En enero de 2000, el gobierno de Tucumán rubricó un convenio de colaboración recíproca con la remisería "Cinco Estrellas", propiedad de Rubén "La Chancha" Ale, famoso capomafia comarcano. El acuerdo consistía en que los choferes de los autos de alquiler "colaborarían" con la seguridad ciudadana, mediante el uso de una misma frecuencia radiofónica con el comando radioeléctrico. Aquella mafia, con la flotilla de remises, se sumó al aparato de seguridad convocada por Fernando Juri, ex vicegobernador de José Alperovich y actual legislador adicto al mandatario. Poco más de dos años después de aquel pacto, María de los Ángeles "Marita" Verón era secuestrada en un Fiat Duna rojo, que exhibía una calcomanía de cinco estrellas: nada menos que el logo de la remisería encargada de "cuidar" a los tucumanos. Por aquellos tiempos, María Jesús Rivero -una de las imputadas en el juicio por el secuestro y promoción de la prostitución de "Marita"- estaba en pareja con "La Chancha" y era copropietaria de la agencia de remises. En el banquillo de los acusados también está sentado Víctor Rivero, hermano de María Jesús. Según el expediente, este secuestró a la joven por pedido de su hermana. En su testimonio -martes 10 de julio-, el ex comisario Julio Díaz -subsecretario de Seguridad del gobernador Julio Miranda, entre julio de 2001 y abril de 2003- negó el estrecho vínculo entre los Rivero, el mafioso Ale y el Gobierno provincial: declaró -en calidad de testigo- que desconocía la existencia del convenio. Si se atendiera la declaración de Susana Trimarco -mamá de "Marita"-, el ex funcionario debería haber testificado como imputado. La mujer había afirmado que, tras la desaparición de su hija, Díaz le aconsejó que hable directamente con "La Chancha": "me dijo que (Cinco Estrellas) tenía más autos y mejores armas que la Policía", había declarado la mujer. (La Gaceta, jueves 16/02). El desconocimiento del pacto, por parte de Díaz, choca con los dichos del propio Ale, publicados en una nota en La Gaceta, en 2002. En aquella ocasión, el "empresario" remisero reconoció que el convenio fue utilizado en la búsqueda de Marita (La Gaceta, 11/07). Las declaraciones de Jesús Rivero -un día después de las de Díaz- también desmintieron al ex comisario. "Ese convenio no fue firmado entre gallos y medianoche. Fue firmado a media mañana, un día de semana, en el salón Blanco de Casa de Gobierno" (La Gaceta, 12/07). Por parte del gobierno, entre otros, el acta fue rubricada por Juan Alberto Kaleñuk, por aquel entonces jefe de Policía, anteriormente al mando de Gendarmería y desde hace varios años uno de los más cercanos colaboradores del gobernador Alperovich. Recientemente, Kaleñuk fue sobreseído de una causa por venta irregular de mercadería decomisada por Gendarmería, pese a que el fiscal había constatado la operación en dependencias del destacamento (La Gaceta, 06/07). Al intento de ocultamiento del convenio de "seguridad" Díaz sumó otro motivo por el que debería ser inmediatamente investigado: aceptó no haber informado a la Fiscalía sobre lo que hacía en la causa, mientras se desempeñaba como funcionario provincial (La Gaceta, 10/07). En lo que va del proceso, resultan incontables los testimonios que evidencian que los sistemas judicial, político y policial y su entrelazamiento con las mafias resultan clave para ir a fondo en la lucha por el desmantelamiento de las redes de trata. La lucha por el juicio y castigo a los imputados en el actual juicio por la desaparición de "Marita" debe ser dirigida en esa perspectiva.