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5 de mayo de 2019

El Régimen Penal Juvenil es marketing reaccionario contra los jóvenes

Nota publicada en Media News

En medio de la crisis terminal del gobierno nacional y ante un inédito vigorización de la miseria social, el oficialismo introduce en el debate de la Cámara de Diputados la acentuación de medidas penales contra los jóvenes. 

En un país con un 10% de desocupación, con niveles de pobreza en las familias que llega un 40% una inflación que ronda el 50% anual  ¿Por qué no se discuten los proyectos de prohibición de despidos que Macri vetó en el pasado y que son cajoneados mientras se descarga un genocidio social contra los trabajadores? 

Frente a este escenario devastador, se presenta un proyecto engañoso, que está ligado sin lugar a dudas al marketing político electoral y que juega un rol político distraccionista hacia la opinión pública para desviar el centro de atención.  

La agenda gubernamental pretende que el interés social gire en torno a la necesidad de más represión no solo política y sindical, sino también social para, como dijo el presidente Macri, “aguantar el avance de la miseria”.  Se trata de una estrategia para que el debate electoral gire en torno a esta problemática de la seguridad penal y no sobre la seguridad social: sobre como terminar con el flagelo capitalista de la superexplotación a la juventud con el trabajo precario, tercerizado y en negro, con  bajos salarios, la desocupación en alza. 

Este proyecto tiene como objetivo claramente tratar de encausar de manera reaccionaria el descontento sobre la crisis económica y social, de la que quieren responsabilizar a los adolescentes transformándolos en un verdadero chivo expiatorio. Por otro lado, responde a una política abiertamente reaccionaria que es el reforzamiento represivo y de la criminalización social, en este caso de la juventud. La ministra Bullrich se esfuerza por imitar a Bolsonaro (ojo: que se mire en su espejo, y la monumental crisis política que enfrenta hoy el fascista brasileño). El punto es que el ajuste no pasa sin represión. Cuando todos los mecanismos de contención fallan, el sistema penal y represivo viene a jugar un papel de vital importancia para el régimen. Como no pueden garantizar trabajo, acceso a la educación, a la vivienda, a una vida libre de violencias a los pibes: la salida es la cárcel.

La condena de los jóvenes es muy anterior a que intervenga un juez. La condena la establece esta sociedad cuando confina a la mitad de los niños a ser pobres. Entre los menores de 18 años, la pobreza alcanza al 48 %. Y son 6,5 millones las niñas y los niños con problemas de educación, hábitat, salud y vivienda, entre otras necesidades básicas. Detrás de esos números son millones los niños, niñas y adolescentes que sufren en carne propia las consecuencias del brutal ajuste en curso. 

Se estableció una verdadera carrera punitiva contra el pueblo y particularmente la juventud con este nuevo intento para bajar la edad de punibilidad. El gobierno propone bajarlo de 16 a 15 años, Carrió llevarlo a los 14 años. Se trata de una verdadera competencia punitiva contra el pueblo y particularmente la juventud.  

 No es, en este sentido, un invento del gobierno de Cambiemos, el antecedente más cercano de esta arremetida fue durante el gobierno kirchnerista. El reflote del proyecto Urtubey, hoy presentado por Olmedo es prueba de que todos los partidos que estuvieron en el ejecutivo, sacudían el polvo de las leyes represivas.  

Atravesamos la experiencia Blumberg votada a dos manos por el Frente Para la Victoria que ninguna solución trajo al problema de la seguridad. El derecho penal no es el modo de resolver problemas sociales más profundos. Miles de años de historia nos avalan para decir que la cárcel no es la solución. 

Los datos oficiales de 2017 indican que cada 100 mil presos adultos, hay 1300 jóvenes detenidos: un 1,3%. ¡Y se bate el parche de la delincuencia juvenil!  En PBA hay casi 2.600.000 jóvenes entre 18 y los 24 años. 1 de cada 4 jóvenes que habitan en la Provincia de Buenos Aires tiene chance de ser capturado por el sistema penal. La evolución de las causas ingresadas en los Juzgados de Garantías fue 15.776 (2013); 15.511 (2014); 15.555(2015), 13.623 (2016) y 12.033 en 2017.  

Si de algo sirve esta serie es para mostrar en forma contundente que lejos de lo que se propugna mediáticamente, las acciones disvaliosas cometidas por adolescentes en PBA no se incrementaron en los últimos años, sino más bien, que tiene una tendencia decreciente. 

