El plenario realizado el sábado último, por iniciativa del Partido Obrero, resolvió lanzar una campaña contra la privatización de la salud y en defensa de las Obras Sociales.

Estuvieron presentes compañeros, delegados y miembros de comisión interna gráficas de las empresas Atlántida, Perfil y Estrada; trabajadores de la UOM de zona sur y delegados metalúrgicos de Carrier y Bosch; integrantes de la comisión interna del INTI; un miembro de la comisión interna de la refinería Shell de Dock Sud; delegados de la UTA de zona Oeste; trabajadores municipales y de prensa de distintas empresas; miembros de la comisión directiva de ATE Castelar y delegados de ATE Almirante Brown. También se destacó la presencia de médicos del Sardá, Israelita y Garraham y trabajadores de la salud del Clínicas, Hospital Francés y Garraham, y la asistencia de un importante núcleo de jubilados. Se hicieron presentes también una delegación del PSA (Partido Socialista Auténtico) y de la juventud de esa organización, representados por Emilio Corbiere (comité nacional),Virginia González Gass (comité Capital) y Facundo Sabino (juventud), y del PH (Partido Humanista), a través de los dirigentes Liliana Ambrosio y Gustavo Bruno.

La privatización de la salud

El plenario permitió unificar las experiencias que se vienen recogiendo en diferentes sectores. A través de las intervenciones de compañeros de distintos gremios, jubilados, médicos que aportaron importantes denuncias y elementos, se pudo constatar que el proceso de privatización de la salud está en pleno avance (ver notas adjuntas).

La clave de este proceso consiste en cambiar la actual cobertura universal de la salud (sin períodos de carencia e igual para todos los trabajadores y sus familias, al margen del sueldo) por el llamado PMO —Plan Médico Obligatorio— que constituye una prestación básica mínima por el equivalente a 15 pesos por mes por beneficiario. A partir de esa cobertura mínima, toda obra social o empresa médica podrá brindar servicios y prestaciones adicionales en función del sueldo o contra el pago de aportes extra por parte del trabajador.

La condición para la privatización es operar una gran concentración de las obras sociales, que luego pasarán a ser absorbidas o girar en la órbita de las grandes corporaciones de la salud, de la medicina prepaga y de grupos financieros. Se estima que de 350 obras sociales actuales, quedará un grupo de no más de 30 o 40, con lo que el monopolio de los precios y el mercado quedará establecido.

Este plan se complementa con la destrucción en marcha de los hospitales públicos por medio de la ‘autogestión’ y la descentralización, es decir, de la arancelización de la atención médica, cuyo carácter gratuito quedará exclusivamente para quien presente un “certificado de pobreza”.

Acuerdo de la burocracia

La burocracia sindical está plegada y asociada a este proceso privatizador. Por eso acordaron con los decretos 292 y 492, a pesar de que son anticonstitucionales y liquidan las obras sociales.

El argumento de la burocracia, que pretende presentar esto como un “triunfo”, no resiste el menor análisis. Ahora, con la rebaja de los aportes patronales (que orilla el 17%), aumentó los actuales aranceles por los servicios o bien redujo las prestaciones. Más aún, con independencia de la rebaja de aportes, como ya viene ocurriendo en distintos gremios, la recesión con su secuela de suspensiones, despidos en masa, el aumento sideral de la evasión, está conduciendo a una caída significativa de la recaudación y a un mayor colapso de las obras sociales. Ese colapso es, en realidad, un efecto ‘deseado’—de la misma manera que ocurrió con las jubilaciones— para hacer pasar y justificar la privatización en ciernes.

Del mismo modo, la burocracia presentó como una “reparación histórica” el pasaje de los Institutos a las Obras Sociales, cuando implica un grave vaciamiento, al liberar al Estado y a las patronales de la responsabilidad de su financiamiento. Lo único que se ‘repara’ y satisface son los apetitos capitalistas de la burocracia, que pasa a manejar mayores fondos, lo que le posibilita asociarse con los pulpos privados, y no el interés de los afiliados, cuyos beneficios serán sensiblemente recortados.

Para posicionarse en el negocio de las obras sociales desreguladas, la mayoría de los sindicatos aumentó el valor de los co-seguros, adicionales y chequeras (SMATA, FATSA, Comercio). Miguel y Barrionuevo acaban de anunciar una fusión de 24 Obras Sociales encabezadas por la UOM y Gastronómicos, junto a la ‘patronal’ APS, conducida por estafadores procesados.

En relación al CTA, en un informe de su secretaria de Area Social, plantea que para “responder a las urgencias del momento” habría que establecer coseguros y cuotas adicionales a cargo de los trabajadores y hasta … “sería posible en el futuro unificar las obras sociales de los sindicatos adherentes”. También el MTA ha encarado la fusión de Camioneros y UTA. La fusión es una condición que pone el Banco Mundial para “financiar la desregulación”.

Resoluciones

En torno a esta orientación, el Encuentro aprobó un conjunto de iniciativas que incluyen: 1) la publicación de la resolución y plataforma votada. 2) Impulsar la concurrencia a la jornada del 20, con las consignas de la derogación de los decretos 292 y 492. 3) Apoyar e impulsar la movilización de los médicos residentes de Capital y de los trabajadores de hospitales del Conurbano, quienes en el transcurso de la semana organizan una concentración en Plaza de Mayo. 4) Organizar la presentación de un recurso de anticonstitucionalidad auspiciado por comisiones internas, delegados y organizaciones sindicales.

También, se tomó la iniciativa de impulsar declaraciones particulares en diferentes gremios, como la UOM, UPCN y Sanidad.