alguno ni siquiera sobre su propio cuerpo, y su sometimiento es clave para lograr el control del conjunto de la población, que vive sojuzgada por una dictadura económica y religiosa.

Este relato está lejos de ser una simple fantasía.  Desde hace varios años, el alquiler de vientres es un negocio cuya rentabilidad no deja de crecer. El caso más paradigmático es el de Ucrania, donde un promedio de 1.000 bebés son “producidos” al año, generando una ganancia aproximada de 100 millones de euros que se reparten, casi en su totalidad, entre las clínicas privadas que realizan los tratamientos y las agencias de intermediarios que actúan en los distintos países de Europa occidental, que ofrecen estos servicios a sectores cada vez más amplios de la población.

Antes de Ucrania, Tailandia y la India eran los paraísos de la trata reproductiva, pero diversos escándalos -que incluyeron el abandono de bebés nacidos con enfermedades o malformaciones- hicieron que se restringiera la práctica solo a residentes. Así, solo hay cinco países en el mundo que permiten alquilar vientres a parejas extranjeras: Canadá, Estados Unidos, Grecia, Rusia y Ucrania. ¿Por qué este último se ha convertido en el principal destino para conseguir una mujer dispuesta a alquilar su útero para otras personas? En primer lugar, porque el precio del total del tratamiento es la mitad del de, por ejemplo, USA, donde puede llegar a valer más de 100.000 euros. En Ucrania se puede conseguir un bebé por un promedio de 50.000 euros. Pero lo más interesante de este valor es la parte que recibe la mujer que se somete a los 9 meses de embarazo y al parto de un bebé que no le pertenecerá nunca: estas mujeres reciben un promedio de 8.000 euros, llegando a 13.000 si hay dos bebés.

Bebés a la carta en las tierras de la restauración capitalista

Para conseguir un vientre de alquiler en Ucrania hay que contactarse con agencias que realizan su actividad al borde de la ilegalidad, ya que en los países donde se encuentran la gestación subrogada no es legal. Sin embargo, actúan sin mayores inconvenientes. Son estas agencias las que realizarán todos los trámites legales y la contratación con las clínicas en Ucrania, las cuales a su vez reclutan mujeres a través de avisos clasificados, como si ofrecieran un trabajo cualquiera. Supuestamente, para calificar en el alquiler de úteros hay que estar casada (sic), tener unos 30 años promedio, haber parido al menos dos hijos sanos y no tener ninguna enfermedad. El contrato obliga a la mujer a renunciar completamente a la potestad sobre el bebé y para realizar el proceso de subrogación, no debe haber vinculación genética entre esa criatura y la mujer gestante mientras que sí es obligatorio el vínculo genético con, al menos, uno de los progenitores intencionales.

Sin embargo, estas reglas no siempre se cumplen. En 2018 los responsables de la principal clínica de gestación subrogada ucraniana, BiotexCom, fueron acusados de tráfico de personas, falsificación de documentos y fraude fiscal. Básicamente vendían bebés que no tenían vinculación alguna con los solicitantes, pero si con las gestantes. Sin embargo, esta investigación fue abandonada por el gobierno ucraniano, debido a que los ingresos generados por la subrogación de vientres representan un alto porcentaje en el PBI del país más grande y pobre de Europa del Este. La clínica siguió operando y el año pasado estalló un nuevo escándalo que mostró la verdadera cara de la gestación subrogada en manos de empresas capitalistas: es el caso de una niña que en 2016 nació con problemas neurológicos, tras atravesar un dificultoso parto prematuro y fue abandonada y enviada a un orfanato, donde vive desde entonces. Actualmente, espera que el Estado ucraniano la reconozca como ciudadana para gestionar así su adopción por parte de alguna familia local.

