El triunfo electoral de Hugo Chávez fue rotundo desde cualquier parámetro que se lo mida, aunque no llegara ni remotamente a los diez millones de votos que había fijado como meta. Superó los porcentajes propios de cualquier elección anterior; ganó un comicio por octava vez; aumentó la participación electoral. Este resultado consagra el cierre de la crisis política del período que va desde principios de 2002, cuando comenzaron las conspiraciones que llevarían al golpe de Estado oligárquico de abril de ese año, hasta el referendo revocatorio de 2004, cuando esa misma oposición golpista pretendió eliminar a Chávez por medio de las urnas. En el medio había tenido lugar el acontecimiento más importante de toda la etapa bolivariana, a saber, el fracaso del lock-out patronal de diciembre de 2002 a febrero de 2003. Un especialista del Financial Times reconoce ahora que ese lock-out no había logrado paralizar la producción de PDVSA “debido a la acción de los obreros no especializados”, es decir de una movilización de clase independiente del Estado. Una manifestación de la clausura de esta etapa política es, precisamente, el alineamiento de la oposición de derecha al proceso electoral y su reconocimiento del triunfo de Chávez sin mayores objeciones.

A partir de la recuperación de la crisis mencionada, las masas de Venezuela han vivido un sacudón social enorme como consecuencia de la redistribución de ingresos fiscales relativamente más grande en la historia de cualquier país. El primer peronismo produjo también una gran redistribución de ingresos en beneficio de los trabajadores, pero de otras características, porque fue el resultado de un cambio de las relaciones de fuerza en los lugares de trabajo y en la legislación laboral. En Venezuela, ello ha ocurrido como resultado de planes sociales de alto impacto (las misiones), que son financiados por el presupuesto público y por las contribuciones de PDVSA. Se estima que la empresa de petróleo aporta ocho mil millones de dólares al año y que el gasto social total sería de unos veinticinco mil millones de dólares, o sea la mitad del gasto estatal. El ingreso fiscal ha crecido, entre el 2000 y 2006, de ocho mil a cincuenta mil millones de dólares, gracias al aumento enorme del precio del petróleo, o sea de una redistribución del ingreso mundial en beneficio de los países petroleros como Venezuela, aunque en realidad se trata de una redistribución del ingreso de los obreros de los países no petroleros a los que exportan petróleo. Esta enorme inyección de liquidez ha beneficiado al conjunto de las clases sociales, como lo indica la venta de automóviles, que llegó a 300.000 unidades contra 84.000 en 2004. “En la capital de Venezuela”, no se priva de destacar el corresponsal de Financial Times, “se observa una explosión de vehículos últimos modelo de Hummer, BMW y Audi”. A la demanda interna se sumó la expansión del crédito bancario, con las ganancias enormes correspondientes para los banqueros. El plebiscito del domingo pasado, por muy “rojo rojito” que se lo presente, refleja una satisfacción de los intereses de varias clases sociales.

Definiendo al régimen político

Al cierre de la campaña electoral, Chávez había declarado: “No hay espacio en Venezuela para ningún proyecto que no sea la Revolución Bolivariana”. Después de la campaña, el mismo Chávez disparó otra definición, que nadie le había escuchado antes: “tampoco queremos la dictadura del proletariado que decía Marx”. Chávez no menciona a Marx por distracción, porque quiere apuntar exactamente en el blanco. Es la primera definición explícitamente contrarrevolucionaria del presidente de Venezuela. No ataca la dictadura de los burócratas stalinistas sino el poder obrero, el gobierno de los comités de fábrica o empresa, el gobierno de la Comuna, la expropiación del capital. Pero sin dictadura del proletariado, a la Marx, cualquier socialismo, sea del siglo XXI o del XIX, es una superchería. Chávez le ha marcado la cancha a los obreros socialistas de Venezuela, es decir al proletariado revolucionario. Es inevitable recordar que Chávez produce la misma definición que hiciera Salvador Allende, a principios de 1972, al diario Le Monde, cuando la contrarrevolución chilena volvía a levantar cabeza.

Chávez necesita definir su régimen político. Por un lado, porque le ha prometido a la derecha (y por lo tanto al capital) un espacio político, esto si se atiene a una conducta de oposición legal. Del otro lado, porque necesita encuadrar un conjunto de procesos sociales que irrumpieron luego de la derrota del lock-out de 2003 y del referendo revocatorio. Es así que ha planteado una reforma constitucional y al mismo tiempo la formación de un “partido único de la revolución bolivariana”. La reforma constitucional prevé la reelección indefinida, así como también la integración de las “misiones” al aparato formal del Estado, sea en la salud, la educación o la vivienda, y de las empresas que fueron cooperativizadas o transferidas a una gestión semi-estatal, como consecuencia del vaciamiento que provocó el lock-out patronal. El apremio para proceder a esta reforma política obedece al desborde que se ha producido en la corrupción de la gestión para-estatal por parte de los funcionarios bolivarianos, es decir a una descomposición del aparato montado por el gobierno de Chávez.

Una reforma constitucional y la reelección indefinida entran, sin embargo, en contradicción con el puente tendido a la oposición. De un lado, la oposición no tiene representación parlamentaria, por lo cual, para que ella participe de la reforma constitucional, sería necesario adelantar las elecciones al Congreso o convocar a una Constituyente que funcionaría como rival del parlamento. De otra parte, la reelección indefinida confinaría a la oposición de derecha a un largo exilio político y, por lo tanto, a la posibilidad de reactivar su posición golpista; una reelección indefinida con el actual parlamento ciento por ciento chavista sería una invitación a nuevas conspiraciones derechistas. A pesar de la votación plebiscitaria que obtuvo el domingo, Chávez se enfrenta a delicadas contradicciones políticas.

