Mientras se continúa repitiendo que “el modelo económico” salió “fortalecido” de las elecciones, un conjunto de hechos sirvieron para poner en evidencia, en los últimos días, que el “exitoso” “plan Cavallo” atraviesa una crisis de fondo.

* Sorpresivamente, Menem alertó a los banqueros y empresarios acerca del elevado endeudamiento privado y del peligro de una potencial insolvencia. “Si toman un préstamo —les dijo el riojano— antes deben pensar cómo pagarlo” (Clarín, 3/11);

* Indupa, la mayor petroquímica del país, ha entrado en convocatoria de acreedores, el paso previo a la declaración de quiebra;

* Después de varios días de caída ininterrumpida, “la Bolsa entró en una zona de turbulencia de la que no saldrá fácilmente” (ídem);

* En los mercados internacionales, los bonos de la deuda externa argentina —los llamados “bonos Brady”— sufrieron “una caída en picada … en una jornada que mostró una volatilidad en esta plaza como pocas veces se había producido” (El Cronista, 5/11).

Un “plan” sujeto a los movimientos del capital especulativo

En el “Informe político al VIº Congreso” del Partido Obrero puede leerse: “La paridad entre el peso y el dólar no fue garantizada por esa ‘convertibilidad’ sino por un ingreso de capital a corto plazo, del orden de los 8.000 millones de dólares al año, que buscaron explotar la diferencia de rendimientos en títulos y acciones entre el mercado argentino y el internacional. Este movimiento especulativo afectó a toda América Latina y a gran parte de Asia, con total independencia de cualquier ‘ley de convertibilidad’, e incluso en mayor medida allí donde la inflación y los desequilibrios financieros fueron (y aún son) más agudos (¡Brasil!)”.

En los últimos días, esta caracterización fundamental del PO se vio confirmada,  casi palabra por palabra, por una fuente inobjetable, el Fondo Monetario Internacional. En un “staff paper” del FMI se afirma que “el ingreso masivo de capitales en América Latina fue causado —fundamentalmente— por un shock externo: la caída de las tasas de interés internacionales, la recesión en los países desarrollados y la evolución de la balanza de pagos de los EE.UU., fueron los motivos que alentaron a los inversores a transferir recursos a América Latina … los capitales fluyeron sin distinción hacia toda la región, a pesar de que las performances y las políticas económicas aplicadas por los distintos países no son iguales … la masiva entrada de capitales fue acompañada por un boom de los mercados de valores, una significativa acumulación de reservas internacionales, una aceleración del crecimiento y una apreciación considerable del tipo de cambio real” (El Cronista, 2/11).

Ninguna nación latinoamericana ha podido escapar a este movimiento del capital especulativo. La “convertibilidad” cavalliana lo único que ha hecho es agravar sus consecuencias: al obligarse a emitir un peso por cada dólar que ingresó al país, provocó una enorme emisión monetaria, puramente inflacionaria porque no está motivada por las necesidades de la producción y el comercio. El “plan Cavallo” es una mera adaptación a las necesidades y movimientos del capital financiero internacional —precisamente lo que el PO  había señalado en el “Documento político al Vo Congreso”— que ha convertido a la Argentina en un resumidero de los capitales excedentes que no podían encontrar una aplicación lucrativa en los mercados mundiales y al BCRA en un pasivo ejecutor de la política monetaria dictada por la Reserva Federal (banco central norteamericano).

El ingreso de capitales externos provocó una demanda adicional formidable, multiplicada a través del crédito, que se ha volcado a la especulación inmobiliaria y al consumo. Mientras la recesión mundial cierra el ingreso de las exportaciones argentinas a sus mercados tradicionales, el “dólar barato” —provocado por la afluencia de capitales externos— promovió una enorme ola de importaciones, fundamentalmente de bienes de consumo, un fenómeno común a toda América latina. Uruguay, por ejemplo, acaba de registrar un déficit comercial récord, provocado por “el marcado aumento de las importaciones de bienes de consumo, especialmente automóviles, alimentos y bebidas” (Ambito Financiero, 5/11). En el caso argentino, la ola se vio agravada por la desvalorización interna de la moneda nacional (aumento del costo de vida) provocada por la emisión “1 por 1”.

