Lo defienden la Sociedad Rural y la Federación Agraria

Cristina Fernández la emprende, cada vez que puede, contra la "puta oligarquía" y los "nostálgicos" de la dictadura, pero los Kirchner han mantenido la ‘ley’ 22.248 que rige las relaciones laborales de los trabajadores del campo, decretada por la dictadura militar de Videla y Martínez de Hoz en 1980.

A la medida de la "puta oligarquía"
El decreto-ley de marras excluye a la mayoría de los trabajadores rurales de la cobertura de la Ley de Contratos de Trabajo. Por otro lado, habilita a los patrones del campo a desconocer la jornada de 8 horas y los descansos durante la propia jornada – que "se ajustará a los usos y costumbres de cada región" (art. 14); el descanso dominical, que puede ser reemplazado por francos durante la semana dada, por "necesidades impostergables de la producción" (art. 16); las vacaciones de corrido y época estival que "el empleador podrá otorgarlas en cualquier época del año" y "podrá dividirlas en dos períodos" (art. 21); el desconocimiento de las categorías y funciones, pues "el trabajador podrá ser ocupado sucesivamente en las diversas tareas que se desarrollasen en el establecimiento" (art. 44); la posibilidad de suspender a los trabajadores por motivos "productivos" hasta 75 días por año (art. 55) o pagar el 50% de la indemnización en casos de "crisis" (art. 74).
La misma ley autoriza el trabajo de los menores de 18 años y con un salario menor al de los mayores. Aunque dice que los menores no pueden trabajar en horarios nocturnos, el impedimento se levanta si existen "necesidades productivas". Lo mismo para la jornada laboral, que puede ser extendida "considerando las circunstancias en cada caso" (art. 110).
La ley, que sigue vigente, autoriza a la patronal a deducir la parte correspondiente a viviendas y a alimentos (art. 86). La patronal podrá también venderles a sus propios peones alimentos y medicinas al precio corriente más los costos de fletes y traslados. Está permitido incluso el salario en especie, ya que habla de que "el empleador podrá convenir con el trabajador otra forma de remuneración" (art. 29). Como se ve, el sindicalista agrario miente en forma descarada cuando dice que la vivienda y otros gastos se suman al salario pactado.
Los muy pocos derechos que la 22.248 reconoce a los trabajadores rurales valen sólo para los "permanentes"; la propia ‘ley’ desconoce esos derechos para los trabajadores de temporada, estacionales o de ciclo agrícola, englobados bajo el concepto de "no permanentes" (art. 77). Al mismo tiempo, habilita a las patronales a registrar como "no permanentes" contratados "para la realización de tareas ocasionales, accidentales o supletorias". Es decir a todos los trabajadores.

La realidad es aún peor
La ley videliana que aplican los Kirchner es la demostración de que el régimen político está del lado de "la puta oligarquía" y no de los peones rurales. Pero no sólo esto.
Ocurre que de los 1.300.000 obreros agrícolas, aproximadamente un millón está en negro, sin recibir la cobertura ultra limitada de la ley de Martínez de Hoz. Unos 400.000 son trabajadores golondrina, que circulan por el país al ritmo de las distintas cosechas. La Presidenta lo reconoció en uno de sus discursos, pero no admitió la responsabilidad que le cabe a ella y a su gobierno.

La "puta" burocracia sindical
La burocracia sindical de Uatre, encabezada por Gerónimo Venegas, lucra con la miseria del trabajador rural. Sucede que el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre), que encabeza el mismo Venegas junto a los terratenientes, hace la vista gorda al inmenso trabajo rural en negro.
El trabajo en negro es un gran negocio para la burocracia: los "empleadores toman trabajadores ‘transitorios’ que en realidad son de temporada, abonan por ellos los aportes y contribuciones a la obra social gremial (Osprera), pero luego no formalizan o blanquean la relación laboral".1 Los fondos para la obra social no van a la atención de los trabajadores, sino al bolsillo de la burocracia.
No debe extrañar entonces que la Uatre y el propio Venegas (¡secretario general de las 62 Organizaciones Peronistas!) se hayan puesto del lado de la oligarquía.

Los "pequeños chacareros" y la izquierda
Nadie habla de las relaciones laborales. Esta es la demostración más clara de que la crisis agraria en curso es un choque de fuerzas dentro de la clase dominante; ambos polos se encuentran asociados en la defensa de la superexplotación del obrero agrícola.
En este punto no hay disputa ni diferencia alguna, sea la Sociedad Rural o la Federación Agraria. Sin embargo, una parte de la izquierda democratizante se sumó a los cacerolazos de la Sociedad Rural con la excusa de que se trataba de un movimiento de los pequeños chacareros de la Federación Agraria, y la otra se sumó al gobierno que mantiene en vigencia el ‘decreto-ley’ de Videla y Martínez de Hoz.

Conclusión
El decreto-ley 22.248 caracteriza socialmente al actual régimen político. "La puta oligarquía" nos sigue gobernando.
Reclamamos la anulación de la ley 22.248, el salario mínimo en el campo igual al costo de la canasta familiar; la garantía horaria para temporales, golondrinas y cosecheros; la jornada de ocho horas; y la entrega del Renatre a una comisión electa de trabajadores activos.

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1. Rodolfo Nápoli; "Los trabajadores rurales no permanentes y su estabilidad". Facultad de Ciencias Sociales, UNLZ, Año I Número 6.

Gabriel Solano