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16 de diciembre de 2004 | #881

Se confirma la denuncia del PO

Romero avanza con el monopolio

Ataca a los trabajadores del transporte
Se acaba de promulgar la nueva ley de transporte público metropolitano para la ciudad de Salta y el Valle de Lerma. Es la que los diputados del PJ aprobaron en soledad después de una brutal represión frente a la Legislatura, que alcanzó incluso a los diputados del PO. La norma crea una sociedad anónima (Saeta) con participación mayoritaria del Estado provincial, que luego podrá ser transferida al capital privado, tal cual como se hizo con el agua, la energía y el banco provincial. Saeta monopolizará un mercado de 700 mil usuarios. Esta especie de Enarsa tendrá un directorio que incluirá a un representante de UTA. La clásica zanahoria que incorpora a los “trabajadores” en el directorio.
 
Todo el sistema será controlado por la Autoridad Metropolitana del Transporte (AMT), cuyos miembros son nombrados por el Ejecutivo. Se acaba de nombrar ya a dos miembros. Uno de ellos es el vicepresidente del ente regulador de los servicios públicos, organismo que actúa como verdadero representante de las privatizadas.
 
Pero la nueva ley no fue promulgada en su totalidad. Romero ha observado parcialmente el artículo 12, para no tener que incluir en el nuevo sistema a la totalidad de los trabajadores que hoy se desempeñan en las empresas de transporte. Además se excluye la mención al Convenio Colectivo de Trabajo vigente a nivel nacional, el cual establece que los trabajadores deben cobrar un aumento salarial que hoy no están recibiendo.
 
Algo más grave aún, la ley también prevé que las relaciones laborales se rijan por la Ley de Contrato de Trabajo o que se hagan contratos de locación de obras y/o servicios, apuntando también al desconocimiento del convenio. Por eso el bloque del PO, que votó en contra de esta nueva ley de transporte, incluyó en el debate de Diputados del martes 30/11 este veto parcial, para pelear por su rechazo. El PJ dilató toda la sesión para finalmente dejarla sin quórum, a las dos y media de la mañana, para evitar votar a favor del veto.
 
La UTA apoyó la nueva ley desde el principio, pero, ante el veto, llamó a un paro y movilizó a la Legislatura una raquítica columna. Allí, el presidente de la Cámara de Diputados les prometió que constaría en la versión taquigráfica que el convenio laboral seguiría vigente, como si eso tuviera algún valor. Pero un nuevo hecho, la renuncia del autor del proyecto, como comisionado del gobernador para el transporte (un ex funcionario menemista ligado a la burocracia de la UTA nacional, López del Punta) ha creado nuevos problemas. Ocurre que las carroceras y los bancos ligados a UTA, para los cuales se había armado todo el nuevo sistema, han sido desplazados por los empresarios que hoy manejan el transporte (confirmado por El Tribuno del 10/12) y el Banco Macro.
 
Altamira señaló claramente, en su discurso del 21/10, en Salta, que los capitalistas ven en la quiebra del transporte la oportunidad de nuevos y más grandes negocios, a lo cual los trabajadores debemos oponer la gestión obrera del transporte, siguiendo el ejemplo de las fábricas recuperadas y particularmente la experiencia de los compañeros de TDO.
 
Todo lo ocurrido confirma la denuncia que hizo el PO apenas se conoció el proyecto, cuyo financista y agente financiero sería el Macro. Es claro que se avecinan grandes luchas: la de los trabajadores del transporte por los puestos y las condiciones de trabajo; la de los remises compartidos por su fuente laboral; los tacheros por las licencias; los trabajadores y vecinos por los recorridos y la tarifa; los estudiantes por el boleto estudiantil (ya se anuncia una tarifa plana de 0,85 peso, hoy es de 0,90).
 
El gobierno ya reconoce que el “espectacular” esquema de recorridos que había anunciado no se pondría en práctica, puesto que está promocionando encuestas y audiencias públicas para definir los recorridos.
 
Nuestra tarea es alentar y apoyar las luchas planteadas y reclamar la gestión obrera del transporte, que en definitiva es lo que garantizará la estabilidad laboral y el salario para los trabajadores, y un servicio de transporte público acorde a las necesidades del conjunto del pueblo.

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