Desde que comenzó el asilamiento obligatorio, tres mujeres fueron víctimas de femicidio en la provincia de Santa Fe.

El 17 de marzo, Verónica Soulé murió luego de agonizar una semana con severas quemaduras en su cuerpo; el esposo, que tenía las manos quemadas, dijo que se trató de un intento de suicidio; y ahora el caso se investiga solo por presión de la familia de Verónica. El martes 31 de marzo Johana Romero, de 30 años, falleció en el hospital provincial de Rosario, producto de una infección en el brazo que se extendió al resto de su cuerpo, causada por una golpiza propinada por su pareja días antes. Al día siguiente Romina Leiva, de 39 años, murió tras 20 días de agonía en el hospital de Santa Fe luego de que su hijo la prendiera fuego con nafta.

El padre de Johana Romero denuncia que se comunicó con el área de Género del gobierno provincial, luego de reiterados intentos fallidos para hacer la demanda en la policía por violencia de género que sufría su hija, y le respondieron que el personal estaba ocupado por la cuarentena y el coronavirus.  La denuncia fue radicada en la fiscalía correspondiente cuando Johana ya había fallecido. En el tiempo que transcurrió el responsable tuvo tiempo de escapar, pero finalmente fue detenido el miércoles a la madrugada. 

Los casos de Verónica, Johana y Romina expresan de manera brutal la situación que sufren las mujeres víctimas de violencia en el cuadro del aislamiento social obligatorio, que implica permanecer bajo el mismo techo que su agresor, en viviendas precarias y muchas veces con la responsabilidad también de niños y ancianos. Esto, en el marco de la desatención estatal.

Son parte también de una larga lista de mujeres asesinadas en este período. Además, desde el 20 de marzo las llamadas a la línea 144, que atiende a las víctimas de violencia a nivel nacional, han aumentado en un 30%.

El ruidazo organizado el 30 de marzo en todo el país ante los femicidios denunció la necesidad de que el Estado brinde herramientas a las mujeres para hacer frente a una situación de extrema vulnerabilidad generada por el aislamiento. La única medida tomada por el Ministerio de Equidad ha sido la incorporación del “barbijo rojo”, pero de difícil implementación para las víctimas y que alerta a los agresores.

Es necesario que el Estado implemente un subsidio de $30.000 para las mujeres que denuncien situaciones de violencia, que se garantice el cumplimiento de las restricciones perimetrales, el funcionamiento y disponibilidad de las casas refugio en óptimas condiciones de higiene, donde se asista a las mujeres y sus hijes.