Daiana Garnica desapareció el 6 de mayo del año pasado tras encontrarse con un vecino, Darío Suárez, que le pidió que la acompañara, sin decirle a nadie, a comprar un regalo. Daiana avisó a su madre que salía y dejó cargando el celular.

Su familia comenzó a buscarla desde un primer momento ya que Suárez volvió  solo al barrio y en menos de una hora. Frente al pedido de explicaciones, negó haberse encontrado con ella y fingió preocupación. Esa misma noche, la familia fue a la Comisaría de Alderetes a realizar la denuncia y a primera hora del 7 ya estaba en la Fiscalía de Turno. El mismo 7 comenzaron los allanamientos dispuestos por el fiscal Claudio Bonari y se detuvo a Suárez y a algunos de su entorno. Sin embargo, dos jueces subrogantes del Juzgado de Instrucción N°5, Víctor Manuel Rougés y Marcelo Mendilaharzu, fueron denunciados por el propio fiscal en relación a diversas irregularidades en relación al caso, entre ellos, en el caso de Rougés, no encontrarse en su despacho para autorizar los allanamientos.

Pese a la celeridad de las primeras medidas investigativas (incluso se llegó a desarmar un horno de la cortadera de ladrillos donde trabajaba Suárez), no se encontró ningún rastro de Daiana. Se trajeron perros rastreadores de Bahía Blanca (a los 12 días de la desaparición) con los que se pudo obtener algunos datos.

El fiscal se inclinó por la hipótesis de homicidio sin escuchar a la familia de Daiana que aportó numerosos datos en dirección  a la actuación  de una  red de trata. Recién se comenzó  a investigar esta línea cuando la familia hizo la denuncia en la Justicia Federal. A partir de allí, comenzó una investigación paralela pero se perdieron varios meses y principalmente momentos vitales de la investigación.

Recién en noviembre, por un fallo de la Cámara de Apelaciones, que respondía a un pedido de nulidad de la causa realizado por la abogada de los acusados (debido a los allanamientos sin autorización, realizados sin autorización de los jueces de turno ya mencionados), se planteó que no había elementos suficientes para probar que Daiana hubiera sido víctima de un homicidio y se requirió que se remitan copias de la causa a la Justicia Federal para que se investigue si fue víctima de una red de trata de personas. Se ordenó también la libertad de todos los detenidos, a excepción de Suárez.

Este fallo abría la vía para ir más a fondo en investigar si la desaparición de Daiana fue fruto de una red de trata, pero también abría otros caminos, como que Daiana se podría haber ido por cuenta propia. En relación a este supuesto, se tomaron como dato los dichos de un policía federal "anónimo", declarados por el antiguo abogado que representaba a la familia de la joven, que sostuvo que habría visto a Daiana embarazada en un hospital. Sin ningún tipo sustento real, este dato es utilizado por los jueces para tender un manto de duda sobre Daiana.

El caso de Daiana demuestra, vez más, que las redes actúan bajo la complicidad de funcionarios y poderosos. En las comisarías se niegan a tomar las denuncias en las primeras horas, recién por insistencia de los familiares lo hacen. En la provincia no hay un equipo ni infraestructura para  la búsqueda de personas. Recientemente se creó una Oficina de Búsqueda de Personas Extraviadas que además de funcionar solo durante la mañana elige hablar de personas extraviadas como si fuese un problema de personas perdidas.

A un año de la desaparición sigue la lucha por su aparición con vida y la reivindicación del camino de lucha recorrido por su familia y de denuncia de la responsabilidad del Estado.