El déficit comercial es récord: se estima en 3.200 millones para 1993, un 15% superior al de 1992, y las exportaciones están estancadas. Es cierto que el déficit comercial con Brasil se ha reducido —como consecuencia de los reembolsos a las exportaciones decretados por Cavallo—, pero esto ha favorecido un empeoramiento de la situación fiscal. De todos modos, el déficit comercial crece por el espectacular aumento de las importaciones provenientes de EE.UU., que se han convertido en el principal proveedor argentino (Clarín, 5/11). El ingreso de capitales excedentes ha financiado la importación de mercancías excedentes de los Estados Unidos: América Latina se ha convertido en la “tabla de salvación” del capital norteamericano.

El ingreso de capitales especulativos sirvió para que Argentina pudiera colocar títulos de la deuda pública (que ha crecido pese a las “privatizaciones” y a las “quitas” del Plan Brady) y favoreció, además, “un acelerado endeudamiento privado en dólares” (Clarín, 3/11). La deuda externa privada, prácticamente inexistente a fines de 1990, alcanza a los 25.000 millones de dólares; sólo en 1993, las empresas privadas contrajeron deuda externa por 5.100 millones. A la cabeza de los tomadores de crédito figuran los grupos que se alzaron con las “privatizaciones“, muchos de los cuales ya han debido vender su “participación” para saldar sus deudas.

“Argentina está hoy muy expuesta al vaivén de los capitales golondrina”, se preocupa ahora “El Cronista” (2/11), y no es el único: al déficit comercial hay que sumar el compromiso de pago de la deuda externa (3.500 millones anuales), el enorme crecimiento de las remesas de utilidades al exterior como consecuencia de las “privatizaciones” y  el aumento de los pagos por seguros y fletes (como consecuencia de la posibilidad de contratar seguros en el exterior y el desmantelamiento de la flota de transporte nacional) —unos 10 mil millones de dólares. Esa dependencia es explosiva, como consecuencia de la enorme volatilidad de los mercados financieros internacionales: “la economía mundial se ha convertido en un casino”, según una expresión acuñada por “Business Week“. La volatilidad de los mercados internacionales y la dependencia extrema en que han caído las economías latinoamericanas respecto de los movimientos del capital especulativo, se revelan en que bastó un pequeño aumento del 0,38% de la tasa de interés norteamericana a largo plazo (del 5,80 al 6,18%) para que los bonos externos y las Bolsas latinoamericanos se derrumbaran en una sola jornada. Por eso, el informe mensual de FIDE advierte que “si se modifican, aun suavemente, las condiciones en los mercados mundiales de bienes y dinero, habrá llegado la hora de ‘pagar la fiesta’” (Clarín, 3/11).

La pretensión de Cavallo de que las reservas del Banco Central garantizan la convertibilidad es una fanfarronada: los 15.000 millones del BCRA representan apenas el 20% del circulante, de los depósitos bancarios y de los papeles de deuda emitidos por el gobierno … esto sin contar la deuda externa privada, que cuenta con el “seguro de cambio” de la “ley de convertibilidad”.

Agotamiento de la reactivación: recesión y tendencia a la quiebra

El festival de deudas, las “privatizaciones” y el consumo a crédito permitieron sostener la actividad económica. En algunas ramas especialmente protegidas, como la de los automóviles, incluso se alcanzaron récords históricos de producción. Pero esa “reactivación”  ha encontrado un límite y comienzan a notarse signos evidentes de una recesión generalizada: en setiembre, las ventas de automóviles han caído un 5%, quebrando una tendencia alcista que llevaba más de un año; la recesión que se ha desencadenado en Brasil —tres meses consecutivos de caída de la producción— anuncia una caída de las exportaciones argentinas; finalmente, también ha caído la recaudación de los impuestos ligados a la marcha del ciclo económico (IVA, impuestos internos, combustibles), reflejando que “la actividad económica, pese al fuerte ingreso de capitales, parece haber encontrado un nuevo nivel de meseta, muy claro en la industria …” (El Economista, 29/10). Según el economista Martín Lagos, “la hipótesis más optimista para 1994 es una recesión moderada” (El Cronista, 3/11).