Contra lo que difunden los marxo-chavistas acerca de las tendencias socialistas de Chávez, éste se encargó muy bien de subrayar que “La economía privada ha crecido mucho. No habrá un cambio drástico en el rumbo económico” (Clarín, 6/12). Que lo digan, si no, los bancos, las constructoras, las siderúrgicas y las petroleras. En estas condiciones, la posición de formar ‘un partido único’, que integre a la izquierda obrera chavista con los carreristas políticos burgueses del chavismo que están incrustados en sectores vitales del aparato estatal, equivale a exigir una regimentación de movimiento obrero que ha surgido en los últimos años. El jefe de la revolución bolivariana pretende, en definitiva, mantenerse en el cuadro democratizante de un Estado con elecciones, parlamento y oposición, y por el otro pasar a un sistema político regimentado con demagogia social.

Hace pocas semanas, Hugo Chávez analizó ante la CNN que las relaciones de Venezuela con los Estados Unidos serían diferentes con un gobierno del partido demócrata. Luego de las elecciones reiteró el planteo, pero esta vez acompañando una propuesta similar efectuada por Raúl Castro. En este contexto, la definición del régimen político venezolano deberá oscilar entre el gobierno personal y el método vertical, por un lado, y el juego semi-parlamentario y semi-democrático, del otro.

Ay, la izquierda

Una declaración del “Buró Internacional de la IV Internacional” (ex secretariado unificado), del 22 de octubre pasado, califica como “interesante” la propuesta de “crear un partido capaz de federar a todas las organizaciones que apoyan el proceso bolivariano”. Dice también que esa organización resolvería “el problema” de “la centralidad de la figura de Chávez —aspecto que debilita el papel de las propias masas venezolanas (…)”. Para superar esta ‘centralidad’ plantea “permitir que se desarrollen las discusiones estratégicas sobre el camino a seguir (…)”. Este verdadero embuste político es una versión lavada de lo que dicen otras formaciones de izquierda proto-chavistas.

¿Cómo se puede abstraer a la revolución bolivariana de la ‘centralidad’ de Chávez y, más allá de eso, de la peculiaridad de la posición adoptada por las fuerzas armadas? Apoyar una revolución bolivariana, privándola de estas características, es hablar del cabello de los calvos. El Buró no está pensando en Venezuela sino en Marte. Por otro lado, un proletariado que necesite pedir permiso a un caudillo para ‘desarrollar discusiones estratégicas’, ni es un proletariado en el sentido político del término ni se merece que lo autoricen a nada. Tampoco se trata de desarrollar ‘discusiones estratégicas’, porque no hay conciliación posible entre una estrategia capitalista y una socialista. Al menos que los trotskistas de París aún sigan creyendo en los milagros del diálogo socrático. Chávez, por su lado, no ha hablado de ‘federar’ nada, sino de un partido único (lo de ‘federar’ es un capricho interesado del mencionado Buró). El embrollo del Buró de la IV Internacional es un resultado de su irrefrenable tendencia a la capitulación política.

El apoyo a un partido único, incluso disimulado con la palabra ‘interesante’, equivale a la liquidación de la independencia obrera actual o potencial en todos los planos. Significa atacar la posibilidad de la conciencia de clase, precisamente lo que Chávez tiene en mente cuando rechaza la dictadura del proletariado de Marx. Adjudicarle al partido único la función de amortiguar la ‘centralidad’ de Chávez es, de un lado, una estafa a la buena fe de los venezolanos, porque el partido único tiene el propósito de reforzar esa ‘centralidad’, pero es por sobre todo una crítica democratizante al caudillismo que emerge en la escena política con un ropaje parcialmente antiimperialista y con un método de movilización parcial y controlada de las masas; una crítica hecha desde el parlamentarismo caduco, o sea, reaccionaria. La posición del socialismo revolucionario no es denunciar la ‘centralidad’ del caudillismo militar o pequeño burgués sino su contenido social y su método político de control de las masas, es decir sus limitaciones. El Buró, por el contrario, promete un caudillismo vitalicio, a condición de que comparta su ‘centralidad’ con otros actores. A ese caudillismo nacionalista, la crítica socialista opone la dirección obrera de la revolución social; la formación de un partido obrero como la expresión necesaria de la organización del proletariado con conciencia de clase; el desarrollo de caudillos políticos de partido al servicio de la organización de la lucha de clases y de la revolución social.

La izquierda proto-chavista se encuentra encerrada en una contradicción sin salida: proclama a Hugo Chávez protagonista central de la revolución bolivariana y hasta le reclama a él la ‘profundización’ de esa revolución (lo cual es una redundancia y un culto al hecho consumado), y se queja luego de la función bonapartista de ese liderazgo, o sea de su función de encuadramiento, regimentación y arbitraje. El mencionado ‘Buró’, violentando las enseñanzas básicas del marxismo y de la historia, destaca “la aspiración a aproximar cuanto más mejor el poder respecto del pueblo”, sin reparar que con ello está reclamando la estatización del proceso social. No se trata de que “el poder ‘se aproxime’ al pueblo” sino de que el proletariado destruya el poder, al Estado burgués, precisamente como señala la dictadura del proletariado “que decía Marx”.

Lo que debería ponerse al orden del día en Venezuela es la discusión para formar un partido revolucionario que sea independiente del chavismo (una redundancia que vale, esto porque en Venezuela hay partidos revolucionarios, formados por militantes y dirigentes socialistas y combativos, que sin embargo no son independientes del chavismo, o sea que no tienen una actividad política independiente del chavismo, o no actúan como oposición socialista al nacionalismo burgués que encarna el chavismo).

Jorge Altamira