Ahora, si tomamos los datos de los menores punibles, es decir, de aquellos que tienen 16 y 17 años, el Registro de Procesos del Niño, veremos que los procesos llevados adelante contra los jóvenes descendieron año tras año: 

Lejos de ser un proyecto progresivo como se presenta, es en los hechos, un proyecto regresivo ya que intenta bajar la edad de punibilidad cuando las recomendaciones de expertos indican que no debe bajarse. Es importante prestar atención a las legislaciones comparadas donde la edad de punibilidad es menor: en USA por ejemplo es de 10 años. El resultado son cárceles plagadas de miles negros y pobres. 

Es central tener el ojo bien puesto en ello pero no es el único punto, y por eso solo enuncio algunas cuestiones: 

-Se vende el proyecto como que solo se aplicará a los delitos que tengan más de 15 años de prisión. No es cierto, dice de máxima 15 años. La diferencia no es menor, y el abanico de delitos se amplía.  

-Se dice que las prisiones preventivas serán de última ratio. Es una mera declaración. Ello no es así hoy con los jóvenes y tampoco es así con los mayores. Prueba de ello son las cárceles atiborradas de presos sin condena.  

– Se dice que el máximo de pena es de 15 años. SI un joven de 15 años es condenado a prisión (no importa el nomen juris que le asignen, es prisión) estamos hablando de toda una vida.  

– Se agravan los plazos de prescripción. Y como siempre, los llamados delitos de cuello blanco, que son los más graves, porque se cargan consigo el hambre del pueblo, no son cometidos por niños y adolescentes, sino por adultos hechos y derechos, que si en algún momento falla, pueden acogerse a los beneficios de arrepentido, por ejemplo.  

-Se dice que las penas tenderán a ser ‘educativas’ y ‘formativas’. ¿De qué nueva hipocresía hablan cuando están cerrando los colegios nocturnos para los jóvenes que trabajan durante el día? ¿De qué nueva hipocresía hablan cuando el presupuesto de educación se hunde irremediablemente en el altar del pago de la deuda externa? 

El papel de las fuerzas de seguridad toma un carácter relevante: son las que garantizan cuando menos, el accionar de las organizaciones criminales, pero no solo eso sino que también lo fomentan y hostigan a los jóvenes para que salgan a delinquir. El caso Luciano Arruga es en extremo clarificador. A Luciano, decirle que no a la Bonaerense le costó la vida.  Hoy por hoy, cada 21 horas el Estado asesina a una persona, en su mayoría esos mismos jóvenes pobres (me excede aquí, pero ustedes conocen bien la nueva doctrina Chocobar). ¡El crimen organizado no se combate! Se sostiene. 

Los jóvenes entonces, son las principales víctimas del sistema delictivo organizado. Son víctimas de las redes de trata, del narcotráfico que corroe el cuerpo y salud de nuestros pibes, de las barrabravas que sirven de mano de obra para lo que sea necesario, drogas, extorsiones,  patoteadas, asesinatos, como fue el caso de Mariano Ferreyra.  Sin el desmantelamiento de este aparato represivo del Estado, en modo alguno protegemos a les adolescentes, y seguimos sumiéndolos a un universo de miseria.  

Finalmente, no basta con la capacitación y especialización de jueces y fiscales, y por eso, en la transición de una reorganización de un gobierno de trabajadores planteamos la elección y  revocabilidad de jueces y fiscales para que rindan cuenta ante la sociedad. 

Cómo defensores de los DDHH y las libertades democráticas, rechazamos este proyecto. Las urgencias sobre las que debiera expedirse el parlamento son sobre la ley de cupo trans, la prohibición de suspensiones y despidos en una carestía como la padecemos, la aplicación de la ILE y el aborto legal seguro y gratuito para que las niñas sean niñas y no madres.  

Para los socialistas, gran parte de los delitos actualmente registrados penalmente provienen del régimen social capitalista, de la existencia de un régimen de propiedad de las fuerzas productivas en manos de los monopolios capitalistas. Acabado este monopolio anárquico y sobre explotador, orientado sobre nuevas bases sociales la producción, tendientes no a maximizar la ganancia de los capitalistas, sino a satisfacer las necesidades del pueblo trabajador y a desarrollar armónicamente la producción nacional gran parte de la delictualidad desparecerá. Pero no podemos menos que denunciar que los delitos verdaderamente antisociales son los del capital y los gobiernos que lo defienden: los sobornos, la corrupción que se traga los presupuestos estatales, el trabajo en negro, el robo de los fondos previsionales para otorgar subsidios a grupos empresarios o pagar intereses usurarios de la deuda. 

En este marco, sostener que la baja de edad de punibilidad con la excusa de otorgar mayores derechos a los jóvenes es una impostura.  

Fuente: MediaNews

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