El “boom” se ha terminado porque la capacidad de endeudamiento de las empresas y los particulares se ha  saturado. Los deudores ya no pueden tomar más crédito, aunque los acreedores estén dispuestos a otorgárselo debido al excedente de fondos. La “burbuja” se ha pinchado. Que el “festival de la deuda” se ha terminado lo revela “la proliferación de incobrables, el estiramiento de los plazos de pago y la usura vía cheques posdatados” (Clarín, 3/11). “La elevada morosidad de las empresas privadas … a fines de junio, el 25% de las carteras bancarias estaba en condiciones irregulares. La morosidad en los bancos de provincia, con pronóstico reservado, muestra la situación de muchas empresas y sectores que no tienen capacidad de repago. Los representantes del agro abogan por la suspensión de los términos de ejecución de los juicios, un despropósito sólo justificable por la desesperación. La convocatoria de la mayor empresa petroquímica nacional recordó que el síntoma no es sólo provincial; también afecta a la City” (El Cronista, 4/11).

Efectivamente, la cesación de pagos de Indupa ha recordado brutalmente que toda la industria petroquímica está en terapia intensiva, bajo la presión de las importaciones de excedentes invendibles en el mercado mundial a precios de remate, el sobreendeudamiento y la elevación de sus costos … como consecuencia de la privatización petrolera y gasífera. Ipako, el otro gigante petroquímico, está en un plan de achicamiento y venta de activos; otro pulpo, Monómeros Vinílicos, “ya está en convocatoria en una deuda sin solución. Electroclor no está mejor” (El Economista, 29/10). La situación de la petroquímica revela el acierto del PO de haber caracterizado a las privatizaciones como “un factor poderoso de dislocación industrial (ya que) la industria radicada en el país que no participa del negocio privatizador se va a pique con las tarifas de gas, luz, teléfonos y combustibles que facturan los nuevos monopolios. En cambio, los grupos que se han apoderado de las empresas de energía y servicios se aseguran condiciones ventajosas que les sirven para destrozar a los pulpos competidores (Garovaglio —petroquímica, cuyo insumo básico es el gas— depende hoy de las tarifas que le fije Pérez Companc, uno de los beneficiarios de la privatización de las redes)” (Informe al VIº Congreso).

Otra expresión de la tendencia a la quiebra —y del completo fracaso de las “privatizaciones” para promover cualquier tipo de desarrollo industrial y comercial— es la situación de Aerolíneas, que acumula pérdidas por 1.000 millones y la amenaza del “retiro” de Iberia, que obligaría al Estado nacional a hacerse cargo del muerto. Las “privatizaciones” se han reducido a una operación financiera en beneficio y hasta en una excusa para la fuga de divisas: “la ola de compras del exterior determinó el traspaso accionario (de YPF) a otras manos más cerca de Wall Street que de Sarmiento y 25 de Mayo (la Bolsa de Buenos Aires). Hoy en día se calcula que entre el 50 y el 60% de lo colocado en la Argentina ya salió del país” (Clarín, 31/10).

Pero hoy la situación de la industria textil, de la papelera y de ramas metalmecánicas enteras es la misma que la de la petroquímica. El “plan Cavallo” no ha podido superar el retroceso estratégico de la burguesía nacional; sólo ha logrado estirar la agonía mediante un endeudamiento colosal … haciendo más explosivas sus consecuencias.

Es que Indupa ha provocado el “desbande de dos bancos” (El Economista, 29/10), los mayores acreedores que concentran deudas petroquímicas por decenas de millones, y la posibilidad de una cadena de insolvencias, algo que se refleja en la caída sistemática de la Bolsa desde que Indupa entró en convocatoria.

