El gobernador de Salta desde hace 11 años, Juan Manuel Urtubey, sostuvo días atrás, en relación con el aborto, que “hay que trabajar en despenalizar, porque es absurdo criminalizar a la mujer” –cuando en febrero había sostenido que “si fuera legislador, no votaría a favor de la despenalización” (Radio Salta, 26/2).

Tales declaraciones constituyen un intento por recuperar puntaje ante la opinión pública, luego de la lluvia de repudios y memes paródicos a su planteo de instituir un sistema de inteligencia artificial que prevea embarazos adolescentes, una “prevención” que oponía a la legalización del aborto.

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Urtubey no cambió: lo que ha cambiado es la correlación de fuerzas, debido a la creciente lucha popular por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y el apoyo mayoritario de la población a que se garantice este derecho.

En este cuadro, el gobernador sigue maniobrando, como buena parte de los partidos patronales, incluyendo la mayoría de los legisladores nacionales por Salta. El planteo de la “despenalización” significa que la mujer no vaya presa por realizarse un aborto, pero mantiene en pie la clandestinidad de la práctica, con los consecuentes riesgos de salud. Las mujeres pobres siguen siendo las principales víctimas.

Es imprescindible la legalización del aborto y la garantía de su realización gratuita en el hospital público. Vale destacar el asunto en relación con Salta, donde el Hospital Materno Infantil reportó –en respuesta a un pedido de informes de diputados del PO– que en 2017 se registraron 1.981 casos de internación por abortos (sumados espontáneos y clandestinos) y una alta tasa de embarazo adolescente (1.513 de 8.300).

El gobierno de Urtubey y la justicia han hecho carrera en condenar y violentar a las mujeres que abortan. En el 2011, luego de que una chica de 13 años muriera como consecuencia de un aborto clandestino, metieron presa a la madre, y recién fue liberada por la lucha de las mujeres. Al año siguiente, Urtubey respondió al fallo FAL de la Corte Suprema por el aborto no punible –que estableció que alcanza con una declaración jurada de la víctima ante el médico, sin necesidad de pasar por trámites judiciales– imponiendo por decreto la judicialización de los casos ante el ministerio público, creando así un instrumento para que los jueces puedan violentar los derechos de las mujeres; de los seis pedidos de jury a jueces y fiscales en los últimos años, cuatro fueron por impedir abortar a mujeres violadas; finalmente, todos salieron impunes y conservaron sus cargos. En hospitales como el Papa Francisco, el plantel profesional en pleno se niega a practicar abortos no punibles bajo la figura de la “objeción de conciencia”, sin que el Estado garantice la presencia de médicos que los realicen.

El caso de Juana –la niña wichi de 12 años con retraso madurativo víctima de una violación colectiva y obligada a llevar el embarazo hasta los 8 meses– demuestra que Urtubey y toda la runfla oficialista están en contra de cualquier tipo de legalización del aborto. Si el gobernador quiere “despenalizar”, debería comenzar con una votación favorable de su bloque al proyecto de los diputados provinciales del Partido Obrero, que desde hace 5 años buscan derogar el decreto 1170 y garantizar el acceso efectivo al aborto no punible en Salta.

Frente a las maniobras de Urtubey y compañía, profundicemos nuestra lucha por el aborto legal, seguro y gratuito.