“No hay esclavos felices”, dijo el fiscal para sellar su alegato.

Al cabo de cinco horas de exposición, la fiscalía pidió 12 años de prisión para Pedro Montoya, dueño del cabaret Sheik, 9 para su esposa y 5 para la encargada por los casos de explotación sexual de siete víctimas. La defensora de Alika, cuyos crudos testimonios y denuncias conmovieron al país, pidió 8. A fin de mes se conocerá el veredicto final.

El lunes 7 de noviembre, en la ciudad de Ushuaia, comenzó este juicio histórico contra los proxenetas por explotación sexual pero también contra el Estado por complicidad, abandono y desprotección de persona.

Alika Kinan estuvo atrapada en las redes de Montoya y los suyos durante 20 años. Fue rescatada durante un allanamiento en ese “club nocturno” en el año 2012. Organizaciones y personalidades de la lucha contra la trata, tanto local como a nivel nacional, asistieron al juicio para acompañar a las víctimas. Entre ellas, se hizo presente Soledad Sosa, diputada nacional del Frente de Izquierda.

La parte acusada, escudados detrás de la explotación sexual como “elección de vida”, intentó a través de su abogado defensor suspender el juicio. “Buscan dilatar el juicio porque la Municipalidad tiene una demanda Civil en este juicio. Si prospera esta demanda será un gran punto de apoyo para juzgar a todos los responsables políticos”, explicó la diputada Sosa, presente en el comienzo del juicio.

Durante el proceso judicial quedó demostrada la responsabilidad del Estado, que brindó las habilitaciones a los proxenetas y las libretas sanitarias a las víctimas. También quedó asentado que luego del rescate, la provincia no garantizó ningún tipo de asistencia, ni inserción laboral ni educativa a las víctimas. Recordemos que en el año del allanamiento quien gobernaba la provincia era Fabiana Ríos, la cual se paseaba por el Encuentro Nacional de Mujeres con su agrupación feminista “La Ría”.

Desde el Plenario de Trabajadoras de Tierra del Fuego, acompañamos la lucha de Alika, que es una lucha de todas, como así también todas las luchas de mujeres contra las redes de trata, denunciando y exigiendo cárcel común para los proxenetas, y responsabilizando al Estado por su complicidad con este negociado.