Luego de 4 elecciones en 4 años (dos en 2019) en España, las movilizaciones permanentes en Catalunya desde 2011, las de Francia desde hace un año y la ratificación del Brexit por el Reino Unido, la Unión Europea (Merkel en particular) y el Ibex 35 (la bolsa de Madrid) han dado vía libre al gobierno del Frente Popular. El gobierno del Frente Popular es una coalición del Partido Socialista y Unidas Podemos, apoyado por diversas fuerzas de la burguesía vasca (PNV), nacionalistas, regionalistas y de la izquierda y por Esquerra Republicana (a través de la abstención, pactada con el PSOE) llegando hasta Bildu (los herederos de ETA).

Por el mero hecho de haberse formado, y también por algunas medidas incluidas en su programa (derogación del artículo 315.3 y de la Ley Mordaza, recuperar la ultraactividad de los convenios, aumento del presupuesto de sanidad y educación…), el futuro gobierno ha despertado expectativas en sectores de la clase trabajadora, aunque hay también quienes señalan -no sin razón- importantes limitaciones en su programa. Entre ellas, la voluntad de mantener todas las contrarreformas (laboral, de pensiones…) que promulgó el gobierno de Zapatero y que, en su día, se enfrentaron a la movilización de la clase trabajadora, incluyendo la convocatoria de una huelga general el 29 de septiembre de 2010 contra la reforma laboral.

Pero ese limitado programa es solo una fachada. El desarrollo de la crisis mundial, la europea y en particular de la española (donde la deuda ya superó los 2 billones de euros), es incompatible con el prometido incremento de gasto en sanidad, educación y dependencia, o sea con la “estabilidad presupuestaria” que exige Bruselas.

Desde ese punto de vista, el gobierno va estar confrontado ante los dictados del capital financiero por un lado, y por otro por las exigencias de los trabajadores y los pueblos, a su movilización para frenar los ataques de la reacción y también la determinación de los trabajadores.

Abajo la monarquía post franquista

Este gobierno continuará las políticas de la reacción, las instituciones, la banca y la UE –como auguran Nadia Calviño (ministra de economía), Fernando Grande-Marlaska (ministro del interior y jefe de los organismos de represión), y así cavará su tumba. Esto no impide que para sectores de la burguesía castellana, las derechas franquistas y los medios de comunicación que les son afines, el gobierno sea un desastre, más que por las políticas del Frente Popular por las perspectivas que puede abrir en el estado de ánimo de los trabajadores y los pueblos, que pueden verlo como un medio para conseguir sus reivindicaciones, para abrir la vía de la movilización y hacerlas realidad.

Los fascistas de Vox, como el general retirado Fulgencio Coll Bucher (jefe del Ejército de Tierra entre 2008 y 2012 nombrado por el gobierno de Zapatero), proponen que Pedro Sánchez sea acusado ante la Sala Segunda del Supremo “por traición o cualquier otro delito contra la seguridad del Estado”. Es de esperar que, desde el aparato judicial, se multipliquen los ataques contra cualquier “desviación” del nuevo gobierno y que el tándem derechas franquistas-aparato judicial funcione para sabotear algunas de sus decisiones, como ha intentado sabotear su propia formación por medio de la inicua decisión de la Junta Electoral Central sobre el presidente catalán Quim Torra y el dirigente de ERC, Oriol Junqueras (que retiró la credencial de diputado del primero, condición necesaria para poder ser presidente, y evitó a su vez tramitar el acta de eurodiputado del segundo).

Las patronales, por su parte, reclaman ante la crisis la urgencia de ataques a los trabajadores. Se apoyan en el régimen de la Monarquía, los planes de “estabilidad presupuestaria” de la Unión Europea, que, de entrada, le exige 15.000 millones de euros de recorte del déficit.

El gobierno del Frente Popular tiene entre sus objetivos la “estabilidad”, es decir, hacer todo lo posible por mantener el marco del régimen y evitar su ruptura que, insistimos, es incompatible con algunas de las medidas que propone. Y que, sobre todo, cierra el paso a una solución que satisfaga las aspiraciones del pueblo catalán y, tras él, de todos los pueblos.

El movimiento obrero

Las decisiones de asambleas e instancias sindicales de plantarse, o movimientos de resistencia de sectores obreros y de la juventud, deben alcanzar a la movilización general con el conjunto de las organizaciones, necesaria para echar atrás a los franquistas, la patronal y Bruselas.

De entrada, las burocracias sindicales de CCOO (Comisiones Obreras) y UGT (Unión General de Trabajadores) han apoyado a fondo la formación del gobierno y “saludado” las medidas positivas que ni siquiera se han aplicado (sic). En realidad, están integradas al Estado monárquico pactado con Franco  desde hace décadas y ahora están totalmente integradas a “su”  gobierno. Mantener la autonomía de las organizaciones obreras y populares del gobierno y recuperar los sindicatos son una necesidad para imponer las reivindicaciones, más aún a las de un gobierno atado a los lastres de la Monarquía, la OTAN y la Unión Europea.

Los trabajadores, las mujeres, los jóvenes y los pueblos, que ven cómo se ha abandonado la vía de la movilización general y sólo se les promete “diálogo social”, siguen atentamente el conflicto que se desarrolla en Francia donde la movilización en curso coloca en el centro la exigencia de independencia en relación con el gobierno.

La tarea es mantener la movilización por las reivindicaciones y por la retirada de los ataques y la libre negociación versus la “concertación y diálogo social”. Por ello, la Coordinadora de Pensionistas Madrid, afirmándose en las reivindicaciones, convocó una concentración ante las Cortes para el 8 de enero. Con esta convocatoria señalan que ellos también juzgarán al gobierno por sus hechos, y no por sus promesas.

Los derechos de los pueblos

Está claro que donde está chocando ya la voluntad del gobierno de respetar el marco de la Constitución monárquica es en la cuestión de los derechos de los pueblos. El pueblo catalán quiere decidir libremente su futuro, lo quiere más del 80% de los catalanes. Una aspiración que no cabe dentro del marco del régimen. Los cancerberos del “orden constitucional”, el Tribunal Supremo, la Junta Electoral y el Tribunal Constitucional, están ahí para velar que no se traspasen esos límites. Y no solo eso, van a seguir actuando, a las órdenes del rey, expresadas con toda claridad en su infame discurso del 3 de octubre de 2017 para perseguir a los republicanos catalanes, para mantener en prisión a los condenados, para perseguir a los exiliados, inhabilitar al presidente Torra y a todo el que ose defender algún derecho sin someterse. Los trabajadores y los pueblos necesitan imponer al gobierno del Frente Popular la libertad de los presos republicanos catalanes, de todos los presos políticos.

Con este programa de reivindicaciones los trabajadores y los pueblos del Estado Español necesitan construir un partido político revolucionario para derrotar a las patronales y sus partidos, al régimen monárquico y la UE y no repetir la tragedia del 37/39 donde bajo el gobierno del Frente Popular solo se pavimentó el triunfo del fascismo.