Hoy, en Argentina, nos encontramos ante un crecimiento inusitado de la inseguridad ciudadana, en especial de los crímenes de gatillo fácil.

Las mujeres hemos sido particularmente víctimas de esta política de inseguridad. Lo demuestran los crímenes de Maria Soledad Morales y de la Dársena, la desaparición de Marita Verón y Bety Argañaraz, el crimen de Paulina Lebbos o Liliana Ledesma. Estos son los casos más resonantes; a ellos tenemos que sumarle los cientos de casos que se presentan día a día en nuestro país.

La inseguridad ha cobrado una magnitud inusitada en la vida cotidiana como consecuencia del crecimiento descomunal de los aparatos conspirativos del Estado, es decir que no rinden cuenta a nadie más que a su propia burocracia. Estos aparatos no se han desarrollado como una respuesta a la delincuencia, sino que el crecimiento de la delincuencia es el resultado del crecimiento monstruoso de los aparatos de coerción estatales. Estos aparatos han crecido en forma descomunal para ejercer la represión política y social; se han desarrollado para una acción de espionaje y el control popular. O sea que son una expresión de la necesidad de reforzar la contención y control debido a la agudización de la crisis, a la polarización y el derrumbe social, y a los conflictos terribles que emergen de ese derrumbe. Más que nunca ubicados por encima de la sociedad en su conjunto, estos aparatos, que pasan a ser incontrolables, han armado sus propias redes, sus cajas recaudadoras, sus negocios, sus propias conexiones delictivas o aparatos de delito. De esta manera, la ‘lucha’ contra la delincuencia se ha convertido en un combate entre aparatos delictivos de los propios organismos de seguridad y ‘prevención’.

Los gobiernos han entrado, en estas condiciones, en contradicción consigo mismo, porque para asegurar el orden social sobre el que se asientan, se ven obligados a minar o sabotear el principio básico de cualquier organización social, la seguridad individual. El reforzamiento de los aparatos represivos, como las policías provinciales, la Federal o la Gendarmería; es la línea de regimentación para acallar cualquier tipo de manifestación popular y para meter mano en todos los negociados vinculados al delito. El crecimiento del juego es una muestra mas de cómo los negocios vinculados al delito son protagonistas de primera línea de las prebendas y subsidios de los gobiernos.

Hoy, en Argentina, nos encontramos ante un cruzamiento excepcional de estas tendencias. Una fuerte tendencia disolvente en los aparatos de la policía, los servicios, la justicia, por un lado, y una fuerte lucha popular contra ese Estado, que se expresa en las movilizaciones contra el ‘gatillo fácil’, la desaparición de jóvenes, el escrache a jueces y funcionarios, por el otro, incluida la caída de algunos gobiernos locales. Los Blumberg pretenden desviar esta acción popular hacia un objetivo de reforzamiento de los aparatos responsables de la inseguridad; en esto ha coincidido y sigue coincidiendo con Kirchner, el cual, sin embargo, está obligado al mismo tiempo a ensayar tentativas inconsecuentes y escamoteadoras de depuración, incluso en algunos sectores de las fuerzas armadas, pero confinándola, por sobre todo, al personal que ya está en retiro.

Las trabajadoras tenemos que tomar la cuestión de la inseguridad en nuestras manos. No dejársela a los Blumberg, ni tampoco a los 'garantistas' que se han pasado al campo del gobierno o que se limitan a reclamar al Poder Judicial.

Tomar la cuestión en nuestras manos quiere decir, en primer lugar, con nuestra organización y con nuestro programa, que en esencia plantea la disolución de los aparatos represivos. Estatización de los juegos de azar y prohibición de la instalación de nuevas casas de juego. Anulación de todas las concesiones. Por comisiones independientes de investigación para esclarecer los crímenes impunes. Comités populares en las barriadas y los pueblos para impulsar la movilización por el esclarecimiento de los casos impunes y como mecanismo de autodefensa frente a los atropellos represivos permanentes del gobierno.