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3/4/2008|1031

Buenos Aires: Los terratenientes no pagan impuestos

La decisión de lanzar en la provincia de Buenos Aires una ofensiva impositiva que va a descargarse inexorablemente sobre los trabajadores, clarifica la naturaleza de la crisis producida por el paro agrario.

La iniciativa de Daniel Scioli aumenta y extiende el impuesto de ingresos brutos (sino comercial) prácticamente al conjunto de las actividades que se desarrollan en la provincia y aumentar las alícuotas a los que ya lo tributan. La provincia de Buenos Aires carga con un déficit primario (antes del pago de intereses de deuda) de 1.800 millones de pesos, que se multiplica por dos cuando se suma la deuda pública (una cuenta que no incluye la deuda de la casi totalidad los 134 municipios).

Es decir, la provincia está en quiebra, como la inmensa mayoría de las provincias. Desde hace casi dos décadas, el Estado nacional se fue apropiando cada vez más de los recursos que les correspondían a las provincias, para pagar la deuda pública nacional (a las provincias va hoy sólo el 27,8 por ciento de la recaudación impositiva total de la Afip).

Quiénes pagan y quiénes no
Todo este "paquete" fiscal, que suma unos 3.000 millones de pesos por año, será descargado sobre los consumidores. Los asalariados aportan a esta altura más del 50% del presupuesto, sea de la nación o de la provincia de Buenos Aires, si se suman el IVA, Ingresos Brutos, la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias y otros impuestos al consumo.

La iniciativa de Scioli cuenta "con el aval del gobierno nacional" (La Nación, 28/3).

Al gobierno Scioli (y al de Cristina K) no se le ocurre que el financiamiento del Estado y del pago de la deuda pública recaiga sobre los capitalistas. Según Santiago Montoya (Agencia Recaudación Buenos Aires, Arba), el impuesto inmobiliario rural recauda en promedio por hectárea 12 pesos anuales, ¡1 peso por mes! El propio Montoya acaba de denunciar que "campos que se venden a 21.000 dólares la hectárea… están valuados hasta en 80 veces menos" (El Cronista, 28/3). Además, como el terrateniente paga por cada explotación, oculta, a través de distintos armados societarios, la verdadera magnitud de sus posesiones, por lo cual evita pagar la alícuota que grava las mayores extensiones o propiedadades.
Esto sin contar la evasión directa (el incumplimiento en el pago prescribe a los cinco años).

Mientras los propietarios urbanos de la provincia tributan casi un 25% en concepto de Inmobiliario Urbano al año (950 sobre 4.000 millones de patrimonio), los poseedores de tierra un 15%. "Por el impuesto Inmobiliario rural se abonan unos 300 millones y el patrimonio rural es… cerca de 2.000 millones de pesos" (Montoya, ídem anterior).

Sobre 8.000 propiedades fiscalizadas por imágenes satelitales en el corazón del cultivo de soja, trigo, maíz, sorgo y girasol en la provincia de Buenos Aires, las dos terceras partes no declararon la actividad ni pagaron ingresos brutos. Sólo por este concepto, el mismo jefe de los recaudadores estimó la evasión anual de la actividad agrícola, en unos 1.000 millones de pesos. Al Estado capitalista lo mantiene una masa de trabajadores pauperizados, no la clase capitalista que, haciendo cuentas, no paga nada: el porcentaje del presupuesto, 10 u 11%, que representarían ganancias e inmobiliario rural, es superado por las concesiones impositivas y los subsidios que les otorga el Estado.

Christian Rath