La ley finalmente aprobada, que regirá por dos años en la provincia, es el resultado de la unificación de una serie de proyectos presentados por legisladores de distintos bloques -peronistas, radicales e incluso de Fuerza Republicana, partido vinculado al ex dictador Antonio Bussi- luego del reclamo y la movilización del movimiento de mujeres para que el Estado tome medidas contra la violencia hacia las mujeres.

La normativa prevé la creación de espacios físicos transitorios de asistencia y contención a las víctimas, la asignación de un cupo en los barrios a construir por el del Instituto de la Vivienda, la creación de un Registro Provincial Único para llevar estadísticas sobre violencia contra las mujeres, capacitación del personal policial, la puesta en pie de una campaña de difusión masiva de prevención y alerta sobre la problemática, una campaña de difusión de los lugares a los que pueden recurrir las mujeres víctimas de violencia y la licencia por violencia de género para las trabajadoras del ámbito público por 30 días con goce de haberes.

Una cuestión fundamental que omite la ley, presente en algunos proyectos originales, es el problema del subsidio o ayuda económica para las víctimas. Se quitó expresamente la referencia al “aporte económico por hasta tres meses, equivalente al sueldo mínimo, vital y móvil, para quienes no cuenten con empleo o con recursos para afrontar la situación”. En honor a los compromisos con el clero, también se eliminó de la formulación definitiva de la ley la incorporación de la perspectiva de género en el ámbito educativo.

Tampoco se conoce cuál será la partida presupuestaria para poner en pie estas medidas. No es casual que en el texto de la ley se proponga el fortalecimiento de la red de contención social de las ONG, un indicio de que el gobierno buscará abaratar la asistencia tercerizándola. Elementos de la normativa, como la capacitación para “sensibilizar” a la policía u otros funcionarios, cumplen estrictamente el objetivo de generar falsas expectativas en las corrompidas y descompuestas fuerzas de seguridad del Estado, atravesadas de punta a punta por la connivencia con las mafias de la trata de personas, la explotación sexual y el narcotráfico. Los abusos policiales en la provincia contra el colectivo LGTTBI abundan como los casos de gatillo fácil.

Sin embargo, el punto clave de la normativa es su autoridad de aplicación, una Mesa institucional por la Emergencia Provincial en Violencia, integrada exclusivamente por autoridades gubernamentales. Sus integrantes responderán entonces a los mismos partidos e intereses políticos que se han mostrado hostiles a los derechos de las mujeres durante todo este tiempo en la Tucumán del crimen aún impune de Paulina Lebbos, de la impunidad para los proxenetas de Marita Verón, de las mujeres criminalizadas por abortar como la joven Belén.

Numerosas provincias han declarado la emergencia en violencia de género sin que ello haya redundado en una mejoría de las condiciones de vida de las mujeres, un caso emblemático es Salta, que cuenta con esta norma desde 2009 y desde entonces ha ido atravesada por aberrantes casos de violencia, muchos impartidos directamente desde el Estado –como el de la niña wichi Juana.

Estos partidos son los que dieron dictamen favorable en la Comisión de Familia para que la provincia adhiera a la Ley Nacional de Salud Sexual y Procreación para bloquear luego su tratamiento en el recinto. La legislatura que aprueba la emergencia guardó absoluto silencio frente a un reclamo que conmovió la provincia como fue el pedido de libertad para Belén. Tampoco interpeló a los funcionarios responsables de los aberrantes casos de femicidios que sucedieron en la provincia, como el de Claudia Lizárraga, que al momento de ser asesinada por su ex pareja llevaba en la cartera la última denuncia que había realizado contra su agresor.

Para que la Emergencia en Violencia contra la Mujer sea efectiva, necesitamos de un Consejo Autónomo de la Mujer, elegido por las propias mujeres, que se encargue de aplicar las medidas de asistencia y concientización que atiendan solamente a nuestros intereses, con independencia política y económica de los partidos del régimen y de la Iglesia Católica.