La huelga de hambre de los presos denunciados por violencia de género (que además tienen otros antecedentes penales o son un riesgo para la denunciante) está mostrando que el encarcelamiento que promovió el gobernador Cornejo como respuesta a este flagelo no busca ningún tipo de reeducación de los violentos, ni cambio cultural en las pautas de convivencia de una sociedad machista, sino responder con más violencia estatal.

 

Pocos días después de que las mujeres realizaran una nueva y masiva jornada por #NiUnaMenos  en la provincia y en todo el país, resaltando las responsabilidades políticas y estatales en el recrudecimiento de los femicidios –Mendoza está tercera en el registro nacional de crímenes de mujeres–, se produce esta huelga de hambre encabezada por el delegado Daniel Zalazar, autor del triple femicidio de Godoy Cruz.

 

Son 330 internos quienes comunicaron que no recibirán las cuatro comidas diarias, hasta tanto no se agilicen sus expedientes ni se resuelva la situación de hacinamiento en la que están encarcelados. Entre ellos se encuentran los curas y otros presos por el caso Próvolo.

 

La medida de endurecer las prisiones preventivas de Cornejo tuvo un carácter estrictamente demagógico frente a la avalancha de denuncias policiales y judiciales de las mujeres. El encarcelamiento preventivo, tiene como único objetivo esconder bajo la alfombra las responsabilidades del Estado en la situación de opresión de la mujer.

 

Ocurre que el gobernador Cornejo rechaza declarar la emergencia en violencia de género (mientras destina $30 por mujer en el presupuesto) y reduce las causas de la problemática al ámbito privado de la víctima. Las casas refugios estatales no existen, los jardines municipales son de precariedad en infraestructura y en condiciones laborales. Sin embargo, mantiene intacto el esquema de subsidios millonarios a la Iglesia, a los empresarios del transporte, a los Pescarmona y los Cartellone.

 

La pobreza crece en Argentina y tiene rostro de mujer, de niño y de adolescente: el 47,7% de los chicos menores de 17 años (5,6 millones) viven en la pobreza, según Unicef. En Mendoza, según la encuesta del gobierno, uno de cada tres mendocinos es pobre.

 

El Estado y los gobiernos como el de Cornejo toman medidas punitivas o de mano dura sobre las consecuencias de la descomposición del régimen que representan, el capitalismo, que es hostil a las demandas de las mujeres y de la clase trabajadora.

 

Su sistema carcelario no busca rehabilitar a los presos por violencia de género. No sólo porque niega las condiciones mínimas de reclusión a los presos para reinsertarlos en la sociedad una vez cumplida la condena, sino porque materialmente mantiene en todos los ámbitos de la sociedad el lugar de sometimiento de la mujer y de los niños, y los condena a la pobreza.

 

El patriarcado y la cultura del machismo, como relación de dominación, discriminación, humillación del hombre sobre la mujer, es una herramienta de control social enorme del capitalismo que profundiza la relación de propiedad del hombre sobre la mujer. Y es en la familia donde más se expresa esta dominación, y también en el ámbito laboral fuera de la casa.

 

Cuando el gobierno considera los crímenes contra la integridad sexual como actos individuales, movidos por patologías sexuales o psicológicas de los criminales, la única respuesta que puede dar al problema es la cárcel masiva u otras medidas represivas. De esta manera, no se afectan las relaciones de propiedad privada que descomponen a la familia trabajadora.

 

La lucha de la mujer contra los abusos de todo tipo sobre su cuerpo, sobre su persona, su trabajo y familia, al ser colectiva, tomando la calle como en las expresiones del #NiUnaMenos, como en el paro nacional de mujeres, supera la barrera de lo individual.

 

Pero necesitamos organizar estas movilizaciones de las mujeres con una perspectiva de unidad de todos los oprimidos, incluidos los trabajadores y los hijos varones de la clase obrera, en la lucha por el trabajo, la vivienda y la educación contra todo tipo de opresión.

 

El fracaso de las medidas represivas de los gobiernos demuestra aún más el potencial transformador que tiene la lucha de la mujer trabajadora, y que las y los socialistas debemos organizar y canalizar para terminar con este régimen de opresión y defensa de la propiedad privada.