La Unqui acaba de presentar un "Programa de Acción Institucional para la prevención de la Violencia de Género" que incluye un Protocolo contra la violencia y discriminación de género.

 

Pese a los anuncios con bombos y platillos, en ninguna de las presentaciones que se realizaron en el Consejo Superior ha sido especificado el presupuesto para su aplicación. Frente a los sucesivas denuncias de la Consejera de la Unión de Juventudes por el Socialismo, Érica Ávalos, la respuesta de la gestión fue que contaría con $100.000 anuales, aproximadamente $20 por cada mujer de la universidad. El rector kirchnerista, Alejandro Villar explicitó el por qué de este escaso monto diciendo "que esperaban pocos casos" y que por lo tanto "no hacia falta plata". 

 

El Protocolo crea un nuevo circuito de denuncias. Ingresada la denuncia será evaluada por un equipo interdisciplinario encuadrado en la figura del ad honorem, es decir, absolutamente precarizado y se designará una Comisión Instructora a partir de un banco de profesionales seleccionados por el Consejo Superior, que será la encargada de seguir el procedimiento. También sera nombrado un Secretario de Actuaciones que será siempre un abogado del Servicio Jurídico Permanente de la Universidad. Terminado ese recorrido será el Consejo Superior quien expulse, separe o aperciba a la persona. En este esquema es evidente que las decisiones son tomadas de principio a fin por la camarilla de Villar. 

 

 

El PCR, la Cepa y el Túnel se integran cada vez mas a la gestión

 

Las organizaciones que participaron de la elaboración de este proyecto deben rendirle cuenta a los estudiantes y trabajadores de la Universidad. No sólo impulsaron un programa demagógico sin presupuesto que no prevé ni los honorarios de un abogado, sino que no tiene nada de "progresivo".

 

En acuerdo con la kirchnerista "Alianza", estas organizaciones estudiantiles se distribuyeron los cargos de asesores ad honorem, utilizando la lucha de las mujeres para engordar sus curriculum vitae y lavarse la cara porque como conducción de los Centros de Estudiantes y teniendo Consejeros, por años, no impulsaron nada a favor de las mujeres.

 

Lo que no es Ad Honorem es el cargo político de Coordinadora del Programa para el que fue designada la docente y militante del PCR, Sara Pérez. En la sesión de Consejo de diciembre se creó un nuevo organigrama que coloca al Programa en la órbita directa del rectorado y resuelve un nuevo régimen de remuneración extra escalafonario para los coordinadores como "un coeficiente de la remuneración del rector de 52%", es decir, con un sueldo que ronda los $70 mil. 

 

 

Por Consejos Autónomos de la Mujer en todas las universidades

 

Este tipo de Programas y Protocolos son impulsados por las gestiones ajustadoras en varias universidades del país. En el caso de la Universidad de La Plata, por ejemplo, se estableció una  cláusula de confidencialidad en la que se le exige a la mujer que no divulgue la información de su denuncia vulnerando el derecho que tiene la víctima de llevar su reclamo hasta donde considere necesario, un mecanismo pérfido para evitar la organización en torno de los casos. 

 

No podemos tener ninguna expectativa en estas trampas demagógicas que pretenden encorsetar al movimiento de mujeres para que no se organice de manera independiente. Las gestiones que precarizan trabajadoras, que no aumentan las becas y que no garantizan jardines materno paternales no resolverán los problemas de las mujeres.

 

Por eso desde la UJS, el Partido Obrero y el Plenario de Trabajadoras presentamos una batería de proyectos que incluye la creación de un Consejo Autónomo de la Mujer, con mujeres elegidas por el voto directo por padrón femenino, que cuente con independencia política y económica.

 

El mismo tendrá que poner en pie dispositivos de asistencia genuinos, que reciba las denuncias, con un equipo interdisciplinario bajo convenio, tenga la capacidad de monitoreo en todos los ámbitos de la Universidad en materia de género y la potestad de resolver sobre los casos. De esta manera serán las mujeres las que tomarán las decisiones y no una camarilla ajustadora que vacía y privatiza la educación publica.

 

En contraposición a las medidas demagógicas, la UJS y el PDT presentamos proyectos reales por las reivindicaciones de las mujeres:

 

-Becas específicas por violencia de género que colaboren a que las mujeres que atraviesan esta situación  puedan acceder a apuntes, transporte, comedor y guardería (hasta tanto exista el jardín materno paternal en la universidad) por la suma de $10.000, que faciliten su recorrido de emancipación del violento.

 

-Licencias Específicas por violencia de género que garanticen la regularidad y coeficiente de las estudiantes por el período de 2 años. Fechas específicas de examen.

 

-Consultorio ginecológico y psicólogo en la universidad. Muchísimas mujeres y trabajadoras no disponen del tiempo de cursar, trabajar y pasar por la colas eternas de la salud pública vaciada para realizarse un papanicolau y acceder a la anticoncepción. La atención psicológica como primer recurso para contener a una compañera que registra una situación de violencia en cualquier ámbito es sumamente necesario. Creación de bolsas de trabajo controladas por docentes, no docentes y estudiantes, con prioridad para las estudiantes Terapia Ocupacional y Enfermería.

 

-Jardines gratuitos hasta los 12 años y lactario. Las mujeres son expulsadas paulatinamente de la universidad por su condición de mamá. Las becas de guardería que entrega la universidad son menos que insuficientes y totalmente restrictivas (sólo hasta los 4 años). No hay ningún espacio que garantice a una mujer ser madre, estudiante y trabajadora. Menos aún si está en el proceso de emanciparse de un violento.