“Muchas empresas —dice Bernardo Kosakoff, de la Cepal— están en un delicado punto de equilibrio, condicionado por el mantenimiento del nivel de la demanda … si se produjera una recesión, temblarían varias cosas”, en particular sus acreedores, empresas industriales y bancos. En un informe preparado para Techint, se sostiene que “si el actual nivel de actividad disminuyera, éstas compañías (pequeñas y medianas) se verían en dificultades que trasladarían …”  a sus proveedores (y acreedores). La interrupción en algún punto de la cadena de pagos provocaría un derrumbe general de los créditos y la quiebra generalizada de deudores y acreedores. Esto explica que Cavallo promueva la sanción de una nueva “ley de quiebras”, que permitiría a los acreedores apropiarse rápidamente de los paquetes accionarios de sus deudores, tratando así de evitar el riesgo de una “cadena de insolvencias”.

Precisamente, la perspectiva de una insolvencia generalizada es la que ha llevado a un “liberal” y “cavalliano”, como el angelocista Sturzenegger, a “preocuparse” por la actividad industrial: para el principal economista de Angeloz, de lo que se trata es de “monitorear la marcha de la producción industrial” para evitar una “recesión virulenta” (El Cronista, 4/11). La Cámara Argentina de la Construcción salió a reclamar “que el gobierno desarrolle un plan productivo” (Clarín, 29/10).

Para evitar que una recesión desencadene una cadena de insolvencias que tire abajo todo “el modelo” como un castillo de naipes, Cavallo se ha lanzado a una política abierta de salvataje de ramas y sectores en crisis: después de la devaluación “encubierta” de noviembre del año pasado (aumento de los aranceles y la tasa de estadística), ha establecido protecciones especiales para el papel, los textiles y la siderurgia, estudia hacerlo para la petroquímica y ha reestablecido los reembolsos a las exportaciones. Pero una política de rescate generalizado plantea, por su  enorme costo fiscal, una devaluación de la moneda, algo que vienen reclamando los sectores y ramas más castigados, como una manera de bajar los salarios y abaratar la producción argentina en los mercados internacionales. Esto choca con el generalizado endeudamiento en dólares, en particular de los pulpos “privatizados”, lo que obligaría a una refinanciación general de los deudores … y a un crecimiento descomunal del ya descomunal déficit público.

Para los “devaluacionistas”, el momento adecuado para “tocar la convertibilidad” sería una vez aprobada la reforma laboral e implementada la reforma  previsional. De esta manera pretenden evitar que se produzca una “corrida”. Pero esto supone que los dueños de las jubilaciones privadas otorgarán crédito a deudores insolventes. En realidad, será el Estado quien tendrá que salir al rescate de los quebrados y a financiar este rescate endeudándose con los Fondos de Jubilación privada. Harina de otro costal es que estos Fondos le presten a un Estado en quiebra. La experiencia de Japón, de Estados Unidos o de Europa es aleccionadora: a pesar de que los bancos centrales redujeron las tasas de interés, creando una masa de “dinero barato”, no lograron superar la recesión porque ni los deudores quieren tomar más créditos ni los acreedores quieren otorgárselos. Todo esto siempre y cuando los capitales sigan ingresando.

Tampoco la liquidación de la legislación laboral y la “flexibilización” salvaje lograrían superar la tendencia a la quiebra, como lo demuestra el hecho que desde el inicio del “plan Cavallo” el “costo laboral” ha caído violentamente sin que los problemas planteados por la crisis pudieran resolverse.

“Luego de haber consumado una gigantesca confiscación económica de ingresos y patrimonios en beneficio de la banca internacional y de los principales pulpos nacionales, el “plan” Cavallo enfrenta una crisis inminente como consecuencia de la breve reactivación económica así como de los crecientes estallidos financieros a nivel internacional. La burguesía se enfrenta a la necesidad de un cambio de política”. Esta es la caracterización y el pronóstico que formula el “Informe político al VIº Congreso” del Partido Obrero.