La fotografía que la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal se tomó días atrás junto al pañuelo celeste de la campaña “Pro Vida”, en ocasión del Tedeum del 9 de julio, es el episodio más reciente de toda una trayectoria en favor de la clandestinidad del aborto –postura también apuntalada en el evento por el nuevo arzobispo platense y “soldado” del Papa Francisco, “Tucho” Fernández.

Desde hace largo la mandataria viene cerrando filas con los oscurantistas, también militantes contra el aborto no punible establecido por el Código Penal desde principios del siglo pasado.

En octubre de 2016, Zulma Ortiz, flamante ministra de salud bonaerense, redactó un nuevo protocolo para la Interrupción Legal del Embarazo en la provincia –el que actualmente rige es uno de características restrictivas, elaborado en 2012 tras el fallo FAL de la Corte.

El "nuevo" protocolo, que se apoyaba en el Protocolo Nacional (con menos restricciones), se publicó en el Boletín Oficial el 12 de octubre de 2016; días después, fue anulado por Vidal (Clarín, 15/3/18), abriendo una crisis en el gabinete que concluyó meses más tarde con la renuncia de Ortiz y el regreso al Protocolo del 2012.

Vidal nombró entonces en el puesto a Andrés Scarsi, médico de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES), quien reconoció que hay dos restricciones que continúan en el protocolo bonaerense: primero, se exige a las menores de 18 años tener el consentimiento de un mayor para abortar y además, se debe conformar un comité interdisciplinario para decidir sobre cada caso.

Para conquistar la legalidad del aborto tenemos que ser el doble y el triple este 8 de agosto en el Congreso.