Este tipo de atrocidades contra mujeres gestantes y niños y niñas que son producto de estos embarazos son posibles porque esta práctica se desarrolla bajo el amparo estatal de la mano de poderosos intereses económicos que, a su vez, se aprovechan de la terrible situación económica ucraniana. Ucrania es el país más pobre de Europa, con un 89% de personas que apenas pasa la línea de la indigencia. La población trabajadora vive con un promedio de 144 euros al mes. Todas las mujeres que se exponen a alquilar su útero lo hacen porque es una salida rápida para mejorar sus condiciones de vida y las de su familia en un país que se hunde en la miseria social. Las clínicas se aprovechan de mujeres jóvenes y pobres de las aldeas y pueblos que rodean las ciudades como Kiev, para hacerse millonarias fabricando bebés que luego venden en 5 veces más de lo que se les pagará a estas mujeres. Por otro lado, en los últimos años no solo ha aumentado la trata reproductiva sino que también ha aumentado la captación de mujeres y niñas para la explotación sexual para  distintos burdeles de Europa occidental.

https://prensaobrera.com/mujer/trabajo-sexual-el-caso-aleman/amp/

Este avance de la barbarie en el exEstado obrero ucraniano está directamente relacionado con el desarrollo de la crisis capitalista mundial. El derrumbe de la economía ucraniana tuvo su punto más álgido luego del inicio de la “revolución de la plaza Maidan” en 2014, cuando una serie de protestas llevaron a la renuncia del presidente Yakunovich. Si bien las protestas se iniciaron para exigir el ingreso de Ucrania a la Unión Europea fueron el canal para múltiples reclamos económicos y sociales, a  partir de allí se desarrolló una crisis política que derivó  en la intervención de Putin, la anexión de Crimea por parte de Rusia y una guerra civil que sumió a las poblaciones del este en la miseria. Es este cuadro en que un porcentaje cada vez más alto de mujeres trabajadoras ucranianas decide alquilar sus úteros, convirtiéndose en las incubadoras de Europa.

Qué pasa en Argentina

Varias agencias de noticias a nivel mundial, incluso en Argentina, mostraron cómo durante la pandemia cientos de bebés esperaban a sus padres y madres en el hall de un hotel convertido en nursery (BBC, 16/5). En el caso de nuestro país, hay 17 familias que se encuentran realizando distintos trámites para ir a buscar a los bebés que encargaron (Clarín, 12/5). Los medios locales mostraron esta realidad con un romanticismo adjudicado a quienes compran criaturas a mujeres convertidas en incubadoras, sin siquiera reflexionar sobre el tema. En Argentina hay agencias que se ofrecen de intermediarias para conseguir un vientre subrogado en Ucrania y el valor de la práctica ronda en $750.000 o U$S10.000 valor oficial.

Quienes defienden la realización de esta práctica en el ámbito local dicen que “no es legal, pero tampoco está prohibido, así que puede hacerse” (Infobae, 26/6). Técnicamente lo permite la incorporación de la figura de “voluntad procreacional” en la reforma del Código Civil del 2015, que habilitaría por ejemplo la “subrogación altruista”, es decir, sin acuerdo económico de por medio. La incorporación de dicha figura fue resistida en su momento por la iglesia católica que, según relataron los propios juristas convocados para reformar el Código bajo el gobierno de Cristina, gozó del beneficio de dar la última mirada al proyecto, poder que utilizó en ese caso para eliminar un artículo que explícitamente refería a la “subrogancia altruista” de vientres. En esa reforma del código civil también se modificó el artículo 19 para determinar que la vida humana empieza con la concepción; y mucho más importante, en el artículo 145 se reconoce a la iglesia como “persona jurídica pública”, un estatus similar al del propio Estado. La razón de fondo de la oposición de la iglesia es que la subrogancia de vientres compite con la política clerical de aprovechar la vulnerabilidad de mujeres pobres para dar en adopción a esos niños, a cambio de dinero.

Está claro que el régimen social capitalista acomoda sus disposiciones sobre nuestros cuerpos según le convenga política y económicamente. Muchos Estados que prohíben el aborto porque “atenta contra la vida” amparan el negociado de agencias que convierten a bebés en mercancías y a las mujeres que los gestan en fábricas que producen esas mercancías.

La subrogancia de vientres, bajo este régimen social, está destinada a explotar la vulnerabilidad de las mujeres para ofrecer un negocio que beneficiará a terceros. El deseo del hijo propio no puede sostenerse sobre la explotación de la vulnerabilidad ajena y la creación de un negocio que somete aún más a las mujeres más necesitadas. Por su parte, quienes decidan sostenerse convirtiéndose en incubadoras no pueden imponer legalmente su deseo persona si la regulación de esta acción implica el sometimiento de millones de personas en el mundo.